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PILETAS: cuánto cuesta declararlas, cómo deben cargarse y dónde se puede desagotar el agua en Madariaga

 



La secretaria de Obras y Servicios Públicos, Diana Markovic, explicó que todas las piscinas deben declararse ante el Municipio y detalló los valores establecidos según el tipo de construcción. También advirtió que está prohibido conectarlas a la red de agua corriente y a la cloaca. Además, anticipó controles mediante imágenes satelitales y se refirió a las infracciones por obras sin permiso, los edificios abandonados y las viviendas donde se registran situaciones de inseguridad.


Con la llegada de los meses de calor y el aumento de la instalación de piletas en viviendas particulares, la Municipalidad de General Madariaga busca reforzar los controles sobre las construcciones y las conexiones de agua y desagües. La secretaria de Obras y Servicios Públicos, Diana Markovic, explicó que todas las piscinas deben declararse, cuáles son los valores que se aplican para su registro y qué condiciones deben respetarse para llenarlas y vaciarlas.


Durante una entrevista en CNM Radio 93.3, la funcionaria anticipó que para esta temporada se pretende intensificar la detección de piletas no declaradas mediante imágenes satelitales. La medida apunta a identificar instalaciones que no fueron informadas al Municipio y avanzar con las notificaciones correspondientes.


“Las piletas las tienen que declarar. Todos las tienen que declarar”, remarcó Markovic, quien explicó que su registro está contemplado dentro de la categorización de obras de la Caja de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires.


Cuánto cuesta declarar una pileta


Uno de los aspectos centrales de la explicación estuvo relacionado con los valores que deben abonarse para declarar una piscina. Según detalló la secretaria, el monto depende del material con el que está construida y se calcula tomando como referencia la unidad arancelaria establecida por los colegios profesionales de la provincia.


Actualmente, esa unidad arancelaria se encuentra en 1.500.000 pesos. Para las piletas de plástico se aplica el 25% de ese valor por cada metro cuadrado, mientras que para las de hormigón el porcentaje asciende al 50%.


Esto representa, tomando como referencia el valor informado por Markovic, 375.000 pesos por metro cuadrado para una pileta de plástico y 750.000 pesos por metro cuadrado para una de hormigón.


La funcionaria explicó que la diferencia responde a las categorías establecidas para cada tipo de construcción: “La pileta se paga como pagás un metro cuadrado de construcción. Nada más que tiene otra categoría”.


Por ejemplo, una piscina de ocho metros por dos tiene una superficie de 16 metros cuadrados. Aplicando esos valores de referencia, su declaración representaría 6 millones de pesos si es de plástico y 12 millones si es de hormigón. Se trata de un cálculo orientativo sobre la base de la unidad arancelaria mencionada durante la entrevista; según informaron durante un análisis los periodistas del programa Informe Central.


Markovic insistió en que no se trata de una declaración optativa y que alcanza tanto a las piscinas de material como a las prefabricadas que se instalan en el terreno.



Cómo se deben cargar y desagotar las piletas


Otro de los puntos sobre los que hizo especial hincapié fue la conexión de las piscinas a los servicios públicos. La funcionaria fue categórica al señalar que no pueden conectarse a la red de agua corriente para llenarlas ni utilizar la red cloacal para descargar el agua.


“Las piletas no pueden estar conectadas a la red de agua corriente. Eso es un problema que vamos a empezar a tener a partir de ahora”, advirtió.


Entonces, ¿cómo se deben llenar? Según explicó, los propietarios pueden recurrir a una perforación propia o contratar un servicio de provisión de agua mediante un camión cisterna. Lo que no está permitido es utilizar una conexión directa a la red pública.


La preocupación municipal está vinculada con la disponibilidad de agua para el conjunto de la población. Markovic señaló que, cuando se producen problemas de abastecimiento, los reclamos terminan llegando al Municipio, aunque el mantenimiento de las redes corresponde a la empresa prestataria.


En ese sentido, cuestionó que ABSA no realice controles técnicos sobre las conexiones domiciliarias y sostuvo que el tema ya fue planteado en distintas oportunidades junto al intendente. “Las conexiones las tiene que controlar ABSA”, expresó, al diferenciar esa responsabilidad del control municipal sobre las construcciones.


La otra prohibición importante está relacionada con el desagote. El agua de las piletas no puede volcarse a la red cloacal. La funcionaria explicó que ese tipo de conexiones, junto con las descargas de desagües pluviales, contribuye a generar inconvenientes y colapsos en el sistema de cloacas.


“Lo que también apelamos es a la responsabilidad del ciudadano”, señaló, al recordar que las piscinas no deben conectarse ni a la red de agua corriente ni a la cloacal.


¿Dónde se puede descargar el agua? La alternativa indicada es el sistema pluvial. Cuando existe un desagüe habilitado, la descarga debe dirigirse hacia ese sistema. En los lugares donde no hay un entubado cercano, puede utilizarse el cordón cuneta, respetando el horario establecido por el Municipio.


Markovic precisó que el desagote hacia el cordón debe realizarse a partir de las 20 horas, para que el agua circule durante la noche y no permanezca corriendo por la calle durante buena parte del día.


“Hay un procedimiento de desagote a la noche”, explicó. También aclaró que, cuando se necesita realizar una descarga hacia un pluvial, debe solicitarse el correspondiente permiso de vuelco y determinar previamente dónde se realizará.


La funcionaria describió que los mayores inconvenientes suelen registrarse en el casco urbano, especialmente con las piscinas de grandes dimensiones. Cuando varios vecinos descargan sus piletas durante la mañana o el mediodía, pueden producirse corrientes de agua que permanecen durante horas sobre la calzada, generan molestias y hasta provocan anegamientos en algunas esquinas.


