La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una medida cautelar ante el fuero de la Seguridad Social para solicitar que se le restituyan tanto su jubilación de privilegio como la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Esta acción se produjo tras la decisión del Gobierno de dar de baja ambas asignaciones, a raíz de la condena en la Causa Vialidad.
Según el escrito presentado por su abogado, Facundo Fernández Pastor, la medida del Gobierno nacional representa “una vulneración de un derecho alimentario” que afecta su derecho a la seguridad social, a la subsistencia y, por ende, a la vida. El letrado explicó que la exvicepresidenta no posee otros medios de sustento, dado que en 2016 cedió los bienes heredados de Néstor Kirchner, así como los de su propio patrimonio, a sus hijos Máximo y Florencia.
En ese marco, Fernández Pastor detalló que su clienta se encuentra inhibida judicialmente y no posee bienes a su nombre, por lo que cualquier ingreso quedaría automáticamente paralizado. “Sus asignaciones mensuales vitalicias son el único ingreso que le permite subsistir”, remarcó.
El abogado también denunció que la medida constituye una persecución política, afirmando que “antes la proscripción la intentaban desde Comodoro Py, ahora lo hacen mediante una ley”. En esa línea, argumentó que se intenta impedir que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a representar políticamente al pueblo.
El escrito también menciona el caso de Zulema Yoma, viuda del expresidente Carlos Menem, quien sí continúa percibiendo una pensión, a pesar de las condenas que pesan sobre el exmandatario. Para Fernández Pastor, esto demuestra un trato desigual y arbitrario.
Desde el Ejecutivo, en tanto, justificaron la decisión en el hecho de que la jubilación de privilegio es una asignación graciable y no un derecho previsional, por lo que puede ser retirada ante situaciones que comprometan el honor o el mérito del beneficiario.
La defensa de Cristina Kirchner ya interpuso un recurso de nulidad para frenar la medida, que considera “ilegal y autoritaria”.
La causa se encuentra ahora bajo análisis de la jueza Karina Alonso Candis, quien deberá decidir si le corresponde o no volver a percibir los beneficios suspendidos.




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