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Finalmente, a casi cinco meses de la primera denuncia de
muertes en un hospital tras la administración de fentanilo contaminado con bacterias
y luego de algunas demoras en los plazos porque distintos involucrados sumaron
elementos a sus declaraciones, la Justicia Federal definió la situación
procesal de los 17 imputados en la causa en la que se investiga el
fallecimiento de 96 personas y perjuicios en la salud de otra treintena de
pacientes críticos, en cinco provincias del país.
El más complicado en la causa era el extrovertido empresario
Ariel García Furfaro, detenido hace más de un mes, dueño de HLB y Ramallo, los
laboratorios de los que salieron las más de 300.000 ampollas de fentanilo
contaminado. Y de hecho, el juez Ernesto Kreplak --a cargo de la investigación
que desde mayo tramita en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata-- procesó y
convirtió en prisión preventiva su detención. Además, mantuvo la inhibición de
sus bienes y trabar el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de un billón
de pesos ($ 1.000.000.000.000), como garantía de sus eventuales
responsabilidades civiles y/o penales.
El juez consideró a García Furfaro "coautor penalmente
responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en
la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de
adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud,
también en calidad de coautor".
Las mismas medidas (procesamiento y prisión preventiva, más
inhibición de bienes, pero un embargo de hasta $ 500.000.000.000) fueron
tomadas para uno de sus hermanos, Diego Hernán García, y para la madre de
García Furfaro, Nilda, quien hasta ahora estaba con prisión domiciliaria. Nilda
es accionista del 10% de HLB, laboratorio ubicado en San Isidro, provincia de
Buenos Aires, cuya usina de producción estaba tercerizada a otra empresa de
García Furfaro, Laboratorios Ramallo, situado en la localidad homónima.
El juez Kreplak, a cargo de la investigación que desde mayo
tramita en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, benefició en cambio a Damián
García Furfaro, el otro hermano hasta ahora detenido. Le dictó la falta de
mérito y ordenó su inmediata libertad, pero le prohibió salir del país.
A pesar de la falta de mérito, determinó "su
prohibición de salida del país y su inhibición general de bienes y disponer la
prohibición de contacto con los demás imputados así como con testigos de la
causa y su comparecencia mensual ante la División Unidad Operativa Federal
(DUOF) Tres de Febrero de la Policía Federal Argentina sita en calle Bonifacini
4765, Caseros, Prov. de Bs. As".
En la misma dirección, Kreplak dictó la falta de mérito para
el accionista y presidente de Laboratorios Ramallo S.A, Horacio Antonio
Tallarico; el accionista y director suplente de la misma firma, Rodolfo Antonio
Labrusciano; y el director técnico farmacéutico ese laboratorio, Víctor Pablo
Boccaccio. Todos tienen los bienes inhibidos, prohibición de salir del país,
prohibición de tomar contacto con otros imputados y testigos de la causa, y
deben comparecer ante la Policía mensualmente.
En la otra vereda, las mismas medidas que el juez había
dispuesto para Diego García y su madre Nilda van para Javier Tchukrán, director
de Manufactura de HLB y director general de Ramallo. En tanto, si bien a José
Antonio Maiorano -director técnico de HLB- y a Carolina Ansaldi -directora
técnica de Ramallo- les recayeron las mismas disposiciones que a los anteriores,
se le impuso un embargo menor, de $100.000.000.000 a cada uno.
El juez también debió decidir sobre cada uno de los
restantes señalados por la Justicia en el último mes. Esto es, los nueve
imputados que había decidido mantener en libertad y otros ocho (incluyendo a
los hermanos García y a su madre) que de entrada quedaron detenidos, bajo la
sospecha de que existía riesgo de fuga.
De los empleados de Laboratorios Ramallo, Kreplak decidió
procesar a la gerenta de Gestión de Calidad, María Victoria García. Si bien no
deberá ir a prisión, no podrá salir del país, tendrá los bienes inhibidos y un
embargo de hasta $ 50.000.000.000, "como garantía de sus eventuales
responsabilidades civiles".
La misma suerte corre para Wilson Pons, jefe de Control de
Calidad de esa planta. En cuanto a Adriana Iudica, subjefa de Control de Calidad
de Ramallo, aunque le corren las medidas (sin prisión preventiva, pero
procesada), le recayó un embargo mayor, de $ 100.000.000.000.
Un cero menos tienen los embargos que les tocaron a
Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, jefa de Garantía de Calidad, y a Rocío del
Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica-Control de Calidad. Ambas trabajaban
en Ramallo y ambas quedaron procesadas, aunque no irán a la cárcel en esta
instancia.
Los últimos dos procesados (excarcelados por ahora) son
Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, gerente de Producción; y Eduardo Darchuk,
jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen, ambos de
Ramallo y con un embargo de $ 50.000.000.000.
La ingeniera química Adriana Iúdica fue un personaje clave
en las novedades recientes de la causa. Su firma consignó que se cumplieron los
protocolos de análisis microbiológico de los dos lotes contaminados, el 31.244
y el famoso 31.202. Cada lote tenía unas 155.000 ampollas. Del primero no se
usó ninguna. Del segundo, cerca de un tercio llegaron a los catéteres
enchufados a pacientes.
