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La ligadura de trompas falló, quedó embarazada y la Justicia condenó al hospital a pagar una indemnización

 


 

La 3ª Sala Civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal (TJ/DF) mantuvo una indemnización de R$ 25 mil para una mujer que quedó embarazada después de someterse a una cirugía de ligadura de trompas en un hospital público.

Además, el Distrito Federal fue condenado a pagar una pensión mensual al menor hasta que cumpla 24 años, al considerar el tribunal que hubo omisión y negligencia durante la atención médica.

La mujer se realizó el procedimiento en diciembre de 2014, después del nacimiento de su tercer hijo, en el Hospital Regional de Asa Norte (HRAN). Según relató, en ese momento no recibió información sobre los cuidados posteriores a la cirugía ni sobre la posibilidad de un nuevo embarazo.

En junio de 2019, un examen confirmó que estaba embarazada. Según su relato, durante el parto el médico le informó que la ligadura del lado izquierdo no había sido realizada correctamente, lo que podría haber provocado el nuevo embarazo.


 

En primera instancia, el Juzgado de Hacienda Pública y Salud Pública del Distrito Federal había condenado al Distrito Federal a pagar una indemnización por daños morales y una pensión mensual. El gobierno recurrió la decisión y sostuvo que la paciente había recibido las orientaciones correspondientes y que se habían cumplido los requisitos legales para realizar la esterilización.

El tribunal consideró que hubo negligencia

Al analizar el recurso, la desembargadora Maria de Lourdes Abreu, relatora del caso, señaló que las pruebas y el informe pericial indicaban que durante la cirugía no se habían adoptado los procedimientos recomendados.

Para la magistrada, quedó configurada una situación de omisión y negligencia en la atención brindada por el Distrito Federal, además de una falta al deber de informar adecuadamente a la paciente.

La decisión consideró que la negligencia médica y la falta de información estuvieron relacionadas con el embarazo no planificado y afectaron derechos vinculados con la salud, el bienestar psicológico y la planificación familiar.

Por unanimidad, el tribunal mantuvo la condena al Distrito Federal: R$ 25 mil por daños morales para la mujer y una pensión mensual equivalente a un salario mínimo para el niño, desde su nacimiento hasta que cumpla 24 años.


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