Un grave caso de privación ilegítima de la libertad,
extorsión y robo recientemente esclarecido alerta a las autoridades judiciales
y policiales sobre una nueva modalidad delictiva, surgida en el último año a
partir de la masificación del uso de las billeteras virtuales.
La investigación comenzó el pasado 30 de junio, cuando un
adolescente fue víctima de un ladrón que lo sorprendió mientras caminaba solo
por San Lorenzo y Mendoza y lo obligó a recorrer varias cuadras ubicadas en las
inmediaciones de la Plaza del Agua. Durante 20 minutos, bajo amenaza de
matarlo, el asaltante retuvo al joven hasta obligarlo a hacer una transferencia
de dinero a través de la aplicación Mercado Pago.
Según la denuncia posterior de la madre del menor, el
delincuente obligó a su hijo a enviarle 22 mil pesos a una mujer y después le
sustrajo su teléfono marca iPhone 11, además de un buzo de la Selección
Argentina de Rugby. También hizo que la víctima revelara su clave de iCloud,
importante dato para la pesquisa, puesto que permitió el reinicio del sistema
operativo del celular y, acto seguido, su respectiva venta.
La información citada fue una de las claves para que el
fiscal Luis Ferreyra y sus colaboradores lograran esclarecer el hecho. Porque,
conforme pudo saber LA CAPITAL, el artefacto sería publicado luego en oferta en
las redes sociales.
A raíz de ese aviso, fue la propia madre del joven quien,
aconsejada por la policía, pactó un encuentro con el vendedor en una estación
de servicios de Juan B. Justo y Tucumán. El objetivo, como suele ocurrir en
estos casos, era engañar al delincuente, que los efectivos lo detuvieran y
recuperar el teléfono robado.
El operativo se llevó a cabo el 3 de julio y en dicho lugar
fue detenido un hombre. Sin embargo, al declarar ante la Justicia el sospechoso
pudo acreditar que había adquirido el artefacto tras comprárselo, antes, al
verdadero ladrón.
De acuerdo con la versión que dio ante los investigadores,
el 30 de junio se encontraba en la casa de su prima cuando un vecino de ella
tocó el timbre y le ofreció a la venta el iPhone 11. Como la joven no tenía el
dinero para comprarlo, lo hizo él, que recién había cobrado, por el valor de
200 dólares al cambio oficial.
Según contó el primer acusado entonces, chequeó en internet,
con el número de imei que identifica al objeto, que no hubiera sido robado
antes de comprarlo, y no sospechó nada acerca de lo que había ocurrido
realmente porque el celular había sido desbloqueado y reiniciado (tal como se
explicó antes, gracias a que el delincuente había accedido a hacerlo por medio
de la clave de iCloud).
La razón por la cual lo puso a la venta luego en las redes
sociales, señaló el detenido -que luego quedó liberado-, fue porque no se
acostumbró al sistema operativo de iPhone, distinto a los que había utilizado
en el pasado. Por último, dijo que no conocía a la mujer a la que la víctima le
había transferido dinero.
La investigación judicial se orientó entonces a identificar
al delincuente y también a su supuesta cómplice. Sin embargo, al avanzar en la
pesquisa, se descubrió que ella en realidad había sido acreedora de una deuda
mantenida por parte del ladrón que, al obligar al menor a enviarle esos 22 mil
pesos a su cuenta de Mercado Pago, lo que buscó, en rigor, fue saldar la misma.
A partir de toda la información reunida, el fiscal Ferreyra
supo finalmente que el autor del robo al adolescente había sido Tomás Sebastián
Sosa, un joven con antecedentes delictivos que residía con su abuela en una
casa del barrio Cerrito Sur. Tras ello, en los últimos días supo que gozaba del
beneficio de arresto domiciliario en el marco de una causa, y, acto seguido,
pidió autorización para allanar el inmueble.
En las últimas horas, la Justicia de Garantías autorizó la
realización del operativo en la propiedad de Sicilia al 4500, pero al llegar
este miércoles al lugar la policía no encontró a Sosa. Posteriormente, los
investigadores supieron que el mencionado arresto domiciliario aún no se había
efectivizado por cuestiones procesales, y acabaron por localizarlo en la misma
cárcel de Batán, donde está preso a disposición de la Justicia Correccional.
Ahora, además de su anterior imputación, Sosa quedó acusado
de los delitos de “privación ilegítima de la libertad, extorsión y robo”.
Preocupación
El caso narrado más arriba alertó de nuevo a las autoridades
judiciales y policiales, tal como lo había hecho hace exactamente un año,
cuando un hombre de 42 años fue víctima del mismo accionar delictivo, que se
volvió recurrente.
En aquella oportunidad, la víctima fue un abogado que
alrededor de las 20.30 del martes 3 de septiembre de 2024 salió del club Banco
Provincia y se dirigió a su vehículo, que se encontraba estacionado sobre la
calle Las Maravillas, en el cruce con Condarco, y no en el interior de la
cochera privada del establecimiento. En ese momento, tres ladrones aparecieron
en escena y le apuntaron con un arma de fuego.
Tras ello, los asaltantes se introdujeron al rodado con el
hombre y lo obligaron a alejarse del lugar hasta que llegaron a un descampado.
Entonces, lo amenazaron de muerte y le exigieron dinero en efectivo, pero sólo
tenía 7 mil pesos que le habían sobrado tras abonar el alquiler de una cancha
de tenis. Entonces, le pidieron que realizara una transferencia bancaria.
El abogado explicó que tampoco poseía dinero en ninguna
cuenta y entonces los delincuentes le dijeron que solicitara dinero a algún
contacto. Así fue como entonces el padre acabó por enviar 400 mil pesos a
través de una billetera virtual a los ladrones, que liberaron a su hijo
descalzo en las inmediaciones de la villa del Club de la Unión del Sur (CUDS),
y huyeron con su automóvil marca Ford Fiesta Kinetic.
La víctima logró contactarse con amigos que fueron en su
ayuda y lo trasladaron a la comisaría primera para realizar la denuncia. Los
investigadores lo derivaron entonces a la seccional decimoquinta -con
jurisdicción en la zona donde se ubica el club-, y se inició entonces una causa
penal a cargo de la fiscal María Florencia Salas, bajo la carátula de
“Privación ilegítima de la libertad y robo”.



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