En los últimos días, Iúdica se llevó buena parte de la
atención sobre este tema. Según consignó Infobae, ella misma admitió haber
recibido un “falso positivo” en una de las muestras del lote 31.202. Luego
habría pedido una una contramuestra, pero no se la entregaron. Según esta misma
información, la mujer no habría impulsado el rechequeo de la esterilidad del
lote, que finalmente llegó a pacientes. En sus declaraciones, dos de los
imputados habrían señalado a la mujer por haberse olvidado o desestimado el
rechequeo.
Fentanilo contaminado: días de definiciones
Es cierto que los plazos judiciales suelen ser mayores de lo
que uno imaginaría y que la instancia de definición del llamado “auto de
procesamiento” para cada imputado no es más que el inicio formal de un proceso
que sin dudas puede ser muy largo, en especial si uno abre la solapa “rol de la
ANMAT”, organismo que debe controlar los laboratorios en el país, y del que
muchos cuestionan por qué no clausuró estas firmas, si había emitido numerosas
advertencias por las malas prácticas fabricación denunciadas.
Sus directivas Agustina Bisio (directora del organismo,
aunque el Gobierno no la considera "firme"), y Gabriela Mantecón
Fumado, recientemente desplazada del rol de directora del Instituto Nacional de
Medicamentos (que depende de la ANMAT) prestaron declaraciones en la causa,
pero terminaron con los teléfonos incautados por el juez y en una situación
incómoda, en especial después de que el Ministerio Público Fiscal le pidió al
juez Kreplak retirar al Ministerio de Salud, cartera que maneja Mario Lugones,
de su rol de querellante en la causa.
Viendo el medio vaso lleno, desde el día uno se sabía que la
investigación de las muertes por fentanilo sería especialmente complicada, de
modo que el avance en la definición procesal de los imputados (o de la primera
tanda de imputados, ya que el juez podría sumar más) no es menor.
Hay quienes creían que definir presuntos responsables sería
una tarea prácticamente imposible. Y, en efecto, más allá de los
procesamientos, quizás sea muy difícil determinar culpabilidades, aun cuando el
Instituto Malbrán, laboratorio de referencia nacional que viene teniendo un rol
primordial en el apoyo técnico al equipo de investigación, emitió informes de
los documentos de los laboratorios (batch records) donde son elocuentes las
observaciones a las deficientes prácticas de manufactura de HLB y Ramallo.
Deficientes al borde de lo informal, declararon a medios como Clarín y en reserva
ex empleados de esas plantas farmacéuticas.
El problema es que, más allá de que se determinen
responsables por las ampollas contaminadas, sigue siendo pantanoso el terreno
de lo que luego pasó con los pacientes: casi todos los que recibieron fentanilo
contaminado estaban previamente enfermos (la mayoría, de gravedad). De los 127
que se sabe que recibieron fentanilo contaminado, se investigan 96 muertes.
Ahora bien, ¿cuántos de esos murieron “con” y cuántos “por” las bacterias
infiltradas en el fármaco de HLB-Ramallo?
Fentanilo: las familias que buscan Justicia
Si iba a haber mojones imponentes en este proceso, este es
uno. Especialmente para las familias de las víctimas (fallecidas y
sobrevivientes), que vienen intentando agruparse. A pesar de las distancias
geográfica, social y emocional, los une un daño parecido y un reclamo común.
Hace poco celebraron que el Congreso acordara la
conformación de una comisión investigadora por la causa del fentanilo
contaminado y de hecho este martes tendrán una primera reunión con los
legisladores, muchos de los cuales tuvieron un rol cuestionador hacia Ariel
García Furfaro y sus vínculos con el gobierno de Alberto Fernández, en el
momento en que HLB se quiso postular como “gestor” local de la vacuna rusa
Sputnik contra el Covid.
Son 96 muertes bajo investigación. En un reciente informe,
el Cuerpo Médico Forense definió que en 12 sobre los primeros 20 casos
estudiados había una relación de nexo “concausal” con el fentanilo contaminado.
O sea, una relación causal indirecta en la que la enfermedad de base y la
infección bacteriana causada por el opiáceo habían confluido y empujado al
paciente a la muerte.
Así como algunos o muchos casos serán descartados, también
se descuenta que decenas de familiares ni siquiera se enteraron de la
existencia del fentanilo contaminado. Mucho menos, de que sus familiares
fallecidos en los últimos meses en hospitales de la ciudad y la provincia de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Formosa, pudieron haber sido empujados a la
muerte por culpa de las bacterias que contaminaron el fentanilo de HLB.
Es lo que lo que los peritos del Cuerpo Médico Forense de la
Corte Suprema de Justicia definieron como “concausalidad”, “nexo concausal” o
“nexo casual indirecto”, ya que se considera que el desenlace de los pacientes
en los que se confirmó este diagnóstico se debió a la confluencia de la
patología de base que los tenía internados y la infección bacteriana producida
por la administración del fentanilo de HLB.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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