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Un vecino de Mar del Plata obtuvo un fallo favorable tras una larga disputa judicial iniciada en 2016, luego de comprar un celular que nunca funcionó correctamente. La Justicia ordenó indemnizarlo con una suma que, con intereses, supera los 11 millones de pesos.
El caso comenzó el 2 de enero de 2016, cuando el cliente adquirió un teléfono Samsung Galaxy A3 en un local comercial vinculado a Telecom. Desde el inicio surgieron problemas: el equipo original no encendía ni cargaba, por lo que fue reemplazado por otro dispositivo que también presentó fallas constantes, como bloqueos, ruidos y una rápida descarga de batería.
A pesar de los reiterados reclamos ante el comercio vendedor, la empresa de telefonía Telecom Argentina y la fabricante Samsung Argentina, el usuario no obtuvo soluciones. Incluso, cuando intentó gestionar la garantía, surgieron inconvenientes administrativos que impidieron una reparación efectiva, y el equipo de reemplazo tampoco funcionó correctamente.
Durante años, el damnificado recurrió también a instancias de defensa del consumidor sin obtener respuestas satisfactorias, lo que derivó en una demanda judicial que finalmente fue resuelta esta semana por el Juzgado Civil y Comercial Nº12.
En el proceso, las empresas demandadas rechazaron su responsabilidad: desde Telecom argumentaron que no habían vendido directamente el equipo, mientras que Samsung planteó la prescripción del reclamo y atribuyó los problemas a un supuesto mal uso. Por su parte, el comercio sostuvo que el dispositivo había sido entregado en condiciones normales.
Sin embargo, las pericias realizadas en la causa confirmaron que el primer equipo nunca funcionó y que los desperfectos denunciados coincidían con los registros técnicos. Además, se acreditaron los pagos, los intentos de reparación y la relación comercial entre todas las partes involucradas.
El juez Bernardo Diez consideró que existió una relación de consumo alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor, lo que implica responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la cadena comercial ante fallas o falta de información.
En la sentencia, el magistrado determinó que hubo incumplimientos, falta de información adecuada y vulneración de los derechos del consumidor. Por ello, ordenó el pago de una indemnización que incluye gastos, daño moral y una suma equivalente a canastas básicas, lo que eleva el monto total —con intereses— a más de 11 millones de pesos.
El fallo marca un antecedente relevante en materia de defensa del consumidor, al responsabilizar de manera conjunta a la empresa vendedora, la prestadora del servicio y el fabricante del producto.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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