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La Justicia de Minas Gerais condenó a un shopping y a la empresa de seguridad que presta servicios en el establecimiento a indemnizar con R$ 2.000 a una mujer trans que fue cuestionada por utilizar el baño femenino.
La decisión fue tomada por mayoría por la 20ª Cámara Cívica del Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJ-MG), que consideró discriminatoria la conducta de los responsables de seguridad.
El episodio ocurrió cuando la mujer acudió al shopping acompañada de una amiga. Ambas utilizaron el baño femenino y, posteriormente, un agente de seguridad les indicó que debían utilizar el sanitario masculino.
Ante el cuestionamiento de las mujeres, ambas hablaron con el coordinador de seguridad del establecimiento. Durante la conversación, registrada en video, el responsable preguntó si contaban con algún documento que demostrara el cambio de sexo y les pidió que tuvieran "sentido común", haciendo referencia a las madres y niños que frecuentaban el lugar.
La mujer presentó una demanda por daños morales al considerar que había sido víctima de discriminación y una situación humillante. En primera instancia, sin embargo, la Justicia había rechazado el pedido al considerar que no había pruebas suficientes de una conducta ilícita.
La denunciante apeló y sostuvo que los videos incorporados al expediente demostraban la forma inadecuada en que había sido tratada. También señaló que el propio shopping había publicado posteriormente un pedido de disculpas en sus redes sociales.
La relatora del recurso, la desembargadora Lílian Maciel, sostuvo que la identidad de género forma parte de la personalidad de una persona y debe ser respetada en la convivencia social.
Según la magistrada, exigir un documento para permitir el acceso al baño femenino implicó someter a la mujer a un tratamiento diferente del recibido por otros clientes. También consideró que vincular la presencia de una mujer trans en ese espacio con una posible amenaza para mujeres y niños vulneró los principios de igualdad y dignidad humana.
La relatora había propuesto inicialmente una indemnización de R$ 10.000, pero durante el juicio hubo distintas posiciones entre los magistrados respecto de la responsabilidad y del monto.
Finalmente, por mayoría, la Cámara reconoció la existencia de una conducta ilícita y estableció una indemnización de R$ 2.000 por daños morales.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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