Denuncian estafas a familiares de víctimas del atentado a la AMIA

Una serie de denuncias por presuntas estafas financieras volvió a poner en el centro de la escena a Trinidad Ribaya, acusada de haber desplegado desde 2020 un esquema que habría afectado a decenas de personas en distintas provincias argentinas y también en Uruguay. Entre los damnificados, según declaraciones públicas, se encuentran familiares de víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.

De acuerdo con los testimonios, la maniobra habría operado bajo un sistema similar al de grandes fraudes piramidales internacionales, captando fondos a partir de promesas de rendimientos atractivos y construyendo un vínculo de confianza con los inversores.

Uno de los denunciantes es el ex director de la Comisión Nacional de Valores, Héctor Helman, quien aseguró haber sido también víctima de la operatoria. Según sostuvo, el esquema no discriminaba perfiles y alcanzó tanto a jubilados como a empresarios y familias, provocando no solo pérdidas económicas sino también fuertes impactos emocionales y psicológicos.

Fondos vinculados a la reparación por el atentado

Helman afirmó que uno de los episodios más graves involucró a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo Nacional había establecido en su momento el pago “por única vez” de un beneficio extraordinario destinado a víctimas y familiares directos de quienes fallecieron en el ataque.

Según la denuncia, parte de esos fondos de compensación habrían sido captados dentro del presunto esquema, lo que generó especial indignación entre los afectados.

Denuncias judiciales

Varios damnificados presentaron denuncias ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional por presuntas maniobras de estafa continuada. Será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades penales.

Helman señaló que, si bien los casos denunciados suelen ser menos en proporción al total de situaciones que podrían existir, los procesos judiciales en este tipo de delitos suelen extenderse durante años.

Un fenómeno de “estafas hormiga”

El caso vuelve a exponer un fenómeno más amplio: las llamadas “estafas hormiga”, maniobras de menor escala que rara vez ocupan grandes titulares pero que, acumuladas, erosionan patrimonios, reputaciones y vínculos personales.

Especialistas advierten que los delitos vinculados a estafas, fraudes y lavado de activos presentan alta movilidad, bajo costo operativo para quienes los ejecutan y una respuesta judicial que muchas veces llega tras largos períodos de investigación.

La causa continúa en etapa judicial y se espera que el avance de las actuaciones permita esclarecer el alcance real de las denuncias y el número total de afectados.