Gobernadores y oposición advierten: el Presupuesto 2026 debe sancionarse este año

El presidente Javier Milei se prepara para presentar por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026, pero ya enfrenta un frente común de gobernadores y legisladores opositores —incluso de aliados circunstanciales— que le marcaron la cancha: no habrá margen para una nueva prórroga y el Congreso sancionará la ley, aun cuando no satisfaga plenamente al oficialismo.

Tras dos años sin presupuesto aprobado, una situación que permitió al Ejecutivo manejar partidas con discrecionalidad, los mandatarios provinciales y los bloques legislativos pretenden fijar reglas claras. Para eso buscarán imponerle al presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, un cronograma estricto de debate, con citaciones a funcionarios de Economía y una fecha límite para dictaminar. El objetivo es que la norma esté sancionada antes de fin de año, evitando la maniobra del año pasado, cuando el oficialismo cerró abruptamente el debate y prorrogó por segunda vez consecutiva el Presupuesto 2023.

El Gobierno, consciente de la presión, evalúa acelerar el debate ni bien Milei remita el proyecto al Congreso. Al mismo tiempo, planea ofrecer concesiones parciales a las provincias: una nueva propuesta sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —tras vetar la ley que buscaba coparticiparlos— y cambios en el reparto del impuesto a los combustibles.

En ese marco se reunieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular de Economía, Luis Caputo. Aunque los tres gobernadores tienen acuerdos con el oficialismo en sus distritos, advirtieron que esta vez el presupuesto debe aprobarse y que “no hay margen para otra prórroga”.

Durante la reunión, los ministros defendieron la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, mientras que los mandatarios reclamaron flexibilidad. “Tres años seguidos de motosierra son insostenibles”, admitió un diputado cercano a uno de los gobernadores dialoguistas.

La desconfianza, sin embargo, domina el escenario. Legisladores recuerdan que mientras el ministro Catalán promete diálogo, el Gobierno vetó recientemente dos leyes sensibles para las provincias —coparticipación de ATN y financiamiento universitario— y además recortó partidas: $17.477 millones en transferencias corrientes, incluidos $7000 millones en ATN y casi $40.000 millones destinados a universidades.

Los gobernadores se preparan para revisar con lupa las partidas más sensibles: transferencias a las cajas jubilatorias provinciales, fondos de obra pública, educación, salud y el esquema de retenciones agropecuarias. El régimen fiscal especial de Tierra del Fuego también aparece en el radar del debate.

La gran incógnita es si Milei aceptará modificaciones a su hoja de ruta económica. El año pasado, en pleno apogeo de popularidad, se negó a cualquier concesión y clausuró la discusión. Pero la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires modificó el tablero político. En la oposición temen que el Gobierno haga concesiones para conseguir la sanción de la ley y luego vete los artículos incómodos cuando el Congreso cierre su actividad ordinaria el 30 de noviembre.

El debate del Presupuesto 2026 se anticipa como una pulseada decisiva: para los gobernadores, representa una herramienta de previsibilidad; para el Gobierno, un test de su capacidad de negociación en un escenario político más adverso que el del año pasado.