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El jury de enjuiciamiento a tres de los fiscales que intervinieron en el caso por el crimen de Nora Dalmasso (51) , ocurrido hace casi dos décadas en Río Cuarto, Córdoba, tuvo este miércoles un capítulo importante.
Pasadas las 9.20, la fiscal general adjunta Betina Croppi comenzó su alegato acusatorio contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro , a quienes se los acusa por mala praxis y negligencia grave en la investigación del asesinato.
Tras casi dos horas de exposición, la funcionaria pidió la destitución inmediata de los tres fiscales por considerar que actuaron con negligencia grave y eso le causó un serio perjuicio a la resolución del caso, que lleva 19 años impune.
Tras varias jornadas de testimonios -incluyendo los de la familia Macarrón y funcionarios judiciales-, el tribunal presidido por la legisladora Julieta Rinaldi escucha desde este miércoles las conclusiones de la fiscal Croppi (por la acusación) y de los abogados defensores de los fiscales.
“Es la primera vez que en la provincia se procede en un jury de enjuiciamiento en contra de tres funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial”, aseveró Croppi al comenzar su presentación.
“Podemos afirmar con certeza que las circunstancias de la causa han sido probadas”, agregó la fiscal adelantando que su conclusión final será por la destitución de los fiscales.
Croppi planteó como eje fundamental la revictimización de Nora Dalmasso , a quien se la trató sin ningún tipo de perspectiva de género, provocando que se vulnere el derecho a la intimidad, visiblemente dañado por la difusión de rumores que surgieron de la misma fiscalía a cargo del caso.
La fiscal general adjunta planteó que desde el inicio se cometieron errores en el relevamiento de pruebas y se dejaron de lado elementos que luego se transformarían en centrales: las graves sospechas que recaen sobre el parquetista Roberto Bárzola , de quien se encontraron muestras genéticas en la bata de la víctima.
La mayor parte de la alocución se centró en el accionar del primer fiscal del caso, Javier Di Santo, a quien le achacó, entre otras cosas, tratar como una "desviación moral" la elección sexual de Facundo Macarrón , imputado durante cinco años por el crimen de su madre.
En el planteo de la segunda autoridad de los fiscales de Córdoba, se señaló que no hubo "errores aislados", sino una actitud de evidente desidia y una cadena de irregularidades inexplicables durante 12 años.
En este punto, remarcó que se trató de una negligencia grave, ya que el mal desempeño se manifestó en omisiones que causaron un daño institucional irreparable.
En su pedido de destitución, aseguró que los tres fiscales “no están preparados para la función que la ley les exige : custodiar el interés social y la correcta prestación del servicio de justicia”.
Agregó que los investigadores se alejaron de la perspectiva de género, optando por condenar moralmente a la víctima: “El rumor de los amantes de Nora nació en el quincho de la casa el mismo día del hallazgo, impulsado desde la propia fiscalía ”.
La funcionaria remarcó que se investigó más a la víctima y a su entorno familiar que al resto de los posibles implicados , ignorando las pruebas que comprometían a Bárzola.
Croppi hizo hincapié en que el sospechoso "estaba ante sus ojos" y fue descartado sistemáticamente.
Además, señaló que Bárzola mintió tres veces sobre su ubicación. Dijo haber ido a lo de Macarrón porque no pudo trabajar en lo de otro cliente por la lluvia, pero los libros de guardia del country San Esteban desmintieron su presencia allí.
Destacó que el parquetista se ubicó voluntariamente en la casa de Nora a la hora del crimen alegando que buscaba a su jefe, a pesar de que para llegar allí debía pasar por la casa de este último.
“Se grabaron 21 casetes de la línea de Bárzola y su concubina. Nadie los escuchó ni los transcribió. El fiscal Di Santo abandonó esta pista para perseguir a la familia”.
Por otro lado, Croppi apuntó que Di Santo viró hacia la familia luego del “perejilazo”: la movilización popular que se generó tras la detención del albañil Gastón Zárate.
Indicó que se imputó a Facundo Macarrón basándose en un mapeo genético que también incluía a Félix Macarrón (el suegro), eligiendo al hijo por prejuicios sobre su homosexualidad.
