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El fiscal Carlos Stornelli estudia imputar a funcionarios del Banco Central durante el kirchnerismo por omitir controles sobre los dueños de las agencias de cambio Elías Piccirillo, Martín Migueles y Maxi Vallejos, entre otros, por maniobras con 600 millones de dólares en 2023, durante el último cepo cambiario K.
La línea investigativa se basa en las pruebas descriptas en el embargo que la jueza María Servini dictó ayer sobre los bienes de 160 dueños de casas de cambio y financieras, en la segunda causa por maniobras con las SIRA y otras operaciones irregulares para comprar dólares al valor oficial y venderlos en el mercado blue, como adelantó Clarín.
Ese mecanismo, conocido como “rulo financiero”, generaba ganancias superiores al 100 por ciento durante el cepo.
Servini advirtió que “el mecanismo fraudulento descripto entre las entidades de cambio y los organismos de control (Banco Central), con el objetivo de acceder a dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario, afectó las reservas de dólares estadounidenses del Estado”.
Al final del gobierno de Alberto Fernández, el BCRA terminó con reservas negativas.
El llamado “Rey del Blue” y otros operadores realizaron “operaciones cambiarias fraudulentas” y “se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central”, señaló la jueza.
Según la jueza, las “debilidades del Banco Central fueron explotadas de manera sistémica, así como un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.
Servini agregó que la maniobra “habría resultado funcional al esquema y permitido que los mecanismos de control institucional del Banco Central no interrumpieran la operatoria ”.
¿Quiénes integraban el Banco Central en 2023?
El directorio del BCRA durante 2023, en la gestión de Sergio Massa, estaba integrado por: Miguel Ángel Pesce, presidente; Sergio Adrián Woyecheszen, vicepresidente; Lisandro Pablo Cleri, vicepresidente segundo; y los directores Zenón Alberto Biagosch, Jorge Eduardo Carrera, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis Noguera, Claudio Martín Golonbek y Eduardo Hecker.
Cleri respondía directamente a Massa, quien, a través de fuentes cercanas, niega haber participado de las maniobras.
Debajo de ellos se encontraba la Dirección de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, integrada por Romina García, Diego Volcic —inspector jefe—, Analía Jaime —inspectora general—, Fabián Violante —gerente principal— y María Valeria Fernández —supervisora y auditora externa—. Todos estaban bajo la órbita del superintendente Claudio Golonbek, cercano al entonces presidente del BCRA, Pesce.
García es quien habría dicho, en un audio con Francisco Hauque aportado por el “Lobo” Smith, que en las maniobras con las SIRA “ había gente de arriba entongada”. SIRA significa Sistema de Importaciones de la República Argentina y rigió durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En un sumario del BCRA, García afirmó que dijo esa frase porque estaba nerviosa.
Por su parte, el fiscal Franco Picardi, en la otra causa que instruye el juez Ariel Lijo, cita una conversación telefónica entre Francisco Hauque —ex socio de Piccirillo— y Migueles. En ese diálogo, este último se mostraba enojado por haber estado detenido ilegalmente en 2025, en el operativo en el que le plantaron un kilo de cocaína, y decía que “ quería ver preso a Ariel Vallejos y Valeria Fernández”. Picardi, en su casua, analiza imputar a un ex funcionaro de la secretaria de Comercio K, que junto al BCRA y la Aduana, eran los entes encargados de autorizar las SIRA.
Luego, Hauque le manifestó a Migueles que había que “prender el ventilador” y contar lo de “Vallejos y Fernández”, en una posible alusión a Ariel Vallejos, del grupo “Sur Finanzas”, y a Valeria Fernández , presunta auditora externa del BCRA. En los chats también se habla de "la vieja del Central" como una referencia de los financistas.
Además, según la causa, en el teléfono celular de Migueles se encontró una conversación con Hauque en la que este último le enviaba una captura de pantalla de lo que parecía ser una entrevista y le comentaba que se trataría de Valeria Fernández.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) explicó la maniobra de Piccirillo y otros en un informe reservado al que accedió Clarín.
El mecanismo consistió en que 2.765 personas y 647 empresas entregaban 141 mil millones de pesos a 15 casas de cambio. Luego, Stema y Mega Latina realizaban intercambios internos de pesos y finalmente entregaban el dinero al banco BST y éste conseguía los dólares al precio oficial del Banco Central.
El informe de la DAJUDECO revela, además, que “entre el 03/10/2023 y el 20/10/2023, la casa de cambio ‘Arg Exchange’ —de Piccirillo y Migueles— informó compras de divisas por 67.900.000 dólares estadounidenses a través del ‘Banco Sucrédito Regional SAU ’”, entidad vinculada al hermano de Piccirillo.
Luego, Banco Sucrédito vendió esos dólares a “Intercash”, indicando que, del total, 13.900.000 dólares fueron transferidos de manera bancarizada a una cuenta de esa firma en el Banco de Valores SA, mientras que otros 49.412.000 dólares fueron retirados en efectivo, perdiéndose así su trazabilidad .
Más adelante, el detallado informe de la DAJUDECO sostiene que “entre los meses de enero y agosto de 2023, 17 casas de cambio —la mayoría con cuentas bancarias en el Banco de Servicios y Transacciones— habrían recibido un total de 141.596.000.000 pesos provenientes de 2.765 personas físicas y 647 personas jurídicas, pudiendo resultar, al menos una parte de esos fondos, de origen ilícito ”. La DAJUDECO, que depende de la Corte, llegó a esa conclusión luego de cruzar 21 mil documentos oficiales sobre este tema.
Luego de un complejo proceso de redistribución, “la suma de 129.640.000.000 pesos habría sido canalizada en dos de las mencionadas casas de cambio: ‘Stema Cambios SA’ y ‘Mega Latina SA’”. Recibido ese dinero, ambas firmas habrían obtenido 507.448.000 dólares a través del Banco de Servicios y Transacciones SA, que luego fueron retirados en efectivo por los titulares de Stema y Mega Latina.
Stema Cambios es una firma de Mendoza y, según el informe comercial de Nosis, tiene como presidenta a Carolina Luján Medina y como directora suplente a Lola Berrocal.
Por su parte, Mega Latina SA, radicada en la Ciudad de Buenos Aires, tiene como presidente a Carlos Alejandro Castro y como director suplente a Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra. Además, registra sanciones del Banco Central.
Voceros del BST informaron a Clarín que “todas las compras de dólares fueron realizadas con entidades autorizadas y habilitadas por el Banco Central. Todos los retiros fueron informados al Banco Central en tiempo y forma . Por eso no estamos incluidos en el embargo de la jueza Servini”.
En realidad, se trata de varias maniobras con dólares realizadas durante el último cepo K. En esta causa de Servini se investigan irregularidades por 600 millones de dólares y otro tanto en la de Lijo. Por otra parte, Pesce aclaró que hizo una primera denuncia en 2021, que tramita ante la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque estos movimientos investigados corresponden a operaciones realizadas dos años después.
Fuente: 
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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