El Correo
Argentino es una de las nueve empresas públicas que el Gobierno pretende
privatizar si se aprueba la Ley Bases en el Congreso de la Nación. Se activó
hace dos semanas un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con
importantes beneficios con el objetivo de reducir de manera inmediata la
plantilla de 16.858 empleados. Con este proceso en marcha, ya se concretaron
unas 2000 cesantías, pero la intención de la gestión de Javier Milei es avanzar
con los recortes hasta alcanzar una nómina final de 9500. Así lo reconocieron fuentes
inobjetables de la empresa estatal, cuyo cliente principal es Mercado Libre.
Correo
Argentino tuvo en 2023 un déficit de $100.000 millones y el desafío del
Gobierno es lograr un equilibrio económico mediante una novedosa
reestructuración que contempla, además de las más de 7000 bajas laborales, la
venta de algunos de los 901 inmuebles que tiene la compañía distribuidos en
todo el país y el surgimiento de franquicias públicas y privadas para conservar
la presencia en las 24 provincias. Para avanzar con las franquicias no sería
necesario el aval del Poder Legislativo. Ya está en marcha una iniciativa para
que comercios como kioscos o estaciones de servicios cuenten “un punto correo”.
También lo podrían tener intendencias u otras sedes estatales. De esta manera,
Correo Argentino se ahorraría los costos del lugar de atención al público y
también del personal. El objetivo de la administración libertaria es que la
empresa no dependa más del Tesoro para afrontar el pago de los salarios.
Está al
frente del proceso de reestructuración Camilo Baldini, el actual presidente y
director de Correo Argentino. Como el resto de las empresas públicas, el área
está bajo la órbita de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. Baldini conservó su
puesto después de haber ocupado el mismo sillón durante la presidencia de
Alberto Fernández. Es uno de los 1867 funcionarios del Frente de Todos que
siguen “en puesto de decisión” a pesar del cambio de gobierno, tal como lo
reconoció Posse en su presentación ante el Senado. Baldini ya había estado
también en la empresa pública durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner,
cuando La Cámpora controlaba el Ente Nacional de Comunicaciones. Entonces, ¿un
filo kirchnerista está al frente del ajuste que ordenó Milei? No. Baldini no es
un militante sino un técnico que conoce el negocio postal, según describen
fuentes del sector.
La
incertidumbre por el futuro del Correo Argentino sobrevoló en varios tramos de
la exposición de Posse en el Senado, el miércoles último. José María Carambia,
senador nacional por Santa Cruz, señaló durante la sesión que la intención del
Gobierno es pagar las indemnizaciones antes de que la empresa sea privatizada.
Si el
Correo Argentino cede terreno en el negocio, que sería lo opuesto al plan de
competitividad y saneamiento económico que Baldini le presentó a Posse, se
abriría una oportunidad que los correos privados podrían capitalizar. Es decir,
podrían beneficiarse Andreani, de la familia homónima; OCASA, la empresa de
Héctor Colella, exabogado de Alfredo Yabrán, y OCA, al mando hoy de Claudio
Espinoza (un empresario del transporte cercano a Hugo Moyano que le tomó hace
dos años la posta al Grupo Clear, vinculado a Cristóbal López y con paso fugaz
por el rubro). Espinoza, a través de la firma Flecha Log, mantiene hoy un
beneficioso acuerdo económico con el Correo Argentino como proveedora de
camionetas para el reparto de lo que en la jerga se llama “última milla”, según
informaron fuentes del sector.
El
sindicato que lidera Moyano es un jugador protagónico en lo relativo al correo
postal privado, cuyos trabajadores pueden estar encuadrados en el convenio
40/89 de los camioneros. En cambio, el personal de Correo Argentino se
distribuye en 93 sindicatos de todo el país que están representados en cuatro
federaciones. La más fuerte y representativa es la Federación de Obreros y
Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), que encabeza Alberto Carlos
Cejas. En la gerencia del Correo Argentino, creen hoy tener el aval de los
sindicatos para avanzar con el ajuste.
Mercado
Libre, el gigante del comercio electrónico que lidera Marcos Galperin, sigue
con atención el rompecabezas del sector, aunque rechazan de manera tajante un
interés por comprar Correo Argentino, que estuvo concesionado por el Grupo
Macri entre 1997 y 2003 por un canon que es motivo de una vigente pulseada en
la Justicia entre el Estado y Socma. “Hoy es todo reemplazable por tecnología”,
defendió la política oficial de recortes un exempresario del rubro.
El plan de
reducción de la estructura del Correo Argentino no es nuevo. Ya se había
avanzado con un recorte de personal entre 2021 y 2022, pero lo que hizo ahora
la gestión de Milei es acelerar el proceso con mayor determinación. Los retiros
voluntarios contemplan el pago de la indemnización correspondiente más un 30%
adicional. El proceso arrancó el 2 del mes en curso y finaliza el 24. Casi en
línea con los tiempos que se trazó el oficialismo para aprobar la Ley Bases y
contar con luz verde para privatizar.
El Correo
Argentino tiene hoy 14.500 empleados, 1452 sucursales y 901 inmuebles propios.
La intención es reducir la planta a 9500 personas y 500 sucursales. Con esta
estructura, la empresa estatal no lidera el mercado postal y logístico interno.
A diferencia de las empresas privadas, Correo Argentino debe garantizar por ley
la logística de las jornadas electorales nacionales. El reparto de urnas y
votos en todo el país. También mantiene bajo su órbita el correo postal tradicional
de entrega de documentación personal, cartas documentos y telegramas, que ya se
pueden hacer de manera electrónica sin la necesidad de ir a una sucursal
oficial.
“El
verdadero valor que tiene el Correo Argentino son sus inmuebles”, dijo un
empresario del sector. La intención de Baldini es venderlos para invertir lo
recaudado en tecnología. Tan incierto como el desenlace de la Ley Bases es
saber si el Gobierno tiene un deseo verdadero de competir con una empresa
postal propia en el mercado local de la logística, como ocurre en otros lugares
del mundo, o si el plan de reducción es solo para allanar el camino hacia una
eventual privatización.




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