Reforma previsional: proponen una transformación integral en lugar de parches legislativos

Tras varias reuniones conjuntas de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, hay 11 proyectos con dictamen que apuntan a modificar el sistema jubilatorio. Sin embargo, desde distintos sectores técnicos advierten que las iniciativas impulsadas por la oposición carecen de una visión integral y podrían agravar los problemas estructurales del sistema previsional argentino.

Entre las propuestas con dictamen se destacan la reposición, por dos años, de un esquema de moratoria para comprar aportes; la creación de jubilaciones proporcionales para quienes no lleguen a los 30 años exigidos por ley; modificaciones a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); un aumento general del 7,2% para todos los haberes; y un reajuste del bono de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos, con actualizaciones según la inflación.

También se contempla una respuesta al reclamo histórico de algunas provincias que gestionan sus propias cajas previsionales. En este sentido, se propone que la Nación transfiera anticipos sin necesidad de auditorías previas y se retoma la idea de promover la integración de esas cajas al sistema nacional, como no ocurrió durante los años ’90.

Frente a ese panorama, legisladores de La Libertad Avanza y algunos del PRO firmaron un proyecto distinto: crear una comisión para redactar un anteproyecto de ley de reforma integral del sistema previsional argentino. Esta comisión tendría ocho meses para elaborar un informe técnico, jurídico y económico, y otros 30 días (o hasta 90, con prórroga) para presentar propuestas concretas y con estimaciones presupuestarias.

Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), remarcan que el sistema requiere una transformación profunda, no una suma de medidas parciales. Así lo manifestó el economista Rafael Rofman, investigador principal en Protección Social de la entidad, quien señaló que “la Argentina tiene una ventana de oportunidad”, con un gobierno reformista, parte de la oposición abierta al diálogo, y otra parte que, aunque disidente, reconoce que hay que actuar.

Uno de los factores que marca este momento es el vencimiento, en marzo pasado, de la ley 27.705, que habilitaba una moratoria previsional para quienes alcanzaran la edad mínima sin los aportes necesarios.

Entre los ejes de la reforma planteada por el CIPPEC se propone eliminar el requisito de contar con 30 años de aportes para acceder a la jubilación. En cambio, se evaluaría el total de aportes registrados a lo largo de la vida laboral (actualizados) y se calcularía el haber en función de la expectativa de vida de la persona. Cuanto más se postergue el retiro, mayor sería el beneficio mensual.

También se establecería un ingreso mínimo garantizado, equivalente al 80% del haber mínimo, otorgado a través de la PUAM, pero sin necesidad de pasar un test socioeconómico como se exige actualmente. De esta manera, se aseguraría que todas las personas reciban un ingreso al alcanzar la edad jubilatoria, aún sin aportes registrados.

A su vez, se eliminaría el uso de los últimos 10 años de salario para calcular el haber inicial, y se revisaría la vigencia de regímenes especiales que otorgan jubilaciones anticipadas o superiores al promedio, para definir cuáles deben mantenerse y cómo financiarlos.

Otra de las propuestas es limitar el acceso a pensiones por viudez en el caso de personas jóvenes y evitar la duplicación de beneficios. En cuanto a la movilidad, se mantendría el ajuste por inflación mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero sumando actualizaciones por evolución de los salarios reales.

“El Congreso discute proyectos que priorizan soluciones de corto plazo, sin resolver cómo sostener financieramente esos cambios”, advirtió Rofman. Según CIPPEC, los actuales debates “muestran voluntad de ampliar derechos, pero sin un marco de sostenibilidad”.

En este contexto, algunos especialistas advirtieron que, si se aprueban leyes sin consenso político ni respaldo del Ejecutivo, podría repetirse lo ocurrido en 2024, cuando una norma sancionada fue vetada por el presidente Javier Milei.

La fragmentación en las propuestas -con 11 dictámenes distintos- evidencia, según el centro de estudios, “la dificultad para construir consensos amplios”, un paso imprescindible para encarar una reforma estructural del sistema previsional argentino.