El Gobierno intervino OSPRERA, la tercera obra social más grande del país por el desvío de 26 mil millones de pesos

El gobierno nacional confirmó en las últimas horas la intervención de la tercera obra social más grande del país por un presunto desvío de fondos que involucra cifras millonarias, que ya había sido denunciada por irregularidades. 

Se trata de Osprera, la obra social del personal rural y estibadores, que es investigada por el desvío de 26 mil millones de pesos que recibió por parte del Estado en los últimos años. Pese a recibir montos millonarios, la obra social tiene una deuda que supera los $40 mil millones. 

La investigación, a su vez, permitió establecer que el 90% de los prestadores que la entidad reportaba aseguraron que no tienen convenio con ella, según confirmaron desde uno de los despachos oficiales. Mediante la resolución 1612/2024 la Superintendencia de Servicios de Salud comunicó la intervención de Osprera y designó a una administradora provisoria. 

A su vez, incluye una advertencia para otras obras sociales. “Que la Ley Nº 23.660 en su artículo 27 inciso 3° establece que para el cumplimiento de sus fines, esta Superintendencia tendrá -entre otras atribuciones- la de proponer al Poder Ejecutivo la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento”, dice la resolución. En el gobierno nacional existen sospechas fundadas sobre el desmanejo de fondos por parte de la obra social, que cuenta con casi 700 mil afiliados en todo el país. En total recibió $26.090.429.115, según cifras oficiales. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascienden a $43.949.000.000, tal como describe la resolución publicada en el Boletín Oficial. 

 “Parece raro que no hayan podido normalizar sus deudas”, describió un representante del Gobierno que trabajó en la intervención de Osprera, en diálogo con La Nación. 

Desde el área de salud indicaron a este medio que Osprera “nunca presentó un informe a la Superintendencia en más de un año, ni memorias, ni balances”. Eso fue lo que dio inicio a las auditorías que derivaron en la intervención. De acuerdo a la información relevada, una parte de la deuda prestacional de la obra social, unos $1500 millones, tiene como contraparte a hospitales públicos descentralizados. El resto del dinero, más de $40.000 millones, son pagos que aún aguardan recibir prestadores privados. Vinculado a esto, las auditorías impulsadas por el Gobierno detectaron que, de todos los prestadores que la obra social informó tener, “el 90% dijo que no tenían convenio” con ella. 

La resolución publicada en el Boletín Oficial incluyó un indicio sobre este dato: “Que el relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados (anunciados) por la Osprera en su cartilla médica”. 

A propósito de los $26.090 millones que recibió del Estado, $3350 millones tienen como fecha al 4 de octubre del año pasado, tal cual describió el Gobierno en el Boletín Oficial. Sobre el otorgamiento de esos fondos, fuentes oficiales sostuvieron que Osprera había solicitado ayuda financiera para solventar sus deudas y la Superintendencia de Servicios de Salud de la gestión pasada aceptó brindar el auxilio económico. Las autoridades actuales ponen la lupa sobre la rendición de cuentas de ese dinero, que, según dicen, fue firmada el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior), y no se tradujo en ninguna mejora financiera de la obra social. 

A su vez, entre mayo de 2020 y mayo de 2024 Osprera percibió $22.740 millones del Fondo Solidario de Redistribución. “Otro de los gravísimos incumplimientos detectados en Osprera ha sido la falta de satisfacción de los afiliados”, señala la resolución del Gobierno. En ese sentido, existen 16.410 reclamos de parte de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, “referidas a las siguientes temáticas: medicamentos, siendo la más reiterada con 73 causas, afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional”. 

De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud intenta transmitir una señal al mundo de la salud privada con la intervención de la tercera obra social más importante del país. “Que compitan entre sí por brindar mejores prestaciones y no por cajas millonarias de la política”, concluyeron.

GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo