El Gobierno disolvió Vialidad Nacional y traspasa sus funciones al Ministerio de Economía y a Gendarmería

En una profunda reorganización del Estado antes del vencimiento de las facultades delegadas por la Ley Bases, el Gobierno nacional decidió disolver tres organismos clave del sistema de transporte: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Las funciones pasarán ahora a distintas dependencias, principalmente al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional.

Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, el objetivo es "reducir estructuras ineficientes" y avanzar hacia un esquema de gestión más ágil. Entre los argumentos expuestos en el decreto se menciona una “estructura compleja” y costosa en Vialidad, con falta de agilidad para ejecutar proyectos. Además, el Gobierno calificó al organismo como “un ícono de la corrupción”.

Desde ahora, la planificación, construcción y mantenimiento de rutas nacionales pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía, que podrá delegar estas tareas en otras jurisdicciones o incluso en el sector privado. De hecho, el propio decreto señala que “la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”, lo que deja entrever que avanzarán en la privatización de rutas.

Por otro lado, las tareas de fiscalización y control de concesiones viales se transferirán a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, surgida de la disolución de la CNRT.

Respecto a la seguridad vial, se disolvió la ANSV y varias de sus funciones pasarán a la Secretaría de Transporte, aunque la prevención y control en rutas nacionales quedará exclusivamente a cargo de Gendarmería. Esta fuerza podrá actuar en conjunto con organismos provinciales y municipales a través de convenios específicos.

Además, el 1% que pagan los asegurados sobre las primas del seguro automotor, que antes se destinaba a la ANSV, ahora irá a las arcas del Ministerio de Economía, que podrá reasignarlo a otras áreas según considere necesario.

Finalmente, se crea la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que reemplazará a la actual Junta de Seguridad en el Transporte.

Con esta serie de decretos, el Gobierno busca reestructurar organismos clave antes de perder las facultades delegadas por el Congreso, en una clara señal de cambio profundo en la gestión pública del transporte y la infraestructura.