Cristina Kirchner fue condenada hoy a 6 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad y fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. La vicepresidenta no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones.
La sentencia fue tomada por los jueces
Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres estuvieron de
acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a
uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por
ese delito. Hasta último momento todas fueron especulaciones. Nadie supo el
resultado del juicio hasta que se anunció en la sala de audiencias.
“Tenemos la certeza de que, mediante la
tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la
construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la
provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una
extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de
la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos
por la ley penal”, sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el
veredicto.
La ex presidenta se enteró de la decisión
en su despacho del Senado, desde donde inmediatamente habló para responder al
veredicto a través de un mensaje público con duras críticas. Insistió en la
idea del “lawfare” y “el partido judicial”. Y volvió a repetir que en este
juicio no estuvieron acusados los jefes de Gabinete de la gestión k, entre los
cuales esta el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio
Massa.
El fiscal Diego Luciani, que había pedido
doce años de condena para ella, también escuchó el resultado del proceso desde
su oficina.
La decisión fue tomada pasadas las 17 en
los tribunales de Comodoro Py 2002, mientras afuera un grupo de militantes
cantaba “Cristina presidenta”, bajo un intenso calor. Adentro, los periodistas
se agolpaban para poder entrar a la pequeña sala de audiencias donde se leería
el veredicto, que, de todas formas, se transmitía vía YouTube.
CFK no estaba sola en el banquillo. También
estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años;
Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras
Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad;
Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional
de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de
Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23
“Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex
subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del
directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago
Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y se
juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas
de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina
Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional
una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado
en el país”, dijo el fiscal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos. El
fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas
no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar
de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.
Luciani pidió que Cristina Kirchner y Báez
sean condenados a 12 años de prisión. Acusó a la Vicepresidenta de ser la jefa
de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la
administración pública. Para el ex ministro de Planificación Federal Julio De
Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular
de Vialidad Nacional Nelson Periotti reclamó 10 años de cárcel, entre los
principales acusados.
La Fiscalía consideró que el perjuicio al
estado fue de 5.231 millones de pesos y también pidió que se decomisen bienes
de los acusados por ese monto dividido entre los acusados. También reclamó el
decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus
hijos.
Las defensas por su parte rechazaron todas
las acusaciones y dijeron que no están probado los delitos de los que habló la
fiscalía. Reclamaron sus absoluciones. En el último tramo, Cristina Kirchner se
convirtió en abogada en causa propia y afirmó: “Si dije que este era el tribual
del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón
de fusilamiento”.
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