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La causa por la muerte de Killian Natanael Omar Faruolo Casas , el nene de tres años que murió ahogado en una pileta durante una reunión familiar en una casa de Los Hornos, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas.
La mamá de la víctima, Sara Elizabeth Casas, pidió el juicio político del fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, y de las camaristas María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard.
La mujer los acusa de mal desempeño, negligencia grave e incumplimiento de sus deberes en la investigación por la muerte de su hijo. “ Lo dejaron morir ”, denunció.
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2023 . Según el expediente, Killian se cayó en una pileta sin medidas de seguridad y permaneció varios minutos sumergido en el agua sin recibir ayuda.
La escena, reconstruida a partir de un video de una cámara de seguridad, es el núcleo de la polémica. “Había personas a un metro mirando ”, afirma Casas, según replicó el portal local 0221 .
De acuerdo con esa versión, al menos siete adultos tenían visión directa del nene en distintos momentos previos a la tragedia.
Sin embargo, la causa penal avanzó en una sola dirección: la abuela paterna del chico, Alejandra Arroz , quien será llevada a juicio por homicidio culposo . Nadie más.
Desde la muerte de su hijo, Casas inició una batalla judicial para que se amplíe la investigación. Según su denuncia, fue ella quien impulsó medidas clave, como la obtención del video que permitió reconstruir el hecho.
La única funcionaria que acompañó su postura fue la fiscal de instrucción Marita Scarpino , que incorporó ese material como prueba.
Sin embargo, la mujer asegura que el resto de la estructura judicial actuó en sentido contrario: desestimó líneas de investigación, fragmentó el expediente y evitó avanzar sobre otros posibles responsables.
Según la denunciante, el jefe de los fiscales no solo rechazó investigar a otros adultos, sino que nunca la recibió como víctima, en contradicción con la normativa que garantiza su participación en el proceso penal.
“Se negó sistemáticamente a atenderme” , cuestionó la mamá de Killian, que también denunció la vulneración de leyes de protección a las víctimas a nivel provincial y nacional.
Otro eje de la acusación es el manejo de la investigación. La denuncia remarca que, tras una orden judicial, en lugar de ampliar la causa existente se abrió un nuevo expediente, lo que generó un año de demoras por conflictos de competencia entre fiscalías y juzgados.
Finalmente, esa segunda investigación también fue desestimada, convalidando la hipótesis de que la única responsable era la abuela del menor. Para la madre, esa conclusión ignora el contenido del video y la dinámica real de los hechos.
La denuncia también apunta contra las camaristas Oyhamburu y Rezzónico Bernard , quienes intervinieron cuando Casas intentó revertir las decisiones que limitaron la investigación.
Tras un planteo de nulidad y una apelación, el caso llegó a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías, donde, según el escrito, las juezas rechazaron el recurso por cuestiones formales, sin analizar el fondo del planteo.
Casas denunció que esa decisión le cerró definitivamente el acceso a la justicia y consolidó la exclusión de otros posibles responsables. Además, cuestionó que ni siquiera fue recibida personalmente por las magistradas, pese a haberlo solicitado.
“El punto de quiebre”, describió la mujer, fue cuando la causa pasó de discutir responsabilidades a quedar atrapada en formalismos procesales.
El capítulo más extenso de la denuncia está dedicado a Vogliolo. Allí se detallan una serie de conductas que, según la presentación, configuran mal desempeño:
En este último punto, Casas denuncia que el fiscal general intentó derivar a Fernández Camillo al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de La Plata, en lo que interpreta como un intento de amedrentamiento .
Mientras tanto, la causa penal sigue su curso hacia el juicio oral con una única imputada : la abuela de la víctima. Ese escenario es el que Sara Casas intenta revertir desde hace más de tres años.
Su objetivo es que se investigue a todos los adultos que, según el video, estaban en condiciones de evitar la tragedia.
“No se trata de una diferencia jurídica, sino de decisiones que impidieron esclarecer lo sucedido” , sostiene en su presentación.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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