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La defensa de la expresidenta presentó un recurso
extraordinario para modificar las condiciones de su prisión domiciliaria. A
principios de julio, la Cámara de Casación ya había rechazado la misma
solicitud.
La defensa de Cristina Kirchner presentó este viernes un
recurso extraordinario federal contra la decisión de la Cámara de Casación y
solicitó que se revierta la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica
y la restricción de las visitas a su domicilio donde cumple su condena a 6 años
de prisión por la causa Vialidad.
Con la firma de Carlos Beraldi, el documento presentado
busca revertir las condiciones impuestas y solicitó también la recusación de
los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
La defensa pretende que el recurso extraordinario sea
resuelto por conjueces. En ese marco, solicitó que antes de revisar el planteo
se realice el sorteo correspondiente y sean notificados sobre el día y la hora
en que se realizará el sorteo para “poder presenciar el acto y controlar su
legalidad”.
El pasado 11 de julio, la Sala IV de la Cámara Federal de
Casación Penal confirmó las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina
Kirchner impuestas por el Tribunal Oral Federal 2.
Fue luego de una audiencia oral y pública en la que el
fiscal desistió del recurso contra las condiciones del arresto.
Oportunamente, los abogados de CFK aseguraron que la regla
impuesta por el TOF de que no pueda recibir visitas sin restricciones resulta
incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada.
Los abogados aseguraron que los jueces del tribunal
omitieron que la expresidenta tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales
contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las
cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
También los peritos designados en el marco de otros procesos
judiciales en su contra. Y los asesores que asisten a la expresidenta para
continuar desarrollando distintas actividades que no han sido prohibidas con la
imposición de la pena.
“Una consideración aparte merece la situación de las
personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella
vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su
vida de relación”, reclamaron los abogados.
Sin embargo, Casación desestimó todos los planteos
presentados y determinó que la presencia de una custodia policial no sustituye
la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, y
que renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo
electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina,
implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal.
Asimismo, consideraron que el uso de la tobillera
“encuentran sustento legal en el marco normativo vigente y resultan adecuados
para asegurar el control judicial efectivo del cumplimiento penal en el
contexto de la prisión domiciliaria”.
El voto dividido de Casación
El voto de Casación fue dividido y el juez Mariano Borinsky
votó en disidencia al sostener que correspondía revocar dichas restricciones.
El magistrado explicó que la medida en cuestión no se
encuentra prevista en ninguna norma y, por lo tanto, el tribunal oral se
extralimitó al dictarla, vulnerándose así los artículos 18 y 19 de la
Constitución.
A diferencia de Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña,
Borinsky subrayó que luego de una condena firme, solamente pueden restringirse
los derechos de la persona que autoriza la sentencia, y no otros como, por
ejemplo, la intimidad y el ejercicio de los derechos políticos de Cristina
Fernández de Kirchner, quien constituye una figura destacada de un espacio
político.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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