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Una fuerte puja entre el oficialismo y el peronismo estalló en Diputados luego de que ingresara en la Cámara baja una comunicación de la Justicia federal de Tucumán alertando sobre la situación judicial de un legislador K que tiene un pedido de desafuero y detención tras ser acusado de los delitos de "trata de personas" y "asociación ilícita" .
Se trata del diputado por Tucumán Carlos Cisneros , también dirigente gremial de La Bancaria, quien fue acusado de manejar una organización dedicada a la extorsión y a la explotación sexual . Según pudo confirmar Clarín , la justicia federal de esa provincia envió una comunicación a la Cámara de Diputados alertando sobre la denuncia presentada contra el diputado nacional.
La acusación fue planteada en el marco de la causa vinculada con el escándalo que involucró a cuatro ex futbolistas de Vélez Sarsfield que fueron acusados de violación en manada. Vale recordar que la Justicia de esa provincia ya dictó el sobreseimiento de los acusados y el caso podría dar un giro que llevaría a la presunta víctima de la violación a ser acusada de extorsión y falso testimonio.
El pedido de desafuero de Cisneros fue formalizado tras una presentación realizada por el futbolista José Ignacio Florentín Bobadilla, con el patrocinio de María Florencia Abdala y Camilo Atim. Bobadilla fue acusado junto a Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio de "violar en manada" a Lourdes Parache.
De acuerdo a la presentación realizada por Bobadilla, Parache, quien era empleada de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán que controlaba el diputado, fue utilizada como "instrumento de una trama extorsiva y de explotación sexual" a partir de la denuncia que impulso contra los futbolistas.
Lo cierto es que el caso de Cisneros, quien a través de la Caja de Ahorros también tiene influencia en el manejo de los juegos de azar en la provincia, está cruzado por una feroz interna por quedarse con el control de la justicia provincial.
Por ahora, lo concreto es que el juez federal Guillermo Díaz Martínez comunicó a la Cámara de Diputados sobre la situación judicial de Cisneros, quien está citado a indagatoria, por el delito de "trata de personas" , según se desprende de la investigación del fiscal Rafael Vehils Ruiz.
En rigor, la presentación no plantea un pedido formal de desafuero pero solicita a la Cámara adoptar "los fines institucionales que pudieran corresponder". Eso abrió la puerta para que la libertaria Lilia Lemoine presentara un proyecto de resolución pidiendo la urgente consideración de posibles sanciones disciplinarias y/o de desafuero del diputado peronista.
La movida ya había sido anticipada a principios de esta semana, luego de que ingresara la semana pasada la comunicación del juzgado federal con su giro a la comisión de Asuntos Constitucionales tras la presentación del futbolista Florentín Bobadilla realizada a fines de febrero pasado.
Desde el peronismo apuntaron su bronca contra el presidente de la Cámara, Martín Menem: lo acusan de haber dejado trascender el caso cuando aún no hay un pedido formal de la justicia solicitando el desafuero del legislador.
El oficialismo tiene el control de la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz, uno de los legisladores más cercanos a Menem, y la ofensiva fue encabezada por Lemoine, quien tiene línea directa con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
No obstante, el intento de desaforar al diputado K es difícil que pueda prosperar porque se necesitan los dos tercios de la cámara para quitarle los fueros, es decir, 172 votos.
En la actualidad, el bloque de Unión por la Patria tiene 93 bancas, es decir que si La Libertad Avanza consigue el apoyo de toda la oposición, incluyendo a la izquierda, aún le faltarían 8 votos ya que estaría en 164 legisladores.
Más allá de cómo se defina el caso políticamente, el juez Díaz Martínez avanzó con el pedido a la Cámara porque mientras Cisneros tenga fueros no podrá avanzar con una serie de allanamientos e intervención de los celulares del diputado, que de acuerdo a lo explicado por fuentes vinculadas a la causa serán clave para el esclarecimiento del caso.
La investigación que involucra a Cisneros comenzó luego de que fueran sobreseidos los cuatro ex futbolistas de Vélez Sarsfield que habían sido imputados por un presunto abuso sexual denunciado por Lourdes Parache el 6 de marzo de 2024.
De acuerdo a lo determinado en el juicio y a partir de una serie de pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de dos amigas de la denunciante se pudo determinar que el vínculo había sido consentido. A partir de ese momento se disparó la otra investigación que determinó que Parache era una empleada de la Caja de Ahorro y presuntamente formaba parte de la organización extorsiva que se le imputa a Cisneros.
En la presentación realizada por los abogados de Bobadilla se acusa a Cisneros de haber coordinado la falsa denuncia, como así también la manipulación de testimonios y eliminación de evidencia. Todo estos elemento permiten sospechar que se está detrás de "una red extorsiva que opera en el ámbito político, judicial y mediático de la provincia".
Lo que no está claro cuál sería el objetivo de Cisneros detrás de la acusación. Algunos hablan de la extorsión económica y otros de una operación para dejar en ridículo a un sector de la justicia de la provincia. "En este caso se juega parte del control de la justicia de Tucumán", reveló una fuente.
Al parecer, el diputado busca quedarse con el manejo de la justicia luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo lo dejara sin el manejo de la Caja de Ahorro, pero por el momento son todas especulaciones aunque el oficialismo está dispuesto a aprovechar el traspié para ir en contra del peronismo.
Redactor de la sección Política gberon@clarin.com
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Fuente: 
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