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En el año 2021 la secretaría de turismo, a cargo de Juan
Ibarguren, lanzó un relevamiento para citar a los propietarios de Monte Carlo a
presentarse ante la posibilidad de extensión de la zona urbanística de Pinamar.
Esa zona fue comercializada a principios de los 80 bajo una promesa de
construcción, apertura de calles e iluminación. Todo eso nunca se concretó.
Con toda esa información, luego del verano, se lanzó el Plan Pinamar 20050 con cambios en
todo el Código Urbanístico que impulsa el propio Ibarguren que hoy es
intendente.
Lucas Ventoso, exsecretario de Turismo de Pinamar hasta hace
algunas semanas y actual primer candidato a concejal por Somos Buenos Aires,
realizó fuertes declaraciones en diálogo con CNM 93.3, señalando que su
alejamiento del gobierno local se debió a un conflicto de fondo que, según él,
esconde un negocio inmobiliario de gran escala, con impactos urbanísticos y
ambientales que podrían cambiar para siempre el perfil de la ciudad.
“Cuando vi lo que estaba ocurriendo, empecé a investigar,
porque este muchacho (por el intendente Juan Ibarguren) quiere cambiar todo Pinamar.
Desde mayo o junio, hasta hace un mes y medio, cuando presenté mi renuncia,
todo giraba en torno a un plan que considero irregular”, afirmó Ventoso.
Según su relato, la mayoría de los terrenos involucrados en
las modificaciones urbanísticas pertenecen a Victorio Américo Gualtieri, un
poderoso empresario de la construcción con un largo historial de contratos
millonarios de obra pública en la provincia de Buenos Aires y vínculos con el
duhaldismo. También mencionó a Daniel Mautone, dueño de Casino Victoria S.A.,
como otro de los empresarios que podría ser beneficiado por las reformas.
Ventoso sostiene que el intendente Ibarguren habría
utilizado información privilegiada sobre la titularidad de terrenos —obtenida
cuando era secretario de Turismo— para decidir, ya como jefe comunal, el uso
del suelo de cada parcela, determinando quién podía construir una vivienda y
quién un edificio de hasta 10 o 25 pisos. Por eso una parcela determinada
podría valer 10.000 dólares y otra –en un sitio específico- millones de
dólares.
“Ese registro es un expediente público, pero está cajoneado.
El intendente lo usa como si fuera información confidencial, cuando debería ser
participativa y transparente”, advirtió.
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Vínculos con antecedentes de corrupción en La Plata
En su denuncia, Ventoso también apuntó contra el actual
secretario de Planeamiento de Pinamar, Ricardo Riddick, un exfuncionario de La
Plata que fue investigado por asociación ilícita durante la gestión del
intendente Pablo Bruera.
En aquel expediente, el fiscal Jorge Paolini comprobó que se
pedían coimas de hasta 216.000 dólares para rezonificar terrenos. Según la
causa que hubo en ese momento, Riddick actuaba como nexo entre funcionarios y
particulares para facilitar los cambios de uso de suelo a cambio de sobornos.
Las escuchas telefónicas y allanamientos realizados en 2014 revelaron un
esquema sistemático de corrupción que incluía a funcionarios de alto rango.
Ventoso subrayó que “ahora Riddick está en Pinamar con las
mismas funciones, cambiando el Código Urbanístico de acá”, y agregó que se
repiten patrones: presentación de funcionarios a privados, negociación de usos
de manzanas y concentración de poder en pocas manos.
Un crecimiento urbano sin planificación ambiental
El exfuncionario describió un proyecto que busca duplicar la
capacidad poblacional de Pinamar:
“La ciudad tiene capacidad para 300 mil personas y quieren
llevarla a 600 mil, una densidad superior a la de Morón o Mar del Plata. No hay
agua suficiente en verano, y en zonas costeras se pueden salinizar las napas.
Si seguimos sobreexplotando, el mar se meterá y contaminará con sal, algo
irreversible”.
Entre los cambios propuestos en el plan Pinamar 2025,
mencionó:
- Permitir edificios de hasta cinco pisos con locales comerciales sobre la Avenida del Mar, reemplazando las casas.
- Construcción de edificios en calle Burriquetas, con departamentos a ambos lados de la calle.
- Autorización de torres de hasta 25 pisos en algunas zonas de acceso a la ciudad.
“Están definiendo la ciudad como quieren dos o tres
personas, a espaldas del Concejo Deliberante y sin participación del Colegio de
Arquitectos. Esto no es un proyecto turístico, es un negocio inmobiliario”,
denunció.
Ventoso planteó un conflicto de intereses grave:
“Si es empresario, no puede ser funcionario público. El
intendente estuvo de los dos lados del mostrador. No tengo pruebas directas de
cohecho, pero sí de que retuvo información como secretario de Turismo y luego,
como intendente, la usó para zonificar zonas como Montecarlo. Para mí es
escandaloso”.
También cuestionó la campaña publicitaria oficial sobre el
proyecto:
“Es falsa y engañosa. Dice que van a cuidar Pinamar y
preservar los recursos naturales, y es todo mentira. Quieren engañar a la
población para ganar las elecciones por paliza y tener mayoría automática en el
HCD que apruebe todo”.
Gualtieri, Mautone y el poder económico
Ventoso fue claro en que no acusa a los empresarios de
cometer ilícitos, pero sí cuestiona la relación del intendente con ellos:
“Ellos hacen negocios, el problema es el rol del intendente
sentándose a la mesa para tramar el diseño urbano con sus propias tierras en
juego”.
El caso de Américo Gualtieri es emblemático: de ser un
desconocido constructor en Dolores pasó en los ‘90 a manejar un conglomerado de
20 sociedades con facturaciones millonarias, principal contratista de obra
pública provincial con el duhaldismo.
Por su parte, Daniel Mautone es un empresario del juego con
múltiples emprendimientos hoteleros y turísticos, y en Pinamar tiene el Casino Pinamar e impulsa el
proyecto Dunas, sobre la Ruta 11.
Proyección judicial
Ventoso anticipó que el caso podría derivar en una causa
judicial, ya que afirma contar con pruebas fundadas sobre las irregularidades.
“Esto es grave de verdad. No se trata solo de urbanismo, es el futuro de
Pinamar y la transparencia de su gobierno lo que está en juego”, cerró.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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