“ Se le arruinó la juventud durante cinco años con una acusación pública basada en sospechas leves. Se interrogó a sus amigos sobre su orientación sexual, algo irrelevante para el hecho”, expresó.
Prosiguió señalando que ninguno de los tres fiscales notó que los informes del FBI y de la perito Nidia Modesti (del Ceprocor) fueron claros: había un ADN desconocido de un varón en siete partes del cinto homicida.
“La doctora Modesti afirmó que la presencia de ese perfil mandaba un mensaje de autoría. El FBI pidió expresamente investigar al obrero. La Fiscalía no hizo nada” , advirtió.
Luego, aseguró que el fiscal Daniel Miralles se enfocó en la “alocada” idea de que el viudo Marcelo Macarrón viajó de incógnito desde Punta del Este para matar a su mujer tras tener relaciones sexuales consentidas: “Forzó una hipótesis descabellada e ignoró que el ADN podía deberse a la convivencia”.
Finalmente, aseveró que Luis Pizarro construyó la figura de " homicidio por encargo" sin pruebas. Sentenció que planteó un complot económico pero nunca identificó al sicario, ni el pago, ni la promesa.
"Pizarro afirmó que no investigó nada del sicario porque estaba esperando el juicio. Elevó la causa sin el peso mínimo necesario, llevando al Poder Judicial a un fracaso anunciado".
En síntesis, la fiscal aseguró que los acusados rehuyeron de la hipótesis obvia para enfocarse en una persecución contra la familia. " ¿Quieren hoy los fiscales que el asesino de Nora Dalmasso sea descubierto? Me permito dudarlo ", cerró antes de solicitar la destitución inmediata.
Por su parte, los defensores de los tres fiscales defendieron el accionar de los funcionarios judiciales y pidieron que sean absueltos. En ese sentido, Luciana Caminal, abogada de Di Santo, rechazó que la fiscalía haya generado los rumores sobre los amantes de la víctima y recordó que las actuaciones de este fiscal fueron avaladas en su momento por un Juez de Control. También señaló que el hallazgo del ADN de Bárzola fue un "hecho de casualidad".
A su turno, Daniel Fernández, defensor de Miralles, sostuvo que el alegato de Croppi fue "subjetivo" y que ella "se protege a sí misma" porque formó parte de la estructuración del Ministerio Público que estuvo a cargo de la causa. También dijo que el perfil genético del parquetista no era una "obviedad" y que la imputación al viudo se basó en pruebas que había en ese momento.
Mientras que Carlos Pajman, defensor de Pizarro, hizo hincapié en que la contaminación en la escena del crimen y de las pruebas fue "terrible" y denunció que durante la investigación hubo "aprietes" por parte de la Policía.
Por último declaró Pizarro, quien afirmó que su requisitoria "estaba bien hecha" y se basó "en mucha prueba objetiva", aunque reconoció que la causa contra el viudo ya es "cosa juzgada".
Nora Dalmasso (51) fue encontrada asesinada en su casa Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. La habían violado y estrangulado con el cinto de su bata de baño.
Primero se acusó a un albañil, Gastón Zárate -bautizado como "El perejil"-, luego Facundo Macarrón -entonces de solo 16 años- y finalmente al viudo que terminó absuelto en un juicio oral en 2022.
Sin embargo, la verdad estaba frente a las narices de todos. A fines de 2024 una prueba genética determinó que el ADN encontrado en el cinto de la bata y en un pelo hallado en el pubis de Nora eran del parquetista Roberto Bárzola (47), quien estaba trabajando en la casa de la víctima y con el que Dalmasso había tenido una fuerte discusión días antes.
Cada uno a su turno decidió no tomarle muestras de ADN. Esto finalmente lo hizo el fiscal Pablo José Jávega, quien recibió la causa ya prescripta.
El resultado de los estudios genéticos sobre Bárzola fueron concluyentes: estaba presente en unos 10 puntos del cinto de la bata de baño con la que ahorcaron a Dalmasso y había un vello púbico del hombre en la zona genital de la víctima.
Esto se supo a fines del 2024 y, desde entonces, la familia lucha porque la acusación contra el parquetista no se declare prescripta, o al menos se haga un juicio por la verdad. Eso están reclamando ante el Superior Tribunal de la Justicia de Córdoba.
Fuente: 
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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