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El juicio por el caso Solange Musse llega a su instancia
final en los tribunales de Río Cuarto. Están previstos para este lunes los
alegatos de las partes. Luego, el jurado popular dará a conocer el veredicto
que resolverá si los funcionarios imputados son culpables o no de impedir la
entrada a Córdoba de Pablo Musse, el padre de la joven.
En el banquillo están José Fernando Andrada, exdirector del
hospital de Huinca Renancó y referente del Centro de Operaciones de Emergencia
(COE) local; y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto.
Ambos fueron acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de
funcionario público.
La querella sostiene que los funcionarios “desoyeron las
excepciones humanitarias” que preveían los protocolos y que su decisión vulneró
derechos básicos. Las defensas, en cambio, insisten en que sus clientes no
tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control de Huinca Renancó y
que sus imputaciones responden a una investigación con “falencias”.
En las audiencias pasaron exministros, médicos, policías y
personal del COE que defendieron la aplicación estricta de los protocolos,
mientras que otros admitieron que pudo haberse evaluado alguna excepción.
Todos los testimonios y pruebas que fueron incorporadas
durante el debate serán clave en la definición de este lunes del jurado
popular.
La historia de Solange
Musse tenía 35 años y vivía en Alta Gracia. Transitaba un
cáncer de mama avanzado y murió el 21 de agosto de 2020 sin poder despedirse de
su padre Pablo, que viajaba desde Plottier, Neuquén.
Fue el 16 de agosto de ese año, en plena cuarentena, cuando
el hombre fue frenado en el puesto sanitario de Huinca Renancó. Si bien tenía
los permisos de circulación, no tenía el PCR que exigía Córdoba en ese momento.
En su lugar le realizaron dos test rápidos que dieron
positivo, aunque más tarde comprobaron que eran “falsos positivos”.
Pese a que su cuñada Paola Oviedo, una mujer con
discapacidad motriz, viajaba con él y vivía en Alta Gracia, la decisión fue
determinante y no los dejaron entrar para darle el último adiós.
Ambos fueron “encapsulados” por patrulleros y escoltados de
regreso a Neuquén sin poder detenerse a descansar, ir al baño o comprar comida.
Musse murió cinco días después.
Lo que dejaron las audiencias
El juicio avanzó con testimonios de peso. El exministro de
Salud Diego Cardozo defendió la postura oficial: “Con un test negativo hubiera
podido pasar por fuerza mayor, pero con test positivo el riesgo era enorme por
un brote”.
Cardozo recordó que Córdoba atravesaba un pico con 70
muertos por día en agosto de 2020 y que sin vacunas ni tratamientos “dejar
pasar a alguien en esas condiciones era una gran responsabilidad”.
En ese sentido, declaró Juan Francisco Ledesma, exdirector
del COE central, quien desde la cárcel —donde cumple condena por abuso sexual—
insistió en que “con test positivo y sin PCR, Musse no podía trasladarse a Alta
Gracia”.
El director del hospital de Río Cuarto, Carlos Roberto Pepe,
coincidió en que los protocolos solo preveían flexibilizaciones para
emergencias médicas, no humanitarias, y agregó: “Musse venía de una zona con
transmisión comunitaria. Es decir, una zona roja”.
Otros funcionarios del COE, como el exsecretario de Gestión
de Riesgos Claudio Vignetta, admitieron que se podría haber consultado alguna
excepción, aunque defendieron que Córdoba no fue más estricta que otras
provincias.
También declaró una sargento voluntaria del COE de Alta
Gracia, que confirmó haber recibido la información sobre la enfermedad de Musse
y la discapacidad de Oviedo, pero relató que la respuesta siempre fue la misma:
“Sin PCR negativo, no había autorización”.
Con todas las pruebas ya incorporadas, será el turno este
lunes de los alegatos del fiscal Alejandro Rivero y de las defensas. Luego, el
jurado popular deberá decidir si los dos imputados son culpables o no de abuso
de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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