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La Municipalidad de General Madariaga elevó un reclamo al Ministerio de Seguridad de la Provincia, al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Procurador General bonaerense. Advierte sobre la reducción del personal policial, la falta de móviles y la reiteración de personas vinculadas a distintos hechos delictivos durante 2026.
La Municipalidad de General Madariaga volvió a plantear su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa el distrito y reclamó una respuesta urgente y coordinada de los distintos organismos responsables de la seguridad y la Justicia.
A través de una nota dirigida al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Procurador General de la Provincia, el Ejecutivo municipal sostuvo que la problemática viene siendo advertida en reiteradas oportunidades y que el planteo no responde a un hecho puntual, sino a una situación que se mantiene en el tiempo.
Uno de los principales puntos señalados por el Municipio es la reiteración delictiva registrada durante los primeros meses de 2026. En ese sentido, un informe elaborado el 11 de agosto permite observar que varias personas aparecen vinculadas a distintos hechos investigados en un período relativamente corto.
Entre los casos mencionados se encuentra Brian Nahuel Gaitán, quien figura vinculado a siete hechos registrados entre el 18 de junio y el 1 de agosto, entre ellos robos, hurto, encubrimiento y robo agravado por efracción.
También aparece Juan Elías Luna, vinculado a siete hechos ocurridos entre febrero y julio, que incluyen distintos hurtos, un robo y una averiguación de ilícito.
Otro de los casos señalados es el de Osvaldo Martín Bemba, quien aparece relacionado con seis hechos, entre ellos un robo, distintos hurtos y hechos de lesiones agravadas.
El informe también menciona a Santiago Ariel Michia, vinculado a cinco hechos. En uno de esos casos, además, se estableció su participación en otros cinco hechos denunciados.
A su vez, Thiago Peralta aparece vinculado a cuatro hechos registrados entre enero y junio de este año. El documento incorpora además otros casos de reiteración durante 2026, entre ellos los de Franco Medina, Franco Molina, Julián Medina, Nahuel Jorge, Joaquín García, Guillermo De Bernardi, Javier José Reineck y María Anabella Espíndola.
Desde el Municipio remarcan que el dato que genera mayor preocupación no está relacionado con hechos ocurridos años atrás, sino con personas que aparecen vinculadas a varios expedientes durante el mismo año.
En ese contexto, el planteo municipal apunta a una pregunta central: qué sucede después de que una persona es identificada, aprehendida y puesta a disposición de la Justicia.
El Ejecutivo local sostiene que existe un trabajo permanente para colaborar con el esclarecimiento de los delitos y que una parte importante de las investigaciones se apoya en los recursos municipales disponibles.
En particular, se destaca el trabajo conjunto entre la Policía, el Centro de Monitoreo Municipal y los vigiladores municipales. Las cámaras de seguridad permiten reconstruir recorridos, identificar vehículos, seguir movimientos y aportar elementos que luego son incorporados a las investigaciones.
Pero, según se remarca desde el Municipio, detrás de esa tecnología también existe un trabajo humano permanente. Los vigiladores realizan el seguimiento de las imágenes, detectan situaciones sospechosas y aportan información a las fuerzas de seguridad cuando se produce un hecho.
El Ejecutivo municipal sostiene que el Municipio no solamente reclama seguridad, sino que también destina recursos económicos, tecnológicos y humanos para contribuir a la prevención y al esclarecimiento de delitos.
Sin embargo, el reclamo también apunta directamente a la situación de la Policía en el distrito.
Menos policías y falta de móviles
Uno de los aspectos centrales de la presentación es la reducción de la cantidad de efectivos policiales destinados a General Madariaga.
De acuerdo con lo señalado por el Municipio, actualmente el distrito cuenta con poco más de un tercio del personal policial que tenía aproximadamente cinco años atrás.
Para el Ejecutivo, esta reducción repercute directamente sobre la capacidad preventiva, ya que implica menos efectivos disponibles para realizar patrullajes, cubrir sectores de la ciudad y responder ante situaciones que requieren presencia policial.
A esto se suma la falta de móviles suficientes para el funcionamiento de la Policía Comunal y del Comando de Prevención Rural.
La situación adquiere una dimensión particular en General Madariaga debido a la extensión territorial del distrito y a la existencia de una importante zona rural, donde las distancias y la disponibilidad de vehículos resultan determinantes para garantizar una respuesta adecuada.
Desde el Municipio sostienen que la falta de personal y móviles limita las posibilidades de prevención, independientemente del esfuerzo que puedan realizar las autoridades locales.
