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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una sentencia que obliga a dos inquilinos y su garante a indemnizar a la propietaria de un departamento en Vicente López por daños detectados tras la devolución del inmueble. El fallo estableció una compensación de $7.968.300 por los deterioros en los pisos de madera, problemas eléctricos y humedad, que según la Justicia excedieron el desgaste habitual.
El conflicto comenzó en abril de 2022, cuando una sociedad propietaria alquiló el departamento con cochera en un complejo residencial. El contrato estipulaba que la unidad se entregaba en buen estado, con instalaciones funcionando, recién pintada y con pisos de madera natural. Dos personas ocuparon la vivienda y una tercera firmó como garante y codeudora solidaria.
La relación contractual terminó de manera anticipada en octubre de 2023, cuando los inquilinos —de 31 y 32 años— devolvieron las llaves. Durante la revisión, la propietaria advirtió sectores sin luz, manchas y rayaduras en los pisos de madera de la cocina y el living, además de humedad detrás del inodoro del baño de servicio.
Luego, la empresa realizó nuevas verificaciones y un electricista detectó cables cortados en parte de la instalación , lo que obligó a rehacer el tendido eléctrico. La propietaria también alegó que las reparaciones impedirían ofrecer el departamento en alquiler durante un tiempo prolongado.
La demanda incluyó el reemplazo de tablas de madera, trabajos eléctricos, arreglos en una puerta y una factura de electricidad . Además, reclamó un resarcimiento por la imposibilidad de alquilar el inmueble mientras duraran las obras, descontando el depósito en garantía entregado al inicio del contrato.
Los demandados reconocieron la rescisión anticipada y la devolución de las llaves, pero negaron haber causado los daños . Cuestionaron la validez del acta de entrega y señalaron que la constatación notarial de los desperfectos se realizó 114 días después de dejar la vivienda, lo que —según ellos— impedía vincular los daños con su estadía.
En mayo de 2026, el juzgado de primera instancia consideró acreditado que el inmueble presentaba daños al momento de la restitución y que los inquilinos no demostraron que se tratara de deterioros propios del uso normal, vicios del inmueble o hechos ajenos a su conducta. La jueza valoró el acta de devolución de llaves, la constatación notarial con fotografías, testimonios y una pericia arquitectónica.
El informe técnico determinó la necesidad de reemplazar las tablas de madera del living por manchas profundas y señaló que el material era de primera calidad, no esperable que se deteriorara en un año y medio con mantenimiento adecuado.
La sentencia de primera instancia fijó $7.618.300 por daño emergente, destinados al cambio de pisos y reparación eléctrica, y desestimó el reclamo por una cerradura y una factura de electricidad por falta de pruebas. Además, otorgó $350.000 por la imposibilidad de alquilar el departamento durante las reparaciones, al tomar como referencia el canon locativo de USD 700 mensuales y una estimación de diez días hábiles de trabajo.
Los inquilinos y la garante apelaron, pero la Sala L de la Cámara Civil rechazó sus planteos el 1 de septiembre de 2026. Los jueces consideraron que el contrato, los testimonios, el acta notarial, las imágenes y la pericia formaban un conjunto suficiente para acreditar los daños y su relación con la devolución del inmueble. Además, recordaron que quien ocupa una propiedad debe devolverla en el estado en que la recibió, salvo el desgaste ordinario, y debe probar si los daños responden a defectos del bien o uso habitual.
La condena quedó confirmada y las costas del proceso de apelación fueron impuestas a los demandados.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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