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Una nena de 12 años de la comunidad wichí atravesó una situación extrema en Tartagal, al norte de Salta. En las últimas horas, se encadenó en la Ciudad Judicial por temor a que la Justicia intentara obligarla a interrumpir su embarazo de cinco meses, producto de un abuso sexual.
La confusión se generó a partir de una citación judicial: la víctima creyó que la audiencia tenía como objetivo forzarla a abortar, cuando en realidad solo debía prestar declaración testimonial en el marco de la causa penal.
La protesta estuvo acompañada por su madre y por la referente wichí Marcela Calermo.
Abuso, embarazo y una investigación judicial
El caso se originó tras una denuncia presentada por la fiscal penal de Violencia de Género de Tartagal, que investiga un abuso sexual ocurrido en un paraje donde habita la comunidad wichí.
El acusado es un joven de 19 años, sobre quien pesa una orden de detención por abuso sexual con acceso carnal.
Días atrás, la menor había sido citada para declarar a través de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), un mecanismo utilizado para resguardar su integridad. Sin embargo, creyó que la convocatoria era para interrumpirle el embarazo y se encadenó en el edificio judicial.
Asistencia psicológica
Una psicóloga del Ministerio Público intervino de inmediato para explicarle que la citación era únicamente para que pudiera relatar lo ocurrido, y que nadie podía obligarla a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad.
También participó un intérprete, para garantizar que tanto ella como su familia comprendieran plenamente el proceso.
Tras despejar las dudas, la víctima accedió a declarar y la causa pudo avanzar.
Acompañamiento integral
La directora de Materno e Infancia de Salta, Patricia Leal, explicó que detectaron el embarazo en un operativo sanitario cuando la nena tenía unas ocho semanas de gestación.
Aclaró que la madre fue informada sobre todas las opciones legales, pero remarcó que “de ninguna manera se la obligó a abortar”.
La menor recibe controles médicos y acompañamiento de equipos de tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición.
La situación del acusado
La directora de Niñez y Familia de Tartagal recordó que una menor no puede consentir relaciones sexuales, lo que agrava la causa penal.
El Juzgado de Garantías Nº2 ya ordenó la detención del acusado, que sigue siendo buscado por la Policía.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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