.jpg)
Cada vez que aparecen nuevos datos sobre la crisis educativa argentina, la mirada se posa sobre ellos: los profesorados o Institutos de Formación Docente (IFD), encargados de preparar a los maestros que llegan a las aulas.
¿Qué está pasando allí? ¿Qué ocurre dentro de ese sistema que muchos describen como un “agujero negro” -con escasa información pública- y que, según distintos diagnósticos, no logra formar a docentes capaces de revertir el deterioro de los aprendizajes?
El panorama es complejo. Con más de 1.300 profesorados -unos 34 por cada millón de habitantes -, la Argentina está entre los países con más IFD por persona. Más del 60% son estatales y dependen de las provincias, que pagan los salarios.
Pero las críticas no apuntan solo a la cantidad, sino también a la calidad . Hay pocos profesorados en áreas prioritarias -como ciencias duras o idiomas- y muchos especialistas advierten debilidades en la formación.
A eso se suma la falta de planificación , en un sistema extendido por todo el país, donde la apertura de carreras muchas veces responde más a decisiones políticas locales que a una planificación educativa .
Frente a este panorama, el Gobierno de Milei puso en marcha un nuevo sistema de acreditación de los profesorados . El objetivo es evaluarlos periódicamente y establecer estándares más exigentes para darles validez nacional a las carreras que ofrecen y, si no pasan el test, cerrarlos.
Después de una prueba piloto realizada a fines del año pasado, según pudo saber Clarín el proceso arrancará este año con la evaluación de 300 profesorados : 150 con acreditación completa y otros 150 en etapa de autoevaluación.
Tras años de debate, el mecanismo finalmente surgió por consenso entre todas las provincias en el Consejo Federal de Educación (ámbito que reúne a los ministros de Educación del país), a pesar de la oposición de algunos gremios docentes .
El nuevo mecanismo de acreditación de los profesorados funciona de forma similar al sistema de evaluación universitaria que realiza la CONEAU. Pero en lugar de acreditar carreras, como ocurre en el sistema universitario, el nuevo esquema revisará el funcionamiento integral de cada profesorado.
El proceso incluye autoevaluación institucional, evaluación externa y recomendaciones de mejora. Y a mediano plazo, el resultado tendrá consecuencias concretas : una vez completado el circuito de acreditación, aquellos que no estén acreditados no podrán obtener la validez nacional para sus carreras .
El sistema surge de una resolución aprobada por el CFE en 2024 y que establece que los profesorados deberán pasar por el proceso de acreditación cada 6 años y que para el año 2030 todos deberán haber atravesado al menos un ciclo de evaluación.
Ese ciclo involucra dos instancias: la autoevaluación institucional y la evaluación externa a cargo de una Unidad Federal de Evaluación, coordinada por el INFoD, el órgano que regula la formación docente en el país.
A partir del informe que elaboren las unidades federales, el INFoD definirá la acreditación “total” (por 6 años) o “parcial” (por 3 años) de cada instituto. Si es parcial, el profesorado recibirá las recomendaciones tendientes a revertir las falencias encontradas. La acreditación parcial no impide la matriculación de nuevos estudiantes.
Uno de los objetivos que persigue el Gobierno de Milei, según afirman, es que todo esto sirva para que la oferta de carreras de los profesorados se ajuste a las necesidades del sistema escolar obligatorio.
Para eso, también impulsaron cambios en el diseño de las carreras de formación docente . En 2024 el CFE aprobó una resolución que actualiza los lineamientos curriculares de la formación docente inicial, algo que no se revisaba desde 2007.
Entre otras modificaciones, la reforma establece un límite máximo a la carga horaria de las carreras de los profesorados -muchas veces infladas para responder a necesidades laborales de los docentes más que a la formación de los estudiantes, dicen en el Gobierno- y habilita la posibilidad de incorporar componentes de educación a distancia en los profesorados.
Pero hay otro objetivo que es económico. En un contexto de fuerte ajuste en el sector educativo (cercano al 50% en el ámbito nacional, en los últimos dos años), desde el Gobierno buscan que las provincias -que administran los profesorados- también gasten menos.
“Esto es como las universidades. Estamos buscando que el gasto sea más inteligente , vinculado a resultados educativos”, le dicen fuentes oficiales a Clarín .
Cuando se le señala que las universidades las paga Nación y los profesorados las provincias, la respuesta es que “de todos modos es plata de los contribuyentes . Y también sale de la coparticipación federal , con lo cual también lo pagamos desde Nación”.
Junto con la acreditación y la reforma curricular, el plan oficial también incluye cambios en la formación continua de los docentes . Es decir, los docentes que están en ejercicio.
Allí el diagnóstico apunta al exceso de cursos , muchas veces desconectados de las necesidades reales de las escuelas , dicen desde el Gobierno.
Sostienen que durante años se impulsaron capacitaciones masivas que funcionaban como un “mercado de puntaje docente” , donde los docentes acumulaban certificados para mejorar su posición laboral sin que hubiera evidencia sobre el impacto de esas formaciones.
Cuando asumieron, aseguran, encontraron convenios millonarios con universidades y sindicatos para dictar cursos a través de la plataforma del INFoD. Uno de ellos, con seis universidades del Conurbano, implicaba unos 2.600 millones de pesos. Todos esos acuerdos fueron cancelados.
El nuevo enfoque busca que la formación continua se articule con las políticas educativas de cada provincia y no se diseñe desde la Nación de manera unilateral. En lugar de ofrecer cursos masivos, el organismo intenta actuar como apoyo técnico y financiero a los planes jurisdiccionales.
Un ejemplo son los llamados “ateneos didácticos” , espacios de capacitación que se realizan en las provincias y están vinculados a los planes de alfabetización. Los docentes participan en encuentros de formación vinculados con su práctica cotidiana y reciben una compensación económica por asistir.
Para este año, el programa cuenta con un presupuesto de unos 15.000 millones de pesos destinado a financiar capacitadores y pagar a los docentes que participan de estas instancias fuera de su horario de trabajo.
Además del foco en la formación docente, el Gobierno nacional avanza con otras iniciativas educativas que buscan mejorar la calidad educativa, y a las que tuvo acceso Clarín .
Fuente: 
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
.png)
.png)
Entradas
Redes