Un insólito hallazgo sorprendió a los efectivos de Gendarmería Nacional durante un operativo de rutina en la Ruta Nacional N°20, a la altura del paraje El Encón Sur. Al inspeccionar un colectivo de larga distancia que viajaba desde Mendoza con destino final en Orán, Salta, los uniformados detectaron una enorme suma de dinero en efectivo en el equipaje de uno de los pasajeros.
El hecho ocurrió el pasado domingo y generó una inmediata
intervención judicial. Durante el procedimiento, y ante la presencia de testigos,
los gendarmes revisaron el equipaje de los pasajeros y encontraron en el
interior de un bolso la suma de 135.750 dólares estadounidenses y 1.933.000
pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente 150 millones de pesos al
cambio informal actual.
Cuando fue interrogado, el hombre no pudo presentar ninguna
documentación legal que acreditara la procedencia del dinero. Por tal motivo,
se dio intervención al Fiscal Federal de San Juan, quien dispuso el secuestro
del dinero y de dos teléfonos celulares, además de iniciar una investigación
por una posible infracción a la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de
Activos.
Pese a la gravedad del hallazgo, el pasajero quedó en
libertad, aunque supeditado a la causa judicial. La Justicia continuará con las
averiguaciones para determinar el origen de los fondos y evaluar posibles
vínculos con actividades ilícitas.
¿Qué dice la ley sobre el traslado de dinero?
Si bien el traslado de grandes sumas dentro del país no está
expresamente penado por el Código Penal, la jurisprudencia en la materia tiende
a considerar estos casos como posibles maniobras de lavado de dinero,
especialmente cuando no se puede justificar el origen de los fondos.
La resolución general 2.705 de la AFIP, vigente desde 2009,
establece que el límite máximo para egresar del país sin declarar es de
U$S10.000 por persona. Aunque esta normativa se refiere a salidas del
territorio nacional, suele ser tomada como referencia en casos como el ocurrido
en San Juan.
En paralelo, un proyecto presentado este año en la Cámara de
Diputados busca establecer un criterio más claro sobre el transporte interno de
dinero en efectivo, proponiendo que no pueda considerarse sospechoso si no
supera los 50 salarios mínimos, lo que hoy equivale a unos 13.500 dólares.




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