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Un vecino de Junín denunció haber sido víctima de una extorsión virtual luego de ingresar a una página de citas y terminó transfiriendo cerca de un millón de pesos tras recibir reiteradas amenazas.
La investigación fue encabezada por la fiscal Vanina Lisazo y desarrollada por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín. Las tareas permitieron determinar que las intimidaciones se originaban desde el interior de la Unidad Penitenciaria 16 de Junín.
Según la denuncia, la víctima comenzó a recibir llamadas y mensajes en los que le exigían el pago de una supuesta deuda. Los extorsionadores utilizaban información personal del hombre y de sus familiares para incrementar la presión psicológica y lograr que realizara transferencias de dinero.
A pesar de haber efectuado varios pagos que totalizaron una suma cercana al millón de pesos, las exigencias económicas continuaron. Ante esta situación, la víctima decidió radicar la denuncia.
La Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 ordenó diversas medidas de prueba que incluyeron requerimientos a empresas telefónicas, plataformas digitales, entidades bancarias y billeteras virtuales. Además, especialistas en ciberdelitos realizaron análisis de geolocalización y del tráfico de comunicaciones.
Como resultado de la investigación, los detectives identificaron como principal sospechoso a un interno conocido como "El Bebé", alojado en la Unidad Penitenciaria 16. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos tanto dentro del penal como en una vivienda de Junín donde presuntamente se habría recibido parte del dinero transferido.
Durante los procedimientos en la cárcel se secuestraron dos teléfonos celulares Samsung y una tarjeta SIM, elementos considerados fundamentales para avanzar con la causa. Un interno fue notificado de la formación de una causa por presunta defraudación informática.
En el domicilio allanado, además, los efectivos encontraron diez plantas de marihuana, por lo que intervino la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes e iniciaron actuaciones por una posible infracción a la Ley 23.737.
Los teléfonos secuestrados serán sometidos a pericias informáticas forenses para extraer evidencia digital y determinar si existieron más involucrados en una modalidad delictiva que habría combinado operaciones desde el interior de la cárcel con colaboradores externos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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