.jpg)
La resolución judicial que tiene detenida a una mujer por usura y extorsión expone en detalle la maniobra que investiga la Justicia, con una secuencia de préstamos, refinanciaciones, amenazas y exigencias patrimoniales que, según la denuncia, llevaron a una mujer a pasar de un crédito inicial de $1 millón a una deuda firmada de $96 millones.
De acuerdo con la presentación incorporada al expediente, la víctima aseguró que tomó el primer préstamo en enero de 2023 por un monto de $1.000.000, que debía devolver en ocho quincenas de $330.000. Según su relato, tras una demora de tres semanas en el pago, comenzó un proceso de refinanciaciones sucesivas que aumentó de manera constante la deuda.
Siempre según la denuncia, cada vez que no lograba cancelar el monto exigido, se le ofrecía una nueva refinanciación, pero con más cuotas y nuevos recargos, en una dinámica que hacía crecer el pasivo de forma permanente. La denunciante sostuvo que, aun pagando cuotas semanales de $300.000, la deuda llegó a ubicarse en $7 millones, cifra que, según afirmó, se componía casi en su totalidad de intereses que rondaban el 200%.
La causa también incorpora un episodio de violencia que la mujer vinculó con esa situación. En su declaración, relató que en medio de uno de los reclamos de pago un hombre efectuó un disparo contra el portón de su casa de calle Nicaragua, hecho que dijo haber denunciado en su momento.
Más adelante, la víctima afirmó que, luego de comunicar que no podía seguir pagando, recibió un mensaje intimidatorio en el que le exigían $25 millones y la amenazaban con que, de no cumplir, “iba a pagar una de sus hijas”. A partir de esa situación, según consta en el expediente, entregó una camioneta Berlingo modelo 2013, valuada por quienes la reclamaban en $7 millones.
Sin embargo, lejos de saldarse el conflicto, la denunciante sostuvo que le indicaron que todavía restaban $18 millones, monto que debía cubrir en 320 cuotas semanales de $300.000. En ese contexto, declaró haber firmado un pagaré por $96 millones y aseguró que llegó a abonar 55 cuotas semanales de $300.000, algunas mediante transferencias bancarias y otras en efectivo.
La resolución también menciona recibos, comprobantes de transferencias, informes telefónicos, audios, fotogramas y testimonios que forman parte del material analizado por la fiscalía y por el juzgado al momento de resolver la detención.
Otro de los elementos que aparece en la causa son las amenazas denunciadas por la hija de la víctima. Según su declaración, recibió un llamado en el que una voz masculina le advirtió que su madre debía comunicarse con “su cobrador” y le remarcó que también tenían el número de teléfono de su hermana menor.
Con ese cuadro probatorio, la Justicia entendió que existían elementos suficientes para sospechar de la participación de una mujer en hechos calificados provisoriamente como usura y extorsión, en concurso material. El 27 de mayo la justicia de Garantías autorizó el allanamiento de la vivienda de la imputada y su detención.
Así, más allá del impacto inicial del caso, la resolución judicial ahora pone el foco en el funcionamiento interno de la presunta maniobra: un esquema de refinanciaciones permanentes, intereses desproporcionados, presión psicológica, amenazas y exigencias de bienes que, según la acusación, fue usado para someter a la víctima a una deuda imposible de cancelar.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Entradas
Redes