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Una deuda histórica. Desde hace años, familias de personas con padecimientos mentales y organizaciones reclaman la modificación o sanción de una nueva ley de salud mental que responda a la problemática real y mejore efectivamente su calidad de vida.
La normativa fue sancionada en noviembre de 2010 y, en su momento, fue considerada de avanzada a nivel internacional. Pero a 15 años, las fallas en su implementación , la falta de presupuesto y la crisis grave de salud mental en la Argentina mostraron la necesidad de buscar soluciones a una cuestión que cada vez se profundiza más.
En ese contexto, el Gobierno anunció que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley N° 26.657 , con el objetivo de modificar los procesos de internación y “clarificar” los conceptos a las necesidades actuales.
Sin embargo, para los especialistas, la iniciativa no apunta a mejorar la situación de fondo. “ No es que la ley no sirva, el problema es que no se aplica como corresponde” , sintetizaron.
De acuerdo a lo que anticipó el Ministerio de Salud, el proyecto apunta a superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia y plantea la necesidad de reenfocar algunos criterios , basados en la situación actual.
Uno de los puntos más fuertes tiene que ver con la internación involuntaria y el cambio sobre el concepto “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros” .
“Este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro , en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento”, explicaron.
De esta manera, plantearon que en casos de urgencias un médico psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria de manera inmediata, aunque esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se propone ampliar de 10 a 24 horas el plazo para notificar a la Justicia.
Otra de las cuestiones está vinculada, según marcó el Ejecutivo, a la implementación desigual de la ley vigente. De las 23 provincias, solo 16 adhirieron formalmente a la normativa y apenas 18 cuentan con servicios de salud mental en hospitales generales , mientras que 20 disponen de camas de internación. “Esto genera desigualdades en el acceso , especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio”, argumentaron en la cartera que conduce Mario Lugones.
En ese marco, consideran que el modelo impulsado por la ley actual -centrado en la desinstitucionalización y el cierre de los monovalentes- enfrenta limitaciones concretas: “Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas , lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. Episodios graves en hospitales generales (Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen) reflejan estas limitaciones en casos complejos“.
Frente a este escenario, el proyecto busca implementar el fortalecimiento de una red de atención organizada por niveles de complejidad . Esto incluye desde hospitales especializados hasta servicios en hospitales generales , dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas.
También propone modificar el uso del término “padecimiento mental” , porque creen que es “demasiado amplio para la práctica clínica”, y adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), para incorporar el concepto de “trastornos mentales”.
Por otro lado, quieren fortalecer los sistemas de información, puntualmente el Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (Resam) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes) para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes, y mejorar la planificación del sistema; además de ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión.
A 15 años de su sanción, la Ley de Salud Mental enfrenta duras críticas por las fallas estructurales en su implementación. Aunque el texto se creó bajo una mirada humanista y una atención basada en la comunidad, la realidad muestra que los dispositivos necesarios para que el sistema funcione nunca llegaron a concretarse de manera efectiva , dejando tanto a pacientes como a familias en un laberinto de desprotección.
El foco de la mayor controversia está en el Artículo 20 , que regula las internaciones involuntarias. La norma exige que, para internar a alguien contra su voluntad, debe existir un “riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros” . En la práctica, esto obliga a que la persona deba estar en un momento crítico para que el sistema de salud pueda intervenir legalmente.
Para quienes defienden la ley, el nudo del conflicto no es la restricción a las internaciones, sino la ausencia de una red de apoyo . La norma prometía centros de atención primaria, hospitales generales con camas de salud mental, casas de medio camino y sistemas de atención domiciliaria. Sin embargo, defensores y críticos coinciden en algo: esa red de contención comunitaria simplemente no existe , lo que deja como única respuesta posible las internaciones.
La desfinanciación es el otro gran punto. Según la ley, el presupuesto para salud mental debería representar el 10% del total de Salud , tanto en Nación como en las provincias. Pero un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que en la última década esa cifra nunca superó el 2,7% y, en la mayoría de los años, ni siquiera llegó al 2% .
Hay una crítica fuerte también sobre la falta de datos actualizados . La normativa establece que debe realizarse un censo nacional cada dos años en todos los centros de internación públicos y privados. Sin embargo, en 15 años, se hizo uno solo (en 2019) . La ley, además, prohibía la creación de nuevos neuropsiquiátricos y fijaba el 2020 como fecha límite para su cierre definitivo por considerarlos estigmatizantes .
En cuanto al procedimiento para las internaciones, actualmente es algo burocrático y multidisciplinario. Se requiere la firma de al menos dos profesionales (uno de ellos psicólogo o psiquiatra) y la notificación obligatoria a un juez y al Órgano de Revisión (OR). Aunque se busca que la internación sea la última instancia y por el menor tiempo posible, la falta de acceso a tratamientos tempranos y preventivos hace que el 90% de las internaciones actuales terminen siendo involuntarias y críticas , así lo informó el último reporte del OR.
Para los especialistas, el nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno no apunta a resolver las falencias del sistema, sino a correr el eje del debate público y avanzar con nuevos recortes en el área.
“Estoy persuadido de que la Ley de Salud Mental, más que para modificar, tiene todo por implementar. El problema no es la norma, sino la inercia de la no decisión política y la falta sistemática de inversión ”, sostuvo Luciano Grasso , psicólogo y exdirector nacional de Salud Mental, en diálogo con TN .
