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La Justicia Federal de La Plata amplió el procesamiento contra los 13 imputados en la causa por el fentanilo contaminado , a un año de la primera denuncia. Se trata de los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo , y varios directivos de las firmas que están siendo investigadas desde el 2025. La decisión se conoce al cumplirse un año de la primera denuncia.
En la resolución de 382 páginas, el juez federal Ernesto Kreplak dio por acreditado que el brote ya está asociado, al menos por ahora, a 90 víctimas fatales en distintos puntos del país. El expediente sostiene que la cifra todavía es provisoria y podría crecer, ya que existen más de 100 casos sospechosos bajo análisis pericial.
La decisión alcanza a empresarios, directivos, técnicos y responsables de control de calidad de las firmas involucradas , quienes ya estaban procesados desde septiembre por la adulteración de medicamentos .
Ahora, la imputación se amplió luego de que la investigación judicial avanzara sobre decenas de historias clínicas, estudios bacteriológicos y pericias médicas que permitieron vincular nuevos fallecimientos al suministro de ampollas contaminadas con bacterias halladas dentro del producto.
El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB.
Los análisis posteriores determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica , microorganismos que luego fueron encontrados también en los hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de distintas provincias.
Según la resolución judicial, el medicamento adulterado fue producido en condiciones “plagadas de serias deficiencias” , con graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, controles microbiológicos irregulares y documentación presuntamente adulterdada para aparentar procesos de calidad que, en realidad, no existían.
El fentanilo contaminado salió al mercado entre enero y mayo de ese año y se distribuyó en hospitales públicos y privados de al menos 17 jurisdicciones del país.
La resolución también aclara porque, pese a que se habla de más de 110 posibles víctimas fatales , el procesamiento en principio se amplió por 90 muertes y 44 víctimas no fatales. El expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las historias clínicas analizadas.
El juzgado explicó que cada caso debe analizarse individualmente mediante juntas médicas y pericias del Cuerpo Médico Forense para determinar si existe relación causal entre la infección y el suministro del fentanilo contaminado.
Ese trabajo demanda meses de revisión de historias clínicas, cultivos bacteriológicos y certificados de defunción. Además, hay pacientes que fueron dados de alta y murieron tiempo después , situaciones que también siguen bajo estudio. Por eso, la cifra oficial se maneja con cautela y podría modificarse a medida que avancen los análisis.
Los estudios realizados por el Instituto Malbrán fueron determinantes. Las pericias concluyeron que las bacterias encontradas en las ampollas eran genéticamente idénticas a las aisladas en pacientes infectados de hospitales de La Plata, Rosario, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires . Esa coincidencia molecular permitió confirmar científicamente la asociación entre el medicamento y el brote epidemiológico.
La investigación judicial determinó que los lotes contaminados fueron el 31202 y el 31244 , fabricados en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo, elaborador exclusivo de HLB Pharma . Según el expediente, la producción estuvo atravesada por múltiples irregularidades.
Incluso antes de fabricar ese fentanilo, inspectores del INAME ya habían detectado incumplimientos críticos en la planta vinculados a esterilidad, controles de calidad y procesos de manufactura.
El juez sostuvo que los responsables del laboratorio conocían desde hacía tiempo las fallas estructurales de la empresa y aun así continuaron produciendo medicamentos inyectables.
En la resolución se menciona que existían antecedentes de advertencias, inspecciones y observaciones de la ANMAT que no fueron corregidas. También se cuestiona la confiabilidad de los registros internos de producción y control de calidad.
Entre los procesados aparecen Ariel Fernando García Furfaro , señalado como dueño real del conglomerado empresario; su hermano Diego García Furfaro ; la vicepresidenta de HLB, Nilda Furfaro ; el director general Javier Tchukrán ; y José Antonio Maiorano , director técnico de HLB al momento en que los lotes salieron al mercado.
También quedaron alcanzados por el procesamiento Carolina Ansaldi , directora técnica de Laboratorios Ramallo; María Victoria García , gerenta de Gestión de Calidad; Wilson Daniel Pons , jefe de Control de Calidad; Adriana Iúdica , subjefa de Control de Calidad; y Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar , jefa de Garantía de Calidad.
La nómina se completa con Rocío del Cielo Garay , supervisora fisicoquímica de Control de Calidad; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani , responsable de la Gerencia de Producción y Mantenimiento; y Eduardo Darchuk , jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen.
Para el juzgado, todos tuvieron distintos niveles de participación en la elaboración y liberación de los lotes contaminados.
La resolución señala que el medicamento ingresó al circuito sanitario a comienzos de enero de 2025 y llegó a droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. A partir de allí comenzó el contagio de pacientes que, en muchos casos, estaban internados en terapia intensiva o atravesaban cuadros delicados de salud.
Uno de los principales problemas que enfrentó la investigación fue la falta de registros completos en hospitales y laboratorios . El juzgado remarcó que muchos centros de salud demoraron la entrega de documentación o tenían historias clínicas incompletas.
Además, no todos los hospitales enviaban muestras bacteriológicas al Malbrán, por lo que el número de casos con confirmación genética es mucho menor al universo real de personas afectadas.
Para reconstruir el alcance de la tragedia, la Justicia relevó miles de historias clínicas y solicitó información a hospitales públicos y privados de todo el país. También pidió certificados de defunción y documentación complementaria para reconstruir la evolución de pacientes que habían sido derivados entre distintos centros médicos.
La investigación judicial también avanzó sobre el llamado “recupero judicial” de ampollas contaminadas. Según la resolución, l a ANMAT reconoció que no tenía capacidad operativa para retirar del mercado todos los lotes distribuidos, por lo que el juzgado ordenó directamente la inmovilización y cuarentena de las ampollas en hospitales y droguerías. Finalmente, el operativo alcanzó establecimientos sanitarios de 17 provincias.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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