Uno de cada cuatro celulares vendidos en el país entra por contrabando y golpea al Estado

La Unión Industrial Argentina volvió a encender las alarmas por el crecimiento del contrabando, un fenómeno que ya no se limita a zonas fronterizas y que, según advierten distintos sectores, alcanzó “volúmenes sin precedentes”. En el centro del problema aparece un rubro clave para el consumo masivo: los teléfonos celulares. Hoy, uno de cada cuatro equipos que se venden en la Argentina habría ingresado de forma ilegal, lo que expone una pérdida millonaria para el Estado y complica el objetivo oficial de ordenar las cuentas públicas.

Los datos a los que accedió la industria son contundentes. La importación ilegal de celulares ya mueve alrededor de $768.250 millones al año, una cifra que crece sin freno. Entre 2016 y 2018 habían entrado cerca de dos millones de equipos de manera irregular, pero ese flujo se redujo. En 2024, sin embargo, el contrabando se disparó nuevamente y lo que antes era marginal pasó a representar el 25% del mercado. Dicho de otra forma: “hoy al menos uno de cada cuatro celulares vendidos en el país proviene del mercado negro”, según remarcan fuentes del sector.

El impacto es aún mayor si se analiza el volumen del negocio. El mercado local mueve entre ocho y nueve millones de unidades por año; de ese total, entre dos y tres millones llegan por canales ilegales, sin contabilizar el bagayeo ocasional de viajeros. Muchos de estos envíos se manejan a escala industrial a través de distribuidores radicados en puntos tan diversos como Oriente Medio, Italia o Polonia. No se trata de teléfonos falsos, sino de equipos originales introducidos sin cumplir con los procesos aduaneros.

El avance del contrabando también se refleja en la distribución. Ocho de cada diez teléfonos ilegales se venden online, pero el 20% restante ya aparece incluso en comercios formales, lo que evidencia la profundidad del circuito. En paralelo, los secuestros aduaneros crecieron, pero no logran frenar un fenómeno que se expande más rápido que los controles.

A esta situación se suma otro caso que enciende las luces rojas: el de las cervezas importadas ilegalmente desde Brasil y Paraguay. Aunque es un problema más reciente, su crecimiento es explosivo. Se calcula una pérdida mínima de $8.250 millones al año, y en algunas zonas del país ya el 40% de lo que se vende en comercios de cercanía es producto “trucho”, con precios hasta 60% más bajos que los oficiales porque no pagan ninguno de los impuestos que representan el 52% del valor final.

Si se combinan ambos sectores, la pérdida fiscal anual ronda los $760.000 millones, un monto que equivale a casi tres meses de recaudación del Impuesto a los Combustibles o a ocho meses completos de lo ingresado por Bienes Personales. Para un Gobierno que busca equilibrio fiscal, es un golpe directo.

La preocupación alcanza también a fabricantes de juguetes, textiles, calzado y tabaco, que vienen reportando casos similares y denunciando puntos de venta donde detectan mercadería ilegal. A pesar de que en lo que va del año se incautaron productos por US$ 75 millones —más de 3,5 millones de unidades—, las cámaras advierten que el problema sigue expandiéndose.

El contrabando, coinciden los sectores afectados, ya no es una excepción: es una amenaza estructural que distorsiona precios, destruye empleo formal y le recorta al Estado ingresos fundamentales en un momento crítico. Y el dato que más impacta resume la gravedad de la situación: uno de cada cuatro celulares que hoy se comercializan en la Argentina entró por atrás de la Aduana.