La revisión profunda y sincera que aún es una deuda pendiente

"El país está viviendo un momento revolucionario y a ustedes lo único que les preocupa es tener 'la libretita' universitaria para mostrársela a sus papis... ¡No me vengan con tonterías de burguesitos malcriados!", les reprochó el decano-interventor de la Facultad de Derecho, Mario Kestelboin, a los atónitos delegados que le reclamaban, en nombre de sus compañeros de curso, una constancia palpable de que, bajo el régimen de "ingreso irrestricto", adquirirían la condición de alumnos regulares de la carrera. Todo se estaba transformando y el lenguaje también se precipitaba. Socialismo. Lucha armada. Patria o muerte.

Transcurría el año 1973, el general Alejandro Agustín Lanusse había cumplido su palabra de entregar el mando al candidato justicialista Héctor J. Cámpora, amplio ganador de los comicios. La Argentina era un hervidero y los grupos de la izquierda insurgente, tanto de origen peronista (Montoneros, FAR y FAP), los de extracción marxista (PRT-ERP), y otros de menor envergadura, acariciaban el objetivo de "profundizar las contradicciones" para avanzar hacia un cambio de sistema. La revolución dejaba de ser un "un sueño eterno" -en palabras de Andrés Rivera-, para volverse un proyecto que estaba en boca de multitudes.

El clima de rebelión se extendía. Ni siquiera las estructuras partidarias tradicionales lograban contener la presión que emergía, desbocada, principalmente desde las huestes juveniles. Al revisar las plataformas electorales de la época, se confirma la magnitud de esa efervescencia: conceptos como "reforma agraria", "combate a los monopolios" y "liberación nacional" formaban parte del léxico común de muchas fuerzas populares, incluyendo a sectores de centro (o "burgueses", según la definición marxista, en boga por entonces).

El contragolpe ilegal de sectores del poder no tardó en mostrar su cara más violenta y oscura. Antes del 24 de marzo de 1976, la sangre ya corría descontrolada. Los años que antecedieron al golpe militar fueron un infierno. El Estado poseía un aparato ilegal de exterminio previo al pronunciamiento militar. La triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una banda parapolicial comandada por el ministro de Bienestar Social y ex secretario privado de Perón, José López Rega, no solo mataba, secuestraba y torturaba, sino que ejecutaba atroces orgías de sangre, ceremonias de escarmiento a plena luz del día. Morir era mucho más que una costumbre.

Este dato, muchas veces utilizado por sectores ultramontanos para "justificar" la posterior conversión del Estado -con el golpe del 24 de marzo de 1976- en maquinaria criminal, no puede, sin embargo, ser soslayado del análisis histórico. Y no debería ser esquivado en los debates de la izquierda democrática, a veces renuente, sobre todo a partir de la política oficial del kirchnerismo, que buscó -y en gran medida consiguió- tapar, o al menos disminuir, las graves consecuencias de la cacería criminal instrumentada durante el gobierno constitucional en el período 74-76, acrecentada luego de la muerte del líder justicialista.

La tentación simplista ha teñido, durante estas largas décadas, la posibilidad de una revisión profunda y sincera de la traumática etapa que culminó en la mayor matanza de civiles de la Argentina contemporánea. Demasiadas veces, la búsqueda de reparación, tan necesaria y gravitante para consolidar la democracia (y que tuvo en el Juicio a las Juntas militares de 1985 un hito fundacional, porque, aún con limitaciones, puso en el banquillo de los acusados, y condenó, a quienes tuvieron la responsabilidad política y operacional de convertir al país en un baño de sangre post 76) ha sustituido un debate imprescindible para acercar a la sociedad a una visión global, más próxima a lo que realmente sucedió.

Poco a poco, el prejuicio fue contaminando -gracias a los relatos maniqueos- toda alternativa de una conversación razonable. El Estado, que debía velar por la mayor cuota de transparencia posible, renunció a toda pretensión de objetividad. Decidió, desde el acto en el ex centro de detención y torturas ESMA del 24 de marzo de 2004 -cuando Néstor Kirchner lanzó su plataforma política-, tomar partido por una parte de las víctimas civiles de aquellos tiempos. Cometió, entonces, una grosera distorsión de los hechos.

El reduccionismo, terminó por desvirtuar cualquier pretensión de auténtica construcción histórica. Con el pretexto de escapar a la trampa de "los dos demonios", nos hundió en el maniqueísmo. Incluso, quienes abrazaron la violencia durante esos dramáticos tiempos, convencidos de que se trataba de la única instancia para lograr una sociedad más justa, fueron a parar a la fosa común del victimismo.

Al simplificar -y distorsionar- el contexto histórico, los narradores oficiales terminaron por sepultar la posibilidad de una discusión que podría haber contribuido a atenuar, aunque sea en parte, las heridas aún sangrantes de la tragedia. Hicieron lo contrario de lo que recomendaban prominentes figuras internacionales, como el filósofo Tzvetan Todorov, quien advirtiera que " el culto a la memoria no siempre sirve a la justicia " y "tampoco es forzosamente favorable para la propia memoria".

En 2010, cuando visitó el imponente campus erigido en recuerdo de las víctimas de la violencia estatal en la Costanera Norte, el filósofo búlgaro-francés observó que, aún con las mejores intenciones, el memorial omitía datos imprescindibles para una cabal comprensión de lo que realmente había ocurrido. "Al finalizar el circuito -señaló-, el visitante no sabe nada de sus vidas (la de los homenajeados) antes de que los detuvieran". ¿Qué querían? ¿Cómo pensaban? ¿Integraron fuerzas irregulares? ¿Los asesinaron y/o murieron en combate?

Al renunciar a reunir todos los fragmentos de la verdad, desconociendo las profundas causas de un fenómeno de época que excedía las fronteras nacionales, sediento de construir poder en un país cuyas instituciones habían volado por el aire con la crisis del 2001 ("Que se vayan todos"), el gobierno kirchnerista decidió clausurar la historia. E hizo, exactamente lo contrario de lo que recomendaba Todorov: simplificó la ecuación y le entregó las llaves de la narrativa al sector más intransigente de los movimientos humanitarios.

Sin embargo, no se puede responsabilizar a las madres y a los padres de las víctimas (la mayoría de ellas, como lo constató la CONADEP, torturadas y asesinadas por un aparato estatal que hizo de la ilegalidad una práctica truculenta y cotidiana) por haber aceptado aquella tentadora oferta discursiva. Fue el poder político el que renunció a toda pretensión de construir una narrativa ajustada a la verdad: bajó el martillo dando por concluida toda conversación razonable. ¿Qué podían hacer, entonces, quienes habían sufrido el mayor escarnio que una persona puede sufrir?

Al penoso trajín de buscar respuestas por la desaparición y/o asesinato de sus seres queridos, ¿debían, además, ignorar la voz complaciente del poder que venía a decirles que todo había sido en favor de una buena causa y que nada debía cuestionarse? Hubo, claro, algunos ejemplos, como los de Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini, quienes, a pesar de haber sufrido también el horror en carne propia, pudieron elevarse por sobre la demagogia oficialista para exigir un debate profundo y sostenido en respeto de los hechos.

Pero, quienes navegan contra corriente, no necesariamente ganan las batallas cuando la mar está embravecida. Sin embargo, son imprescindibles. Sin ellas, testigos y víctimas de la furia, la historia sería solo un complaciente relato. "El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado" , dice William Faulkner en Réquiem para una mujer . La tarea sigue pendiente

Fuente: Clarín