Mencionó como ejemplo sectores de calle Belgrano y Uruguay, en dirección a la Escuela Nº 1, donde existen dificultades de escurrimiento por las pendientes y por las raíces de los árboles que, en algunos puntos, levantaron el asfalto.


La problemática, explicó, no se limita a la instalación de las piscinas: también requiere que los propietarios respeten las condiciones de conexión y descarga para evitar que el uso particular termine afectando a los servicios y al espacio público.


Controles de obras: construir sin permiso puede generar multas continuas


En otro tramo de la entrevista, Markovic se refirió a las construcciones particulares que comienzan sin autorización municipal y recién después buscan regularizar su situación.


La secretaria explicó que el procedimiento correcto comienza antes de iniciar los trabajos. El propietario debe contratar a un profesional con incumbencia, que puede ser un maestro mayor de obra, arquitecto o ingeniero. Ese profesional debe verificar qué está permitido construir en el terreno, consultar los antecedentes de la propiedad y preparar la documentación correspondiente.


Luego, los planos y la carpeta de obra ingresan por Mesa de Entrada del Municipio. La documentación es revisada por el área técnica y, cuando cumple con las condiciones exigidas, se firman los planos y se otorga el permiso para comenzar la construcción.


“Cuando está todo en condiciones, firmamos los planos y con eso les otorga el permiso de obra”, explicó.


Sin embargo, Markovic aseguró que en muchos casos el procedimiento se realiza al revés: los propietarios comienzan a construir, avanzan con la obra y recién cuando reciben una intimación municipal buscan contratar a un profesional.


“Hoy prefieren comprar un palet de ladrillos antes de contratar a un profesional”, graficó la funcionaria.


Esa conducta genera un trabajo permanente para los inspectores municipales, que deben recorrer distintos sectores, detectar construcciones sin autorización, labrar infracciones y notificar a los responsables.


Además, advirtió que no siempre alcanza con presentar los planos una vez iniciada la obra. General Madariaga cuenta con una ordenanza que establece un régimen de multa continua para determinadas construcciones que no se ajustan a la normativa de zonificación. Por eso, una obra que se intenta regularizar puede terminar generando sanciones económicas si no cumple con las condiciones urbanísticas vigentes.


La recomendación de la Secretaría es consultar antes de comenzar, verificar qué se puede construir y realizar los trámites correspondientes para evitar multas y problemas posteriores.


Edificios abandonados y viviendas donde se denuncian reuniones o situaciones conflictivas


La entrevista también abordó otra problemática que genera preocupación entre los vecinos: los terrenos y edificios abandonados, especialmente aquellos donde se denuncian ingresos de personas, reuniones o situaciones que pueden derivar en conflictos de seguridad.


Markovic explicó que el Municipio tiene distintos procedimientos administrativos para intervenir ante propiedades en mal estado. En el caso de los terrenos baldíos con pastos altos, los vecinos pueden realizar una denuncia y también pueden actuar los inspectores que detectan esas situaciones durante sus recorridas.


A partir de allí se abre un expediente, se notifica al titular o contribuyente y se establece un plazo para que realice la limpieza. Si no cumple, el Municipio puede efectuar los trabajos con personal propio y cargar el costo correspondiente a la tasa del inmueble.


“Nosotros lo hacemos limpiar con nuestra cuadrilla municipal y le cargamos la limpieza a la tasa”, detalló.


La situación es diferente cuando se trata de edificios abandonados o inmuebles vacíos donde se registran ingresos de personas y posibles situaciones conflictivas. En esos casos, la Secretaría trabaja en conjunto con el área de Seguridad y la asesoría de Legales para avanzar con las notificaciones a los responsables y determinar qué medidas pueden adoptarse.


Como antecedente, Markovic mencionó las actuaciones realizadas sobre el edificio de la ex clínica Carri, por el estado de deterioro tanto de la construcción como de la vereda.


Además, confirmó que existen otros dos procedimientos administrativos relacionados con edificios vacíos en los que se habrían registrado reuniones o situaciones que generan preocupación. Esos expedientes se encuentran actualmente en el área de Legales.


La consulta apuntó también a la posibilidad de exigir a los propietarios que tapiaran los accesos para impedir el ingreso de personas ajenas a los inmuebles. Sobre este punto, la funcionaria no anunció una orden general de tapiado, sino que explicó que se está trabajando en los mecanismos administrativos y legales para intervenir en cada caso, identificar a los responsables y coordinar las acciones con Seguridad.



“En estos casos donde hay juntas, ahí se trabaja más en conjunto con el área de Seguridad y de Legales”, precisó.


De esta manera, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos mantiene distintas líneas de intervención: desde la limpieza obligatoria de terrenos baldíos hasta las actuaciones sobre construcciones abandonadas que pueden convertirse en focos de preocupación para los vecinos.


Una responsabilidad que también alcanza a los propietarios


A lo largo de la entrevista, Diana Markovic insistió en la necesidad de que los vecinos conozcan las normas y realicen los trámites antes de construir o instalar una pileta. La declaración de las piscinas, el respeto por las conexiones de agua y cloacas y la descarga adecuada de los líquidos forman parte de las obligaciones que deben cumplirse para evitar problemas colectivos.


La funcionaria también planteó las dificultades que enfrenta el Estado municipal para controlar cada propiedad y cada intervención particular. En el caso de las piletas, reconoció que detectar una instalación ya ubicada dentro de un terreno privado presenta dificultades legales y operativas, por lo que el Municipio busca herramientas para poder notificar correctamente a quienes no las hayan declarado.


La intención, según explicó, es reforzar los controles de cara al verano, pero también que los propietarios asuman su parte de responsabilidad para cuidar los servicios públicos, respetar las normas de construcción y evitar que situaciones particulares terminen afectando a toda la comunidad.


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