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Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos sobre la situación patrimonial de un banco digital paraguayo terminó convirtiéndose en una crisis financiera, judicial y política que provocó la renuncia del presidente Santiago Peña.
En menos de tres días, la intervención de Ueno Bank dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros, derivó en la detención de directivos de la entidad, precipitó cambios en la conducción del Banco Central del Paraguay (BCP) y puso al mandatario frente a un juicio político. Finalmente, este jueves anunció que dejaba el cargo, cuando todavía le faltaban casi dos años para completar su mandato.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, expresó Peña en un mensaje grabado. El mandatario, que había asumido el 15 de agosto de 2023, también pidió disculpas a los paraguayos y aseguró que su prioridad era garantizar la devolución de los ahorros afectados por el cierre del banco.
Pero el escándalo que terminó con su salida del poder no comenzó esta semana . Las advertencias sobre Ueno Bank se remontan a varios meses atrás e involucran cuestionamientos sobre la composición de sus activos, operaciones con empresas relacionadas, la exposición de organismos públicos y la actuación de las autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero.
Ueno Bank nació como banco en 2023, a partir de la transformación de una entidad financiera vinculada al Grupo Vázquez , uno de los conglomerados empresariales más importantes de Paraguay, con actividades en tecnología, servicios financieros, comercio y otros sectores.
La entidad apostó por un modelo de banca digital, con una estrategia agresiva de captación de clientes, promociones y reintegros por consumos. Su crecimiento fue acelerado: en pocos años llegó a reunir aproximadamente 2,9 millones de usuarios, una cifra equivalente a casi la mitad de la población paraguaya.
La expansión estuvo acompañada por una creciente exposición pública de la marca, que se convirtió en patrocinadora de equipos deportivos, de la selección paraguaya de fútbol y de distintos acontecimientos de alcance nacional.
Al mismo tiempo, la relación entre el grupo empresario y el poder político comenzó a despertar cuestionamientos. Peña había sido accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada al banco, hasta 2025 , cuando se desprendió de su participación. Ese antecedente se convertiría posteriormente en uno de los principales argumentos de quienes impulsaron su juicio político.
Uno de los aspectos más controvertidos del crecimiento de Ueno Bank fue la incorporación de recursos provenientes de organismos estatales, especialmente del Instituto de Previsión Social (IPS) , encargado de administrar fondos jubilatorios.
En octubre de 2024, Peña ya había salido públicamente a defender operaciones vinculadas con la inversión de recursos previsionales en instrumentos financieros de Ueno. El mandatario cuestionó las publicaciones periodísticas sobre esas operaciones, mientras crecía el debate acerca de los riesgos de concentrar fondos públicos en una entidad privada vinculada con sus antiguos socios empresariales.
Con el tiempo, la exposición estatal aumentó. Según estimaciones difundidas por gremios de asegurados paraguayos, los fondos públicos y previsionales comprometidos en Ueno Bank superaban los US$860 millones. Dentro de ese monto, alrededor de US$380 millones correspondían al IPS, cuya situación generó especial preocupación por el eventual impacto sobre los recursos destinados a las jubilaciones.
El problema no era únicamente el volumen de los depósitos, sino también la relación previa entre el presidente y los accionistas del banco, así como las decisiones de inversión adoptadas por organismos públicos durante su gestión.
Uno de los antecedentes más relevantes del escándalo se remonta a julio de este año, cuando habría circulado dentro del Banco Central del Paraguay un memorando técnico elaborado por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Según publicó ABC Color el 7 de septiembre, el documento habría advertido sobre cifras llamativas en los balances de Ueno Bank y posibles inconsistencias en determinadas operaciones. La existencia y el tratamiento de ese memorando se convirtieron posteriormente en objeto de un pedido de informes legislativo.
El caso adquirió mayor relevancia porque el 6 de julio, mediante el decreto 6329, el Poder Ejecutivo dispuso el traslado de Rivarola fuera del organismo de supervisión bancaria y lo designó miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) .
La coincidencia temporal entre el supuesto informe y el desplazamiento del funcionario despertó interrogantes en el Congreso acerca de si las advertencias técnicas habían sido consideradas por las máximas autoridades del regulador.
El 7 de septiembre, legisladores paraguayos impulsaron un pedido de informes al Banco Central para conocer qué había ocurrido con las advertencias sobre Ueno Bank.
La iniciativa, promovida por los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios, incluyó preguntas específicas sobre la existencia del memorando de Rivarola, su recepción por la Superintendencia de Bancos y el tratamiento que había recibido dentro del organismo.
También se solicitó determinar si existieron diferencias entre las conclusiones de los equipos técnicos y las decisiones de la conducción del regulador, encabezada entonces por el superintendente Holger Insfrán.
