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CASO CHOCOLATE: La Justicia investiga al oficialismo y la oposición por un pacto de corrupción



Julio “Chocolate” Rigau vaciaba sueldos de $580.000 con las tarjetas y claves de gente que mayoritariamente dice que era un amigo, un compañero o un gestor filantrópico. Ahora, los legajos de Personal de esos empleados legislativos permiten seguir contando la historia que tiene a la política en mute hace casi veinte días. Si una de las grandes preguntas es el por destino de esta recaudación mensual de mínimo $27.000.000, la otra es por la relación de los dueños de las tarjetas con el empleador estampado en ellas: “Honorable Cámara de Diputados”.

 

¿Desde cuándo se vinculan con Diputados? ¿Son contratados o forman parte de una planta? ¿Qué bloque, qué Secretaría, Presidencia o Vicepresidencia dispone de estos hombres y mujeres de distintas edades y zonas de la provincia de Buenos Aires cuyos sueldos vaciaba Chocolate?

 

Telenoche accedió a los legajos de Personal. Esos documentos están firmados por Víctor Hugo Vigano, Jefe de Departamento de Registro de Personal de la Cámara de Diputados, contienen la planilla llamada “foja de servicios” y finalizan con una “declaración jurada” de 2022.

 

La declaración jurada tiene datos personales del dueño de cada legajo (es decir, el dueño legal de cada tarjeta que en la vida real usaba Chocolate). A veces figuran “otras actividades” declaradas. Por ejemplo: “Casa de cambio. Tigre. Media jornada”. O: “Empleado administrativo. 7 a 13 h”. Y finalmente, se observa la “repartición” asociada a ese empleado, que siempre es “Bloque Político”. Al tratarse de una declaración jurada, esta hoja presenta una firma holográfica (en algunos casos, firma y aclaración). Es decir, alguien puso una firma allí en carácter de empleado de la Cámara de Diputados.

 

La foja de servicios es una planilla con varios campos: categorías, reparticiones y tipo de actos administrativos. En apariencia, se trata siempre de una sucesión de contratos anuales que se van renovando cumplido ese plazo. La columna repartición trae el contenido político. Lo que surge de su análisis es que, lejos de figurar siempre ligada al mismo bloque u oficina, cada persona (cada contrato) fluctúa.

 

Durante su relación con Diputados, un contrato matchea con distintas reparticiones. Dentro del historial –que en varios casos se extiende por décadas– ese contrato cambia de manos. En algunos años puede aparecer asociado a un bloque político (Frente para la Victoria, Frente Renovador, Paufe, Cambiemos, etc.) y al año siguiente puede figurar en el bloque contrario.

 

Pero no sólo eso. El mismo contrato puede aparecer en otro momento atado a la repartición “Bloque político”. Y también puede figurar así: “Vicepresidencia HCD”. “Presidencia HCD”. “Secretaría de Desarrollo Institucional” (una de las grandes áreas de esta Cámara). “Dirección General Legislativa”. Así ocurre en varios casos según los documentos a los que accedió TN.

 
Los contratos de locación y la gente de “Bloque Político”


Las tarjetas de Chocolate son instrumentos para recaudar y todo indica que provienen de contratos de locación de servicios que gestiona la Presidencia de la Cámara (sea cual sea su ocupante de turno). Una de las claves de esto está en la ley que fijó el presupuesto de Diputados para 2019, ya que uno de sus artículos introdujo una modificación importante y abrió más la puerta para este tipo de contratos.

 


El artículo 4 de la ley 15097 determinó que se pueden destinar partidas para contratos de locación de servicios “para su prestación en todas las áreas dependientes de esta Honorable Cámara, incluyendo aquellas pertenecientes a cada bloque político”. Además, ese artículo dice que los “locadores” cobran en la escala “Bloque Político”. Y que la Presidencia de la Cámara de Diputados puede subir los montos de estos contratos y agregarles sumas (remunerativas o no, bonificables o no) sin tener que suscribir nuevos contratos.

 

Los contratos de locación de servicios que se financian con el presupuesto de Diputados tienen aguinaldo y están sujetos a descuentos previsionales y asistenciales, siempre según la ley de presupuesto de 2019. Es decir, tienen sueldos con la escala de “Bloque Político” (los de los 48 rondan los $580.000), jubilación y obra social. La existencia de estos beneficios como parte de los contratos alimenta la hipótesis de que podría ser este el pago por prestar un nombre para el circuito de Chocolate.

 

Alguien de Bloque Político es un empleado contratado para cumplir funciones a las órdenes de los Gabinetes de las Presidencias de Cámara, o de un legislador provincial, o en un bloque partidario o funciones de asesoramiento político en una comisión, o el destino que la Cámara le asigne. Así de amplia es la categoría.

 

Bloque Político es un agrupamiento de personal (así como hay para “técnicos”, “administrativos”, “de comedor”, “obreros”, “comedor”). Bajo este paraguas puede entrar desde un secretario de bloque, hasta un asesor, un jefe o un oficial. Y pueden ir a trabajar o no. A su vez, Bloque Político funciona según los legajos estudiados como “repartición” en varios momentos de la “vida laboral” de los 48 contratados fantasma. Como si en esos momentos los contratos estuvieran en un limbo. No fue posible por ahora contrastarlo con respuestas institucionales.

 

Siempre hubo empleados fantasma, pero antes de 2019 estos contratos en general se cobraban sin tarjeta, por ventanilla, mediante los llamados “servicios de tiquetera”. En algunos casos, el Chocolate de turno iba a la caja del banco. En otros casos participaba algún empleado del banco, que retiraba el efectivo y se lo entregaba a otro eslabón de la cadena. Una causa que investigó este esquema quedó archivada en una vieja fiscalía del fuero penal de La Plata.

 

Rigau en cambio tenía que trabajar duro para vaciar los sueldos con tarjetas que tienen tope de extracción. El 9 de septiembre, al día siguiente de su cumpleaños, fue sorprendido haciéndolo en el cajero que está a una cuadra de la Legislatura. Estaba bajo una decena de cámaras y rodeado de testigos, y se pasó más de 45 minutos con la tarea. Tenía tickets de extracciones diarias de días previos. Y testigos lo vieron en la misma secuencia ya medio mes antes.

 

Días después de su aprehensión, un allanamiento en su casa ordenado en el marco de la investigación de la fiscal Betina Lacki y el juez de Garantías Federico Atencio dio con evidencias documentales de peso. Por un lado, aparecieron cuadernos manuscritos donde figuran algunos de los 48 nombres pero también otros, incluidos lazos de sangre y políticos del puntero del PJ que militaba para Facundo Albini, un concejal de La Plata y candidato de Unión por la Patria a renovar esa banca.

 


Por otro lado, se hallaron en ese procedimiento declaraciones juradas de domicilio de más personas, emitidas “para ser presentadas” ante Diputados. Están fechadas en 2019. En ese momento, Facundo Albini era director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de Diputados.


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