
Tres jueces con una larga trayectoria en el fuero federa serán los encargados de juzgar a las siete personas que fueron procesadas por la sustracción de Loan Danilo Peña (6) en Corrientes y también a otras diez que están acusadas de entorpecer la investigación.
Solo habrá un magistrado "local" y es Fermín Amado Ceroleni . Mientras que los otros dos integrantes del tribunal son los subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa; y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.
El juicio aun no tiene una fecha de inicio y el 27 de febrero próximo habrá una audiencia preliminar con todas las partes del proceso. El fiscal federal Carlos Schaefer y su equipo -integrado por otros seis fiscales auxiliares- estarán a cargo de la acusación junto a los representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
En los últimos días, el equipo fiscal realizó una depuración de la lista de testigos y pedirá ante el tribunal que declaren un total de 161 personas. A este número se le sumarán los que pidan los defensores, con lo cual se estima que el debate se desarrollará durante al menos dos o tres meses.
Ceroleni, Belforte y Bracco deben definir aún si se trasladará a Corrientes a los acusados que permanecen privados de su libertad para que declaren en forma presencial, o si se habilita su participación vía Zoom.
Todo indica que el juicio se realizará en la sala del Tribunal Oral Federal de Corrientes, pero todavía resta establecer cuántas audiencias semanales se realizarán. Y si Bracco seguirá las instancias del debate en forma remota, ya que cumple con sus funciones a casi 2.000 kilómetros de la capital correntina.
Bracco fue nombrado juez del Tribunal Oral Federal de General Roca, en Río Negro, en 2019. Antes de desempeñó como secretario del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires. Como juez ya le tocó intervenir en causas por delitos de Lesa Humanidad y en el juicio por el crimen del mapuche Rafael Nahuel Salvo (22) por parte de un grupo de integrantes del grupo Albatros de Prefectura, una causa que en su momento tuvo un gran impacto político.
El Tribunal de General Roca condenó por ese hecho a los prefectos Sergio Guillermo Cavia, quien fue el autor del disparo mortal; Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García. Los cinco fueron hallados culpables de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa.
Este hecho ocurrió el 25 de noviembre del 2017 durante un enfrentamiento entre los integrantes de la fuerza federal y un grupo de mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que habían sido desalojados de las inmediaciones del lago Mascardi.
Por su parte, Ceroleni, de 72 años, tiene una extensa carrera judicial y desde 2008 integra el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Allí le tocó intervenir en resonantes casos de narcotráfico , uno de trata de personas que tuvo como imputado a un fiscal de Paso de los Libres y también juzgó a los responsables del secuestro del estudiante Cristian Schaerer.
Mientras que Belforte comenzó su carrera en los tribunales porteños como oficial relator en la década de los 90 y en 2008 fue nombrado en el Tribunal Oral Federal de Formosa. A lo largo de su carrera intervino en causas por corrupción estatal y también en otro caso que terminó con condenas pocas veces vista por narcotráfico en la Argentina.
El magistrado también formó parte del tribunal que condenó a 21 años de cárcel al abogado y empresario Carlos Salvatore por el envío de una tonelada de cocaína a Europa, disimulada en una carga de carbón vegetal que partió de Chaco. El caso fue conocido como “Carbón Blanco”.
Por ese hecho, Patricio Gorosito, un ex empresario futbolístico de Arroyo Seco fue sentenciado a cumplir una pena de 19 años. Los comerciantes Héctor Roberto y Héctor Pérez Parga, que también fueron parte de la banda recibieron una condena de 17 años de cárcel. La pena menor fue para Rubén Esquivel, el capataz de la planta donde se elaboraba el carbón, en Quitilipi, y fue de 12 años.
Ceroleni, Belforte y Bracco ahora deberán establecer las responsabilidades que tuvieron los siete procesados por la sustracción de Loan la tarde del 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, a ocho kilómetros de la localidad de 9 de Julio.
Por el hecho están procesados Bernardino Antonio, Laudelina Peña, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava; Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi; y el ex comisario Walter Maciel.
Además, en el banquillo de los acusados estarán sentados otras diez personas que llegaron a 9 de Julio con la finalidad de entorpecer y desviar la investigación del caso. Entre ellos está Nicolás Gabriel Soria, un oscuro personaje que se hacía pasar por integrante de Interpol o la DEA pero sólo tenía un carnet de conducir de Miami.
Horas después de la desaparición de Loan, un botín del chico fue “plantado” en un barrial próximo a una laguna. Con eso los imputados lograron mantener la hipótesis de que el pequeño se había perdido en una zona de campo y montes, prolongando así su búsqueda durante más de una semana.
Fuente:
Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo

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