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La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Ginés Martín Jodar, un exasesor letrado del Poder Judicial acusado de instalar cámaras ocultas en los baños de mujeres de los Tribunales de Río Segundo y Jesús María para registrar a quienes ingresaban. La Justicia lo juzgará, entre otros delitos, por abuso sexual simple .
La resolución fue dictada este 24 de septiembre y rechazó los principales planteos de la defensa contra la elevación a juicio que había sido dispuesta inicialmente por la Fiscalía de Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, y luego por el Juzgado de Control y Faltas N°3. De esta manera, el expediente quedó encaminado al juicio oral y público.
Jodar, de 51 años, está acusado de haber utilizado de dos a tres cámaras en el período comprendido entre 2021 y 2023, mientras se desempeñaba como asesor letrado itinerante. Según la investigación, los dispositivos estaban ocultos en distintos sectores de los baños, como plafones, debajo de las bachas y cerca de los inodoros.
Las cámaras permitían registrar y transmitir las imágenes en vivo. La investigación sostiene que el acusado contaba con un sistema de transmisión remota, que le permitía observar desde el pasillo del baño cuando ingresaba alguna de sus compañeras, y seguir lo que ocurría en tiempo real.
La práctica delictiva salió a la luz a mediados de 2023, cuando una trabajadora de limpieza de los Tribunales de Río Segundo advirtió que Jodar merodeaba con frecuencia por la zona de los baños de mujeres. En una de esas ocasiones, le llamó la atención verlo allí con su teléfono celular.
Poco después, la mujer ingresó al baño y encontró a Jodar mientras redireccionaba una de las cámaras . El hallazgo permitió descubrir el sistema de filmación y dio inicio a una investigación que luego se extendió a los Tribunales de Jesús María, donde también cumplía funciones.
Algunas de las mujeres que aparecían en las imágenes pudieron reconocerse. Sin embargo, es difícil por ahora determinar la cantidad exacta de personas que podrían haber sido registradas durante esos dos años, debido al gran volumen que pasó por allí.
Una de las víctimas relató que se sintió “como una actriz porno” al enterarse de que había sido filmada. Las trabajadoras afectadas recibieron tratamiento psicológico y, según las pericias incorporadas a la causa, dos de ellas presentaron estrés postraumático crónico, ataques de pánico, ansiedad y depresión, síntomas que afectaron sus vidas tanto en el plano laboral como social y personal.
La acusación contra Jodar incluye la tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, agravada por la presencia de menores de 13 años, la producción de ese material y distintos hechos de abuso sexual simple . También deberá responder por abuso sexual simple reiterado en 17 hechos, y por abuso sexual simple en concurso con lesiones graves agravadas por mediar violencia de género en otros dos casos.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la consideración del registro de imágenes íntimas como una conducta que puede afectar la integridad sexual aun cuando no exista contacto físico. Para sostener este criterio, la Cámara retomó la doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el precedente conocido como “caso Carignano”.
Durante la investigación, Jodar reconoció la existencia de las cámaras, aunque sostuvo: “Yo no cometí ningún delito”.
La Cámara de Acusación, no obstante, mantuvo las imputaciones vinculadas con los daños psicológicos denunciados por dos de las víctimas. También confirmó que el acusado deberá llegar a juicio por los hechos de abuso sexual simple.
En cambio, los jueces hicieron lugar parcialmente a un planteo de la defensa y sobreseyeron a Jodar por el delito de violación de domicilio . Según la resolución, esa figura penal requiere el ingreso físico a un espacio de intimidad ajeno y no puede equipararse a la observación remota mediante una cámara.
La causa también generó reclamos dentro del propio Poder Judicial. Las trabajadoras afectadas solicitaron reconocimiento y medidas de protección . En el fuero de violencia de género, los hechos fueron considerados violencia psicológica y sexual en el ámbito laboral y se ordenó una licencia de un mes para cada una de ellas. Esa medida, según la información de la causa, todavía no fue cumplida por el Poder Judicial, que es el organismo encargado de hacerla efectiva.
Jodar permanece detenido desde diciembre de 2023. La Cámara confirmó la prisión preventiva, aunque modificó su modalidad: continuará privado de su libertad bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica .
Además, tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con las víctimas y con los peritos que intervienen en la causa.
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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