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La Justicia detectó irregularidades en la ANDIS: sospecha de sobreprecios y direccionamiento en los contratos


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Tras el levantamiento del secreto de sumario, la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó a arrojar conclusiones preliminares que, según una fuente con acceso al expediente, apuntan a irregularidades internas y a la hipótesis de posibles sobreprecios y direccionamiento en las contrataciones, especialmente en los vínculos comerciales entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina.


Una fuente judicial citada por TN sostuvo: “La ANDIS presenta irregularidades, no solo en la contratación de medicamentos. Hay indicios de direccionamiento y de compras por encima del valor de mercado”, aunque advirtió que la causa está en una etapa inicial y que los avances relevantes podrían confirmarse cuando se complete el análisis forense de los dispositivos electrónicos secuestrados.


Entre los obstáculos más importantes para la fiscalía figura, por ahora, la imposibilidad de acceder al contenido de los celulares de los hermanos Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina. Ese análisis forense es considerado clave para corroborar si existió o no un esquema de retornos a cambio de adjudicaciones con supuestos sobreprecios.


En cambio, el teléfono de Daniel Garbellini, ex número dos de la ANDIS y responsable directo de la relación con las droguerías, fue revisado y, según fuentes judiciales, no arrojó “nada muy interesante”. De forma paralela, los investigadores analizan los registros de ingresos y egresos a los barrios cerrados donde residían Garbellini y el exdirector Diego Spagnuolo, con el objetivo de detectar posibles visitas de empresarios farmacéuticos, funcionarios o dirigentes políticos.


Los peritos avanzan con un análisis combinado —manual y automatizado— de la documentación en papel, archivos digitales y correos electrónicos secuestrados, mientras permanece pendiente el acceso al servidor de Suizo Argentina, un procedimiento técnico complejo que podría demorar varios días. El juez Sebastián Casanello inició ya la revisión profunda de las pruebas recabadas.


Hasta el momento no se registraron nuevas presentaciones formales por parte de Diego Spagnuolo, quien continúa sin designar abogado luego de la renuncia de sus defensores, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, producida tras los allanamientos a su domicilio y a la caja de seguridad en el Banco BBVA, donde se hallaron 80.000 dólares y 2.000 euros en efectivo. Al asumir el cargo, Spagnuolo había declarado un patrimonio de apenas 25.000 dólares, dato que hoy forma parte del análisis sobre la posible desproporción entre sus ingresos y los bienes detectados.


La falta de representación legal del exdirector genera incertidumbre sobre sus próximos pasos y sobre la posibilidad de que opte por presentarse como imputado colaborador. Esa alternativa permanece en estudio desde la difusión de los audios en los que, según la causa, Spagnuolo reconoce la existencia de un sistema de coimas con eventuales ramificaciones en el círculo más estrecho del Gobierno.


En paralelo al expediente penal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) continúa la evaluación técnica de los contratos firmados entre la ANDIS y Suizo Argentina. En la órbita del Ejecutivo avanza, además, una auditoría interna bajo la intervención de Alejandro Vilches, cuyo informe preliminar se espera para el mes próximo. Los hermanos Kovalivker, por su parte, pidieron la nulidad de la causa y sostienen que sus contratos fueron legales y que no ofertaron con sobreprecios.


Con el secreto de sumario levantado y los primeros indicios ya sobre la mesa, la causa entró en una nueva fase de revisión profunda de las pruebas, que marcará los pasos procesales de las próximas semanas y podría definir eventuales medidas contra los involucrados.


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