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El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) denunció ante el Tribunal Superior de Justicia a la jueza de Familia de Junín de los Andes, Andrea Di Prinzio, por más de 20 casos de maltrato y violencia laboral. Las acusaciones, que se remontan a 15 años de ejercicio, señalan agresiones verbales, hostigamiento, sobrecarga de tareas, favoritismo hacia determinados abogados y maltrato incluso a usuarios del juzgado.
El secretario general de SEJUN, Claudio Salazar, afirmó que el gremio comenzó a registrar casos desde 2022, aunque durante mucho tiempo las víctimas no se animaron a formalizar denuncias por temor a represalias. “Esta jueza manejaba mucho poder”, señaló.
La situación se desató hace un mes, cuando un episodio en particular —gritos y agresiones hacia una secretaria, presenciados por la mayoría del personal— derivó en una asamblea gremial y en la denuncia pública. A partir de entonces, usuarios y abogados comenzaron a aportar sus propias experiencias, lo que impulsó la apertura de un sumario administrativo.
Según Salazar, las declaraciones recabadas describen un patrón de maltrato que incluía descalificaciones personales, cuestionamientos constantes a la capacidad técnica, cambios de humor que generaban un clima tóxico y distribución discrecional de tareas. En muchos casos, esto derivó en licencias por motivos psicológicos, traslados a otras localidades o renuncias.
En entrevistas privadas, Di Prinzio habría dicho frases como: “Soy así, si no les gusta, se van” o “Cuidado con lo que dicen, tengo banca del tribunal, del Colegio de Abogados y del gobierno”. También se le atribuye haber asegurado tener vínculos de amistad con funcionarios de la auditoría judicial que ahora la investiga.
Las denuncias incluyen además presunto trato preferencial hacia un grupo de abogados, cuyos trámites avanzaban con mayor rapidez que los de otros letrados.
Actualmente, la jueza está de licencia psicológica, lo que, según el gremio, generó un ambiente más tranquilo y alentó a más víctimas a declarar. El sumario administrativo avanza con la recolección de testimonios bajo el protocolo de violencia laboral, y desde SEJUN consideran que hay pruebas suficientes para un jurado de enjuiciamiento.
De concretarse, sería el tercer caso en Neuquén de destitución de un magistrado por violencia laboral, después de la jueza Graciela Rossi (2013) y el juez Sebastián Andrés Villegas (2023). “Es el remedio procesal para separar a un juez de su cargo”, subrayó Salazar.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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