El Cuerpo Médico Forense presentó su segundo informe ante el juez federal Ernesto Kreplak, confirmando que el uso del lote 31.202 de fentanilo contaminado de HLB Pharma Group SA elevó significativamente la mortalidad de pacientes en estado crítico. De las 40 historias clínicas analizadas, 24 fallecimientos presentan un “nexo concausal”, es decir, la infección bacteriana derivada del medicamento fue un factor clave —aunque no exclusivo— en los desenlaces fatales.
Los peritos detectaron en las ampollas de fentanilo y en hemocultivos de los pacientes la presencia de Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae, dos bacilos Gram negativos multirresistentes que complicaron aún más la salud de enfermos con múltiples comorbilidades. Según el informe, esto produjo un notable agravamiento en su condición clínica.
Un estudio científico incorporado al informe señala que estas infecciones provocadas por el fármaco contaminado elevaron la mortalidad en un 52 % dentro de los 30 días posteriores a su administración.
Los peritos explican que Ralstonia es un microorganismo oportunista que puede sobrevivir en soluciones, lo que sugiere contaminación del medicamento, mientras que Klebsiella es altamente virulenta y frecuentemente involucrada en infecciones intrahospitalarias.
Aunque no se pudo demostrar un nexo causal directo —es decir, que la infección fuera la única causa del deceso—, se concluyó que el fentanilo contaminado agravó de manera significativa la condición clínica de los pacientes, convirtiéndose en un factor determinante en muchos casos.
Hasta el momento, se revisaron 40 de las 122 historias clínicas vinculadas al lote de fentanilo mortal. El magistrado solicitó revisar casos que inicialmente fueron descartados por errores o inconsistencias en los registros, para determinar si hay más víctimas con nexo concausal.
La magnitud del caso es alarmante: se estima que hasta 96 muertes podrían estar relacionadas con el uso de fentanilo contaminado, lo que lo convierte en uno de los peores desastres sanitarios recientes en el país. Se calcula que más de 300 000 ampollas de los lotes contaminados fueron distribuidas antes de que se ordenara su retiro.
En la causa judicial hay 17 imputados, de los cuales siete están detenidos, incluyendo a Ariel García Furfaro y dos de sus hermanos. La madre, Nélida Furfaro —también imputada— permanece en libertad por razones de salud. El juez Kreplak tiene diez días hábiles para definir la situación procesal de cada uno, en un expediente que sigue sumando pruebas y testimonios mientras las familias de las víctimas reclaman justicia.



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