Se tensa la negociación por la reforma laboral: la oposición presiona al Gobierno por los cambios en las licencias por enfermedad

La discusión por la reforma laboral vuelve a subir la temperatura en el Congreso. Tras la media sanción del Senado, el proyecto debe atravesar ahora el filtro de Diputados, donde distintos bloques anticipan objeciones, sobre todo por los cambios incorporados a último momento en el régimen de licencias por enfermedad, un punto que incomoda incluso a sectores que suelen acompañar al Gobierno.

El oficialismo pretende avanzar rápido. La idea es reunir este miércoles a las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen y llevar el texto al recinto cuanto antes. En ese esquema, no está previsto convocar a funcionarios del Poder Ejecutivo, una decisión que ya generó malestar en parte de la oposición dialoguista.

Aunque inicialmente se hablaba de una sesión hacia el 25 de febrero, en las últimas horas empezó a tomar fuerza la posibilidad de acelerar los tiempos y tratarla antes, con el objetivo de que la normativa pueda comenzar a regir en marzo.

La votación en la Cámara alta, que terminó con 42 votos afirmativos y 30 negativos, dejó heridas abiertas. Varios aliados que acompañaron en líneas generales la modernización del sistema laboral advierten que algunos artículos requieren revisión.

Entre ellos aparece el PRO, uno de los respaldos parlamentarios más importantes de La Libertad Avanza. Desde esa bancada anticiparon que insistirán en revisar el apartado referido a las licencias médicas, al considerar que podría implicar una merma en la protección de los trabajadores.

En la UCR también surgieron reparos. Si bien reconocen que el proyecto en su conjunto reúne consensos, describen la modificación introducida en el Senado como “un punto ruidoso” que merece un análisis más profundo. Durante el fin de semana evaluarán la estrategia a seguir.

Las dudas se repiten en el interbloque Provincias Unidas, cercano a varios gobernadores, donde observan con preocupación el mismo artículo y no descartan impulsar cambios cuando el texto llegue al recinto.

Las críticas apuntan especialmente al artículo 44, que reforma el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se establece que, frente a una enfermedad o accidente no vinculado con la tarea laboral que impida trabajar, el empleado percibirá el 50% de su salario. Además, si hay una recaída, el episodio no será considerado una patología diferente.

El proyecto agrega que, si el impedimento deriva de una actividad que el trabajador sabía riesgosa, la remuneración ascenderá al 75%.

Desde la oposición advierten que la redacción puede multiplicar los conflictos judiciales. Argumentan que, ante cuadros graves, muchos empleados reclamarán por la vía legal para recuperar adicionales o comisiones que quedarían afuera del cálculo.

A pesar de los cuestionamientos, Martín Menem se muestra inflexible. El titular de la Cámara de Diputados ya avisó que su intención es mantener sin retoques el texto que llegó desde el Senado y empujar un trámite veloz para que la ley entre en vigencia cuanto antes.

En la Casa Rosada sostienen que el cambio es indispensable para evitar abusos en el uso de licencias. Esa postura fue defendida públicamente por Federico Sturzenegger, quien afirmó que, si una persona se accidenta realizando una actividad personal, el empleador no debería cargar con la totalidad del salario. Sus declaraciones generaron una fuerte reacción política.

Consciente de que necesita votos aliados, el oficialismo analiza caminos alternativos para no modificar la ley. Una de las variantes que circulan es introducir aclaraciones en la reglamentación, contemplando situaciones especiales como enfermedades crónicas o terminales.

Pero no es el único foco de tensión. En Provincias Unidas también ponen la lupa sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al entender que todavía no hay precisiones suficientes acerca de su implementación ni de la administración de los recursos destinados a indemnizaciones.

Según lo conversado en el Senado, el aporte de la ANSES podría distribuirse con un 2,5% para pymes y 1% para grandes empresas, con márgenes de ampliación. Aun así, persisten dudas.

Por su parte, el PRO sumó otro reclamo: pretende eliminar el artículo que habilita a billeteras virtuales a pagar salarios, al considerar que el Estado no debe intervenir en la forma en que el trabajador elige cobrar.

El peronismo, en tanto, prepara una discusión fuerte alrededor de la eventual retroactividad. Durante el debate en la Cámara alta, Mariano Recalde pidió aclarar expresamente si las nuevas reglas se aplicarían solo a contratos futuros. La redacción enviada a Diputados deja interpretaciones abiertas al señalar que la vigencia comenzará con la publicación en el Boletín Oficial, salvo indicación contraria.

Para distintos bloques, avanzar sobre relaciones laborales previas podría derivar en una ola de juicios por derechos adquiridos y abrir interrogantes constitucionales.

El cronograma inmediato marca el plenario de comisiones para mitad de semana. La intención oficial es llegar rápido al recinto, pero si la presión por cambios prospera, el calendario podría alterarse y el proyecto volvería al Senado para una nueva revisión.

La pulseada recién empieza y nadie se anima a asegurar hoy cuál será el texto final que terminará convirtiéndose en ley. Lo único claro es que las licencias por enfermedad se transformaron en el corazón del conflicto.