El Municipio también aporta recursos para la seguridad
En la presentación, la Municipalidad recuerda además que viene realizando un esfuerzo económico para sostener parte del funcionamiento cotidiano de las fuerzas de seguridad.
Con recursos municipales se afrontan gastos vinculados con combustible, mantenimiento, reparaciones, logística y distintos elementos necesarios para el funcionamiento policial.
El Ejecutivo señala que ese aporte se realiza porque la seguridad de los vecinos constituye una prioridad y porque la falta de recursos no puede traducirse en una menor capacidad de prevención.
Pero al mismo tiempo establece un límite: el Municipio puede colaborar, pero no puede reemplazar a la Provincia.
La provisión de efectivos, móviles y recursos estructurales para el funcionamiento de la Policía corresponde al Estado provincial, por lo que desde el Ejecutivo local se reclama que esa responsabilidad sea asumida con los medios necesarios.
El narcotráfico y el narcomenudeo, otra preocupación
Otro de los puntos incluidos en el reclamo es la situación vinculada con el narcotráfico y el narcomenudeo.
Desde la Municipalidad señalan que esta problemática ya fue puesta en conocimiento de las autoridades y consideran necesario profundizar las investigaciones para avanzar sobre las estructuras que se encuentran detrás de la venta de drogas.
El planteo apunta a que las investigaciones no se concentren únicamente en quienes realizan la venta directa, sino que permitan identificar también a quienes organizan, financian y sostienen las estructuras vinculadas al narcotráfico.
Desde el Municipio advierten que la circulación de drogas puede derivar además en otras situaciones de violencia, disputas territoriales, circulación de armas y diferentes delitos que terminan impactando sobre la comunidad.
Por eso, consideran necesario fortalecer la articulación entre las fuerzas provinciales y federales para abordar el problema de manera integral.
El Municipio no decide quién queda detenido
Uno de los aspectos que el Ejecutivo considera necesario aclarar frente al reclamo de los vecinos es cuál es el alcance de las responsabilidades de cada organismo.
La Municipalidad no determina quién permanece detenido y quién recupera su libertad.
El Municipio puede aportar cámaras, vigiladores, información, logística y recursos para la prevención. La Policía, por su parte, tiene a su cargo las tareas de prevención, investigación y aprehensión. Una vez que una persona queda a disposición de la Justicia, corresponde a los órganos judiciales determinar cómo continúa cada proceso.
En ese punto, desde el Ejecutivo municipal se sostiene que la reiteración que surge del informe debería generar una respuesta institucional.
El planteo no apunta a desconocer las garantías constitucionales ni el debido proceso, sino a reclamar que las causas avancen y lleguen a una resolución.
La preocupación radica en que una misma persona pueda aparecer vinculada a cinco, seis o siete hechos en pocos meses y que, pese a ello, el problema vuelva a repetirse.
Desde el Municipio consideran que esta situación debe ser analizada por las autoridades competentes para determinar qué está ocurriendo con los procesos judiciales y cuáles son las medidas que corresponden en cada caso.
“Ya avisamos. Ahora necesitamos respuestas”
La Municipalidad sostiene que la situación de inseguridad ya fue planteada en distintas oportunidades ante las autoridades provinciales y nacionales y que ahora busca obtener respuestas concretas.
Entre los principales pedidos se encuentra la recomposición de la cantidad de efectivos policiales destinados al distrito, junto con la incorporación de móviles suficientes para la Policía Comunal y el Comando de Prevención Rural.
También se solicita fortalecer las tareas de prevención y patrullaje, profundizar las investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el narcomenudeo y mejorar la coordinación entre las fuerzas provinciales y federales.
Otro de los pedidos apunta a que se analicen especialmente los casos de personas que aparecen reiteradamente vinculadas a hechos delictivos durante un mismo período, así como también el avance de las causas judiciales iniciadas a partir de esos hechos.
Finalmente, el Municipio propone avanzar en una mesa de trabajo conjunta entre el Ejecutivo municipal, las autoridades policiales, los Ministerios de Seguridad y representantes de la Justicia, con el objetivo de abordar la problemática de manera coordinada.
Desde la Municipalidad de General Madariaga remarcan que la seguridad no puede depender de una sola institución.
El Ejecutivo local sostiene que continuará aportando recursos, cámaras, vigiladores, logística y colaboración para contribuir a la prevención y al esclarecimiento de los delitos.
Pero al mismo tiempo reclama que la Provincia garantice la cantidad de policías y móviles necesarios, que se profundice la lucha contra el narcotráfico y que la Justicia pueda brindar respuestas frente a los casos de reiteración delictiva.
El reclamo municipal parte de una premisa concreta: los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y cada organismo debe asumir la responsabilidad que le corresponde.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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