
Ante un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo firmó una resolución con medidas de prueba para determinar si los créditos hipotecarios que el Banco Nación concedió a un grupo de dirigentes y funcionarios libertarios, se hicieron bajo la normativa vigente. Se trata de nueve préstamos por un total de 2.500 millones de pesos. Además, el magistrado ordenó una auditoría a la AGN.
El Banco Nación otorgó al menos nueve créditos hipotecarios a dirigentes oficialistas. Hay varias preguntas al respecto: ¿Hubo algún favoritismo? ¿Se entregaron montos correspondientes a los ingresos de los solicitantes? ¿Se otorgaron respetando la normativa de la entidad financiera? Son algunos de los interrogantes que el fiscal Gerardo Pollicita busca esclarecer.
Los créditos fueron de entre 200 a 315 mil dólares, cifras superiores al promedio general.
Ante la justicia federal se radicaron tres denuncias que fueron unificadas en el juzgado de Lijo, quien a su vez, investiga a Manuel Adorni. Los delitos que se piden investigar son: administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
La fiscalía busca determinar si bajo la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación se otorgaron créditos hipotecarios de forma irregular e ilícita. El foco está puesto en dos posibles irregularidades: la inobservancia de la normativa financiera vigente y la concesión de privilegios indebidos a funcionarios públicos, empleados estatales y legisladores.
Entre las medidas de prueba impulsadas, se solicitó al Banco Central que aporte el marco normativo de los créditos y detalle si hubo flexibilizaciones desde diciembre de 2023.
Al Banco Nación, el juez le pidió los legajos completos (físicos y digitales) de los créditos otorgados a las personas señaladas, incluyendo recibos de sueldo, escrituras y eventuales reportes de operaciones sospechosas.
Asimismo, se solicitó un informe sobre el total de créditos otorgados a funcionarios versus la cartera general de clientes.
A la Jefatura de Gabinete y a la Cámara de Diputados, se les pidió que confirmen los roles públicos que desempeñaban los beneficiarios al momento de recibir los préstamos.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.
Fuente:
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo

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