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Miguel Edgardo Battista, el bioquímico acusado de mantener encerrada a su familia en una casa de Esquel , pidió recuperar la libertad, pero la Justicia resolvió que continúe detenido durante otros 30 días bajo la modalidad de arresto domiciliario. La decisión del juez José Luis Ennis llegó después de una audiencia en la que la Fiscalía solicitó que se extendiera la prisión preventiva y la defensa presentó testigos para intentar demostrar que el imputado tiene arraigo en la zona.
El planteo de la defensa fue que el hombre pudiera recuperar la libertad. Como alternativa, su abogado ofreció un domicilio particular en el que podría cumplir una eventual medida de arresto domiciliario. Para respaldar su postura, llevó testigos que buscaron acreditar que el acusado vive y desarrolla su actividad en la región desde hace varios años.
La Fiscalía, representada por la procuradora Cecilia Bagnato y el fiscal Fidel González, se opuso a la liberación y pidió que se extendiera la prisión preventiva por otros treinta días. Entre sus argumentos, sostuvo que el arraigo del imputado es débil, que no tiene un vínculo actual con su esposa e hijos y que su actividad laboral no representa un impedimento para abandonar la zona. También advirtió que cuenta con recursos económicos suficientes para trasladarse.
Además, la Fiscalía planteó que todavía existe riesgo de entorpecimiento de la investigación , tanto por la posibilidad de que el acusado influya sobre potenciales testigos como por el eventual contacto con las víctimas.
Al resolver, el juez José Luis Ennis consideró que todavía existen elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría del imputado en esta etapa del proceso. También señaló que la investigación continúa abierta y que todavía hay más de una hipótesis posible sobre lo ocurrido.
Sin embargo, tuvo en cuenta dos cuestiones centrales planteadas por la defensa: consideró acreditado que el hombre tiene arraigo en la zona, donde vive y desarrolla su actividad desde hace algunos años, y destacó que tiene más de 70 años.
Sobre este último punto, el magistrado entendió que, si eventualmente fuera condenado a una pena de prisión , podría cumplirla bajo arresto domiciliario por su edad. Según su criterio, esa misma regla debía aplicarse al momento de establecer una medida de coerción durante la investigación.
Por eso, aunque coincidió con la Fiscalía en que persisten los riesgos procesales y que el imputado debe continuar privado de su libertad, resolvió que cumpla los próximos treinta días en un domicilio particular. No podrá salir de allí sin autorización judicial.
Durante la audiencia también intervino la Asesoría de Familia, representada por Marcos Ponce, que acompañó el pedido de la Fiscalía y remarcó la necesidad de preservar a los adolescentes durante el proceso. Además, informó que se abrió un expediente en el Juzgado de Familia y que distintos organismos estatales intervienen en su cuidado y asistencia.
A pedido de la Asesoría, el juez dispuso que el imputado tenga prohibido acercarse o comunicarse con sus hijos por cualquier vía. En caso de incumplirse esta medida, podría continuar su detención en una cárcel, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) local.
La Fiscalía, por su parte, remarcó que no puede descartar ninguna hipótesis hasta agotar las medidas previstas en la investigación. Según explicó durante la audiencia, esas diligencias se realizan a diario.
La audiencia se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso del público ni de la prensa. Al comienzo, la Fiscalía y la Asesoría solicitaron que se respete la reserva de toda información vinculada con los adolescentes.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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