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El Gobierno anunció una profunda reforma migratoria: más requisitos, aranceles y deportaciones exprés


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El Gobierno nacional confirmó una reforma migratoria integral que se implementará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), cuya publicación en el Boletín Oficial se espera en los próximos días.


El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y otras autoridades del Poder Ejecutivo.


Principales medidas del nuevo régimen migratorio

  • Endurecimiento de requisitos para acceder a la residencia y ciudadanía.

  • Deportación inmediata de extranjeros condenados por delitos.

  • Pago obligatorio de servicios de salud y posibles aranceles en universidades para extranjeros no residentes.

  • Nuevos controles fronterizos y limitaciones al tiempo fuera del país para conservar la residencia.


Ingreso y expulsión de extranjeros

El decreto establece que ningún extranjero con condena penal podrá ingresar al país, sin importar la duración o tipo de pena. Además, todo extranjero que cometa un delito en el país será deportado, incluso si la condena no está firme o es excarcelable.


Se incorpora como causal de inadmisión al territorio nacional estar procesado por un delito con pena superior a tres años, aunque no haya condena aún.


También se habilita la posibilidad de negar el ingreso o deportar por delitos menores con penas de hasta cinco años.


Pago por servicios públicos


La reforma impone que los residentes transitorios, temporarios o irregulares deberán pagar por los servicios de salud en hospitales nacionales. Se exceptúan solo los casos de urgencia.


A su vez, las universidades nacionales estarán autorizadas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no sean residentes permanentes, aunque la decisión quedará sujeta a cada institución.


Según cifras oficiales, la atención médica a extranjeros representó un gasto de 114.000 millones de pesos en 2023.


Nuevas condiciones para la ciudadanía


El nuevo DNU establece que la ciudadanía argentina solo podrá obtenerse luego de dos años de residencia continua y efectiva en el país, sin interrupciones. Si una persona abandona el territorio durante ese plazo, el conteo se reinicia desde cero.


Quienes no cuenten con residencia legal deberán regularizar su situación migratoria antes de comenzar ese período de dos años.


Residencia permanente y temporaria


A partir de ahora, solo los hijos de argentinos accederán de forma directa a la residencia permanente. Sus padres deberán iniciar como residentes temporarios, y solo podrán aspirar a la permanencia si acreditan:


  • Arraigo en el país

  • Medios económicos suficientes

  • Ausencia de antecedentes penales


Se acorta también el tiempo permitido fuera del país: quienes tengan residencia permanente no podrán estar ausentes más de un año, y para los residentes temporarios, el límite será de seis meses.


Ciudadanía por grandes inversiones


La reforma introduce la figura de “ciudadanía por grandes inversiones”, pensada para acelerar los trámites a quienes realicen aportes económicos significativos en el país.


Esta medida aún deberá ser detallada en la reglamentación futura, pero apunta a captar capitales extranjeros.


Acortamiento de plazos de apelación y control de procesos


El nuevo régimen busca agilizar los procedimientos de expulsión. Se reducirán los plazos para apelar decisiones administrativas o judiciales de Migraciones, aunque se elimina la figura de “notificación de pleno derecho”, una de las más cuestionadas en el DNU de 2017.


Además, se permitirá la expulsión inmediata en casos de ingreso por pasos fronterizos no habilitados, siempre que se verifique la flagrancia.


La Dirección Nacional de Migraciones incorporará herramientas adicionales para verificar el estatus migratorio de personas en el país.


Excepciones: la “dispensa”


Se incluye una cláusula que habilita la “dispensa”, es decir, la posibilidad de no aplicar la expulsión a personas que, aunque encuadren en los requisitos para ser deportadas, no hayan cometido delitos graves como homicidios, abuso sexual o atentados contra el orden democrático.


Acuerdos internacionales


Se mantendrán vigentes los acuerdos de residencia del Mercosur, aunque se aclara que se podrá evaluar el cobro de servicios públicos a residentes temporarios, excepto cuando existan cláusulas de reciprocidad que lo impidan.


Datos sobre la población carcelaria extranjera


Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), hasta diciembre de 2023 había 111.967 personas privadas de libertad en Argentina. De ese total, 6% eran extranjeras, con la siguiente distribución:


  • 1923 de Paraguay

  • 905 de Bolivia

  • 857 de Perú

A su vez, el 39,2% de las personas encarceladas no tenía condena firme. La sobrepoblación carcelaria alcanzaba el 20%, y la tasa de presos era la más alta de la historia: 240 cada 100.000 habitantes.


El Sistema Penitenciario Federal (SPF) reportó que el 16,1% de sus detenidos son extranjeros, mientras que en la provincia de Buenos Aires los extranjeros representan el 45% de la población penitenciaria local.


Justificación del Gobierno


El presidente Javier Milei había anticipado la reforma el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones legislativas. Aseguró que Argentina “no puede ser un centro de beneficios pagados por los argentinos”, y que es necesario construir un país serio, con reglas claras y exigencias proporcionales.


En redes sociales, Lisandro Catalán sostuvo que más de un millón de inmigrantes ingresaron de forma irregular en los últimos 20 años, lo que justifica el endurecimiento de las políticas migratorias.


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