Con una maniobra contrarreloj, Cristina intenta frenar el decomiso de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”

A través de dos escritos dirigidos a la Cámara Federal de Casación Penal, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, respondió a la intimación del juez federal Jorge Gorini para el pago del decomiso en el caso Vialidad. La suma que todos los condenados deben afrontar de forma solidaria asciende a 537 millones de dólares. Pero la ex presidenta dijo “no tengo bienes” para hacer frente a esa cifra, además de discutir el cálculo del dinero reclamado por la Justicia. “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, aseguró.

En la presentación realizada por su defensa, la ex presidenta busca frenar cualquier ejecución patrimonial que se realice en el marco de la causa Vialidad donde se la condenó a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Entre otras objeciones, sostiene que el Tribunal no es competente y que el decomiso se debe tramitar en el fuero civil y comercial, por lo cual exige la suspensión del proceso de decomiso.

Cristina Kirchner tiene plazo hasta este miércoles para hacer frente al decomiso del caso Vialidad junto a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y los demás acusados. La cifra fue la avalada por el juez Gorini después de los informes periciales presentados por los profesionales de la Corte Suprema, de los representantes del Ministerio Público Fiscal y del perito de parte.

La cifra avalada por el Tribunal fue de US$ 537 millones y se explicó que la misma es resultado de “gravísimos hechos de corrupción”.

Ante esa cifra, la ex presidenta dijo que no tiene patrimonio para afrontar el dinero que le reclaman, ya que lo que posee no es producido del delito investigado. A ese argumento le añade otro cuestionamiento, el monto exigido es fruto de una cuenta que “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.

Sobre la relación del patrimonio y el delito de administración fraudulenta, la ex Presidenta dijo: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.

En otras palabras, añadió: “no tengo bienes que sirvan a esos fines” y que consecuentemente puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.

Lejos de ello, continuó detallando Cristina Kirchner, “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima. Esta afirmación no es una elucubración defensista, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”.

En la última declaración jurada presentada en 2023 ante la Oficina Anticorrupción, Cristina indicó que la mayor parte de su patrimonio ($170 millones) se encuentra invertido en acciones de sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva York como Mercado Libre, Apple, Vista Energy, Microsoft, Coca Cola, Bioceres Crop Solutions, Invesco, Visa y Berkshire Hathaway.

Además, informó que posee cuatro cajas de ahorro en el país por $1,7 millones y un auto Toyota Corolla Híbrido modelo 2023. En esa declaración no informó ningún inmueble propio y si consignó que cobra derechos de usufructo por dos propiedades cuya titularidad cedió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en 2016.

Paralelamente, según un listado efectuado meses atrás por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, el patrimonio de la ex presidenta se compone principalmente de dinero en efectivo, plazos fijos, y cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones.

En cuanto a los inmuebles, el mismo relevamiento menciona dos departamentos en el barrio porteño de Recoleta (uno es el de la calle Uruguay, donde la ex presidenta vivió hasta el atentato que sufrió en septiembre de 2022) y un total de 24 inmuebles en Santa Cruz, todos los cuáles fueron cedidos a sus hijos para sortear futuros embargos judiciales.

Sin embargo, pese a la posición de la ex presidenta de que no pueden ser decomisados bienes que no están bajo su titularidad, en algunos despachos de Comodoro Py interpretan que la cesión de inmuebles a Máximo y Florencia por tratarse de una herencia a titulo gratuito, puede ser objetado y, por lo tanto, sería plausible de ser alcanzado por un decomiso o embargo.

La discusión sobre los US$ 537 millones

El abogado Beraldi indicó que la decisión adoptada por el TOF 2 “carece de la más mínima fundamentación. Ello así, pues pese a las discrepancias notorias entre las metodologías propuestas por los peritos intervinientes, para actualizar el monto de decomiso el Tribunal adoptó el índice de precios al consumidor (IPC), sin explicar por qué descartó alternativas técnicas sólidas como la aplicación de tasas bancarias. Ello vulnera las exigencias constitucionales y legales que rigen la validez de las decisiones judiciales”.

Para llegar al monto que ahora quiere discutir Cristina, el Tribunal tuvo bajo estudio distintos cálculos. Los peritos contables de la Corte Suprema concluyeron que el decomiso en la causa donde la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado debe ser de 684.990.350.139,86 pesos.

El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, también ponderó el informe de los especialistas en representación del Ministerio Público Fiscal, que expusieron seis cálculos diferentes: el de mayor valor era el calculado con el CER - BCRA y daba $723.890.304.604,90. Utilizando el índice de inflación del INDEC, llegaron al mismo valor que los peritos oficiales: $ 684.990.350.139,86.

En contraposición a esos números, el perito que asumió en representación de Cristina, José Lucas Gaincerain concluyó que ella y los demás condenados debían responder por un decomiso de solo $42.494.357.845,17.

Sobre esos números, la defensa plantea que la sentencia original “estableció que el monto era provisorio” y que el mismo sería definido con intervención técnica cuando quedara firme, “pero el Tribunal lo tomó ahora como definitivo sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.

Se eligió el IPC recriminó Beraldi, “sin justificar “ y se pregunta por qué se descartaron otros métodos, “como tasas bancarias”. A modo de ejemplo se indicó que la metodología usada es “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, incluso del mismo tribunal, donde se aplicaron tasas bancarias, y cita el caso Hotesur. Beraldi aduce falta de fundamentación.

Es decir: En otros casos y causas conexas (Hotesur, Los Sauces) se utilizó la tasa activa del Banco Nación, “que en este caso arrojaría cifras cien veces menores”, sostiene el escrito.

Con el método usado, el monto en dólares triplica el valor que resultaría de criterios aplicados por la propia Fiscalía en otros cálculos, insiste el abogado.

Por ese motivo Beraldi solicita suspender toda ejecución patrimonial (depósitos, embargos) “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”.

Por ese motivo, requiere que los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña anulen la resolución, “ordenen dictar un nuevo fallo conforme a derecho y suspendan la ejecución patrimonial”.