Los legisladores reclamaron información sobre movimientos de personal y cambios en los equipos de inspección vinculados con la supervisión del banco.
El episodio puso en discusión no solo la situación de Ueno, sino también la capacidad del Banco Central para actuar de manera independiente frente a una entidad financiera con conexiones políticas .
Durante octubre, los cuestionamientos se intensificaron. Las advertencias se concentraron en la solvencia de Ueno Bank, las operaciones con sociedades relacionadas, la composición de sus activos y la exposición de fondos públicos.
El 18 de octubre, la Asociación de Bancos del Paraguay solicitó información al regulador sobre la solvencia de entidades que habían recibido facilidades en procesos de fusión.
En paralelo, sectores políticos y legisladores reclamaron cambios en la conducción del Banco Central. Sin embargo, Peña respaldó inicialmente a las autoridades monetarias y relativizó los cuestionamientos.
El 27 de octubre, cuando la situación del banco ya generaba preocupación, el mandatario pidió calma y prudencia. También había sostenido que algunas de las controversias respondían a interpretaciones periodísticas y que las actuaciones del regulador debían considerarse cuestiones técnicas.
Menos de una semana después, el Banco Central terminaría disponiendo la resolución de la entidad.
El martes 3 de noviembre se produjo el punto de inflexión. El Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank , después de constatar un deterioro patrimonial que había llevado su índice de solvencia al 5,56%, frente al mínimo regulatorio del 12%.
La cifra representaba menos de la mitad del nivel exigido por la normativa y reflejaba una situación crítica, agravada por ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización.
La decisión tuvo consecuencias inmediatas. Las aplicaciones y tarjetas dejaron de funcionar y unos 2,9 millones de clientes quedaron sin poder acceder normalmente a sus fondos .
El cierre también provocó una crisis de confianza que trascendió a la entidad. Ueno concentraba alrededor del 9% de los depósitos del sistema financiero paraguayo, por lo que su caída generó preocupación sobre las posibles consecuencias para otros bancos.
Ese mismo día, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia a pedido de Peña. En paralelo, la Fiscalía avanzó con una investigación penal que derivó en la detención de ocho directivos vinculados con la entidad.
Entre los investigados quedaron representantes de empresas relacionadas con el grupo empresario, mientras las autoridades judiciales comenzaron a analizar presuntas irregularidades en la administración del banco y sus operaciones financieras.
El miércoles 4 de noviembre, la crisis adquirió una dimensión política todavía mayor.
Un grupo de 35 diputados presentó un proyecto para iniciar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, al considerar que existían elementos para investigar un presunto mal desempeño de sus funciones.
Uno de los principales argumentos fue el posible conflicto de intereses derivado de la antigua participación accionaria de Peña en Ueno Holding y la colocación de recursos públicos en el banco durante su presidencia.
En paralelo, continuaron los cambios en el Banco Central y las autoridades comenzaron a buscar mecanismos para acelerar la devolución de los depósitos.
Ese mismo día, el Congreso aprobó una modificación de la legislación sobre garantía de depósitos, promulgada por Peña, que permite adelantar pagos a los ahorristas afectados por hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a unos 121,7 millones de guaraníes.
La medida buscó aliviar la situación de millones de clientes que habían quedado sin acceso a sus ahorros y contener el malestar social.
La crisis llegó a su desenlace político este jueves, cuando la Cámara de Diputados comenzó a tratar el pedido de juicio político contra el presidente.
La situación de Peña se volvió especialmente delicada después de que Horacio Cartes, expresidente paraguayo y principal referente del Partido Colorado, anunciara su apoyo al procedimiento. La decisión representó un golpe para el mandatario, que hasta entonces había contado con el respaldo de su espacio político.
En ese contexto, Peña anunció su renuncia a través de un mensaje grabado, en el que reconoció la gravedad de la situación y pidió disculpas a la población , aunque no admitió responsabilidades personales en la crisis bancaria.
Su salida abrió el proceso institucional de sucesión, con el vicepresidente Pedro Alliana como reemplazante previsto para completar el mandato presidencial hasta 2028.
La renuncia no resuelve, sin embargo, los interrogantes que dieron origen al escándalo. La Justicia continúa investigando las operaciones de Ueno Bank, mientras las autoridades financieras deben determinar cómo se atenderán las obligaciones con los depositantes y qué ocurrirá con los recursos de los organismos públicos.
La calificadora Moody’s advirtió que la crisis representa un acontecimiento crediticio negativo para el sistema financiero paraguayo, aunque consideró que sus consecuencias podrían resultar manejables si el procedimiento de resolución se desarrolla de manera ordenada.
Fuente: 
La Nación
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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