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El conflicto judicial entre Refres Now, la firma que produce la gaseosa Manaos, y un exvendedor volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse la palabra de su fundador, Orlando Canido. El empresario cuestionó con dureza el monto que la Justicia mendocina fijó como indemnización y admitió que la estrategia a seguir quedará en manos de sus abogados.
La causa tuvo un recorrido que impactó por las cifras. En una primera instancia, la Cámara laboral había establecido una condena superior a los $1.463 millones. Luego, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó el fallo, mantuvo la responsabilidad de la empresa pero redujo el total a algo más de $807 millones calculados a valores de abril de 2025. Aun así, los intereses continúan corriendo.
Para Canido, los números siguen siendo difíciles de explicar. “No sé cuánto podía ganar como vendedor ni qué cuentas hacen para llegar a esas cifras”, expresó al referirse al trabajador que, según su recuerdo, estuvo vinculado a la compañía durante seis o siete años.
El empresario remarcó que respeta los derechos laborales, aunque insistió en que el sistema de indemnizaciones necesita cambios para evitar interpretaciones que, a su entender, resultan desmedidas. Sobre el origen del litigio, deslizó que el exempleado habría tenido inicialmente varias provincias a cargo y luego parte de ese esquema se modificó.
Cómo se originó la demanda
El trabajador inició acciones judiciales tras denunciar despido sin causa, además de irregularidades en la registración, descuentos indebidos y supuestas maniobras de evasión previsional. Sostuvo que comenzó a desempeñarse en octubre de 2013, pero que su situación formal se habría regularizado recién dos años después y bajo modalidades contractuales que, según su planteo, no reflejaban la realidad del vínculo.
Durante casi una década cumplió funciones de distribución en Mendoza, San Juan y La Pampa. Con esos antecedentes, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael determinó la cifra millonaria inicial.
Al revisar la sentencia, el máximo tribunal provincial ratificó que existió despido y relación laboral encubierta, pero modificó el mecanismo de actualización. Para ello aplicó la tasa de préstamos personales del Banco Nación, contempló el perfil económico del demandante y ordenó cancelar el monto en un plazo breve.
El impacto político
El expediente trascendió el caso particular y se metió de lleno en la discusión pública sobre la reforma del régimen laboral. Desde el Gobierno sostienen que la futura normativa debería precisar con mayor claridad qué rubros integran una indemnización y cómo se calculan intereses, con el argumento de reducir la discrecionalidad judicial.
Canido ya había planteado esa preocupación tiempo atrás, incluso en charlas empresarias. Allí describió que, en su visión, existen situaciones donde algunos trabajadores optan por considerarse despedidos ante la expectativa de obtener una compensación elevada.
En ese mismo debate participó Domingo Contessi, titular de Astilleros Federico Contessi, quien manifestó su respaldo a una reforma que, entiende, podría favorecer la generación de empleo formal. El industrial sostuvo que a veces se instala la idea de que la indemnización corresponde aun cuando el empleado decide irse por voluntad propia, algo que calificó como una distorsión.
Qué viene ahora
Mientras el tema suma repercusiones, en la empresa evitan anticipar movimientos. “Está en manos del estudio jurídico”, repiten cerca del fundador.
El monto final continúa siendo elevado incluso tras la reducción. Y, con los intereses acumulándose, el caso promete seguir alimentando el debate sobre cómo deben calcularse las compensaciones laborales en la Argentina.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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