En la misma línea, el presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), Alberto Trímboli , expresó su desconcierto: “Mi primer análisis es de sorpresa. En un contexto en el que se recortan recursos al Hospital Bonaparte, al Garrahan, a los dispositivos de Sedronar y a áreas vinculadas a la discapacidad, resulta difícil comprender el anuncio de una ‘nueva ley de salud mental’ supuestamente orientada a las familias”.
Las críticas apuntan a varios cambios que, según los especialistas, implican retrocesos en el enfoque de la salud mental. Para Grasso, el proyecto instala un “falso dilema” en torno a la flexibilización de las internaciones involuntarias. “Ya están permitidas por la ley vigente, bajo procedimientos claros”, aclaró. Trímboli coincidió y apuntó: “Llama la atención que se anuncien medidas que ya están contempladas en la ley vigente. Decir ahora que ‘la internación involuntaria no será impedida cuando sea necesaria’ no introduce ninguna novedad: eso ya está previsto. Entonces, cabe preguntarse si se desconoce la ley, no se la comprende o se intenta instalar una idea errónea “.
En paralelo, cuestionaron la modificación del criterio de intervención: reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo de vida ”. Trímboli alertó que este cambio podría reducir la capacidad de actuar de forma preventiva. Según explicó, dejaría fuera situaciones de riesgo subjetivo -para la persona o terceros- que hoy sí pueden abordarse antes de que escalen.
A esto se suma la preocupación por un posible regreso a un modelo centrado en el encierro . “Llamar a estas ‘instituciones monovalentes con dispositivos comunitarios’ es un eufemismo peligroso”, marcó Grasso. Para el especialista, el camino debería ser el contrario: fortalecer una red comunitaria para acompañar y contener.
Al respecto, Trímboli señaló: “Resulta especialmente preocupante la idea de internar los casos ‘graves’ en instituciones monovalentes y los ‘leves’ en hospitales generales . Una distinción arbitraria, impracticable y conceptualmente errónea, que desconoce la experiencia acumulada de hospitales generales que desde hace décadas atienden cuadros complejísimos. Parecería que el objetivo es ampliar al máximo las internaciones ”.
Respecto a la terminología, el reemplazo de “padecimiento mental” por “afección o trastorno” es interpretado por los especialistas como una discusión secundaria. Según Grasso, el concepto de padecimiento no niega la psicopatología, sino que evita reducir a la persona a un diagnóstico rígido, al incorporar su dimensión social y vincular.
“No hay que olvidar que la ley vigente no es una norma aislada. Se articula con el conjunto del sistema jurídico nacional y recoge principios establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Modificarla en el sentido propuesto implicaría también entrar en tensión con otras normas, como el Código Civil y Comercial, el Código Penal, e incluso con la propia Constitución Nacional, que ha otorgado jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales”, manifestó Trímboli.
Por otro lado, Eduardo Quiroga , integrante de la ACIJ, advirtió que la reforma elimina la obligación de destinar al menos el 10% del presupuesto de Salud al área de Salud Mental. Esto dejaría de ser un compromiso tanto para el Estado nacional como para las provincias, en un contexto de demanda creciente. “Sin recursos no se puede fortalecer la red de atención primaria ni garantizar servicios de calidad” , analizó.
Quiroga también puso el foco en la falta de herramientas para los equipos tratantes y las familias, especialmente en la etapa posterior a una internación. Expuso que hoy no existen dispositivos suficientes que aseguren la continuidad de los tratamientos de forma ambulatoria, el acceso a medicación y la inclusión social. En ese sentido, advirtió que “flexibilizar las internaciones no resuelve esas carencias, que solo pueden abordarse con inversión sostenida y políticas públicas integrales”.
Por su parte, la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina lanzó un fuerte comunicado en repudio de la iniciativa: “En un contexto signado por un evidente y sostenido agravamiento de los problemas de salud mental en nuestra población, resulta imprescindible señalar que dicho agravamiento no puede ser atribuido al marco normativo vigente. Por el contrario, la ley ha constituido un avance significativo en la construcción de un paradigma de derechos humanos en salud mental , promoviendo abordajes interdisciplinarios, comunitarios y respetuosos de la dignidad de las personas”.
“Pretender responsabilizar a esta normativa por las actuales dificultades implica desconocer tanto su espíritu como su potencial aun no plenamente desarrollado . El deterioro de las condiciones de salud mental en la Argentina responde, en cambio, a un proceso sistemático de desinversión en políticas públicas sanitarias y sociales. No solo resulta inoportuna, sino que corre el riesgo de desplazar el foco del problema. No es la ley la que agrava los padecimientos subjetivos y sociales de nuestra comunidad, es la falta de inversión sostenida , la fragmentación del sistema de salud, el debilitamiento de los dispositivos territoriales y comunitarios, y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población”, reforzaron.
A la espera de que el Gobierno presente el proyecto oficial ante el Congreso para su aprobación, el debate vuelve a florecer. En ese escenario, el foco no solo estará puesto en las diferencias técnicas y jurídicas, sino también en el impacto concreto sobre pacientes y familias, que hoy conviven con un sistema que no funciona como debería.
Visualización de datos: Damián Mugnolo
Diseño de imagen: Iván Paulucci / Sebastián Neduchal
Fuente: 
TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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