Embargan a la Provincia por más de $157 mil millones por contaminación en la cuenca del Río de la Plata

La Justicia Federal dispuso un embargo por más de 157 mil millones de pesos contra la Provincia de Buenos Aires debido a la falta de obras para tratar los efluentes cloacales que afectan el sistema hídrico de la región capital.

La medida fue dictada por el juez federal Alberto Recondo, quien ordenó trabar el embargo por $157.164.287.201 hasta que el gobierno provincial avance con obras de saneamiento destinadas a reducir la contaminación que afecta al río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.

En su resolución, el magistrado calificó la situación ambiental como “aberrante”, al sostener que el sistema hídrico se transformó en “un sumidero de desechos cloacales e industriales”.

La decisión judicial busca que se ejecuten trabajos para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales provenientes de La Plata, Berisso y Ensenada, además de garantizar el retiro mecanizado de residuos sólidos urbanos acumulados en el estuario y en el arroyo El Gato.

Informes técnicos sobre la contaminación

Para evaluar la situación ambiental, la Justicia solicitó un informe técnico a la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

El estudio determinó que existe un grado de contaminación extremadamente alto en todo el sistema, producto del vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos urbanos.

Según el informe, las descargas cloacales en el arroyo El Gato son masivas, especialmente en el sector posterior a la calle 1 de La Plata, aunque también se detectaron aportes importantes aguas arriba, en zonas como La Granja y Melchor Romero.

Además, se identificó que otros cursos urbanos como el arroyo Saladero en Berisso y los canales Oeste y Doña Flora en Ensenada también contribuyen a la contaminación con descargas urbanas e industriales.

Un problema que lleva más de 20 años

En su fallo, el juez sostuvo que la falta de una política ambiental adecuada por parte del Estado provincial se arrastra desde hace más de dos décadas, por lo que excede a la actual administración.

Recordó que las obras de saneamiento debían comenzar en 2022, durante el primer mandato del actual gobierno provincial, y que el costo representaba entonces menos del 1% del presupuesto provincial.

El proyecto de infraestructura pendiente tiene un valor estimado de 245,9 millones de dólares y un plazo de ejecución de tres años.

Según la resolución judicial, el problema no se explica por falta de financiamiento internacional, sino por decisiones del Estado provincial en la asignación de recursos.

Apelación del gobierno provincial

Desde la Fiscalía de Estado bonaerense se informó que la Provincia apelará la decisión judicial, mientras que el Poder Ejecutivo no respondió públicamente sobre las demoras en la ejecución de las obras destinadas a sanear la cuenca.

Antes de esta resolución ya se habían dictado medidas cautelares que no fueron cumplidas, lo que motivó la decisión del juez de avanzar con el embargo millonario.