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Mientras las muertes por el llamado “fentanilo mortal” siguen en aumento —ya superan las 70 víctimas— el escenario judicial se expande con nuevas denuncias y actores que buscan sumarse como querellantes.
En paralelo a la investigación principal que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó en Comodoro Py una denuncia penal contra los responsables del laboratorio HLB Pharma, acusándolos de presentar un certificado municipal falso para obtener habilitaciones.
La denuncia de Seguridad en Comodoro Py
Según fuentes oficiales, la presentación firmada por la ministra Patricia Bullrich sostiene que la empresa intentó inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre) para operar con sustancias controladas, adjuntando un certificado presuntamente emitido por la Municipalidad de San Isidro. Al verificar la autenticidad del documento, el municipio negó haberlo expedido.
Documentación oficial revela que HLB Pharma funcionó entre marzo de 2013 y mayo de 2025 con una Autorización Provisoria de Funcionamiento, pero acumuló intimaciones en 2024 para subsanar deficiencias: planos técnicos no coincidentes, fallas en protocolos de seguridad contra incendios, señalización deficiente, manejo irregular de residuos especiales, entre otros incumplimientos.
En mayo de 2025, en plena crisis por las muertes con fentanilo, y tras no presentar la documentación exigida desde noviembre de 2024, el municipio revocó su permiso. Según la acusación, el laboratorio presentó la autorización falsa para seguir operando, lo que ahora investiga el juez Sebastián Casanello.
La causa de La Plata: más querellantes y acusaciones graves
Mientras tanto, en la investigación original de La Plata, se multiplican los querellantes aceptados por el juez Kreplak:
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Municipalidad de Rosario
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Ministerio de Salud de la Nación
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Grupo empresario de Carlos Tita y Oscar Ruffinengo, ex dueños de la droguería Alfarma
La presencia del Ministerio de Salud como querellante llamó la atención, ya que el organismo integra a la ANMAT, responsable de regular y controlar la actividad farmacéutica, y podría tener que dar explicaciones en lugar de acusar.
Rosario: el rastro de las ampollas letales
El 23 de febrero de 2025, la Municipalidad de Rosario adjudicó, mediante concurso de precios, la compra de 300 ampollas de fentanilo inyectable 0,05 mg/ml a la Droguería Nueva Era Rosario, que ofreció la marca HLB. El lote llegó el mismo día, con remito y factura documentados.
Ese fentanilo, que ya se cobró 54 vidas en esa ciudad, estaría vinculado a adulteraciones y presencia de bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae meta-beta-lactamasa y Ralstonia picketti, detectadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
En su presentación, Rosario también recordó la explosión del laboratorio Apolo en 2016, en calle Alem 2900, que dejó cinco heridos y destruyó viviendas linderas. Según la acusación, varios directivos actuales de HLB Pharma —Ariel y Damián García Furfaro, Jorge Salinas, Marcela Vozza, Jorge Gómez y Marcelo Ferré— fueron imputados por aquel estrago culposo agravado y lesiones graves.
El intendente Pablo Javkin cuestionó en el escrito la falta de respuesta judicial y administrativa tras episodios como el de Apolo, lo que, según su postura, permitió la repetición de conductas peligrosas en el sector farmacéutico.
El frente empresarial y la venta de Alfarma
Otro querellante es el grupo Tita-Ruffinengo, que en 2019 vendió la droguería Alfarma a los hermanos García Furfaro por apenas 350.000 pesos (menos de 6.000 dólares al cambio de la época). El contrato, certificado por escribano, forma parte de las pruebas.
Este grupo empresarial posee centros médicos relevantes en Rosario, como el Sanatorio Nosti, la Mutual Abril (Sanatorio Diagnóstico) y la Casa del Médico Mutual (Hospital Italiano).
Una causa sin detenidos
Pese a la gravedad del caso y el número creciente de víctimas, no hay detenidos ni declaraciones indagatorias. La trama judicial se divide ahora en dos causas paralelas —Comodoro Py y La Plata— que podrían cruzarse si surge una disputa por la jurisdicción.
Mientras tanto, las familias de las víctimas reclaman respuestas, y los querellantes exigen que se identifique a los responsables de que medicamentos adulterados llegaran a hospitales públicos y clínicas privadas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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