Denunció que un policía lo obligaba a vender droga dentro de la cárcel y murió en un accidente justo antes de declarar

La fiscalía de Estupefacientes inició una investigación por el ingreso de drogas al penal y para saber si el Servicio Penitenciario tenía, como mínimo, controles flexibles. Luego surgió una historia que promete no quedarse en una inoportuna muerte sino en avanzar y tener derivaciones de importancia.

Cualquier cárcel es la representación, en menor escala, del Estado. Están los buenos, los malos, los que quieren hacer las cosas bien, los que prefieren seguir haciéndolas mal. Están los que buscan superarse y los que encuentran en el encierro un modo de vida mucho más redituable que en libertad. Está la población adaptada, la no adaptada y los que deben controlar a la población. Y entre esos, los honestos y los otros.

Desde hace algunos meses el desfile de agentes penitenciarios por oficinas judiciales causa preocupación en las más altas esferas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ante la posibilidad de que se revelen hechos que podrían configurar algún tipo de delito en los deberes de los funcionarios público. Estos hechos investigados tienen como escenario la cárcel de Batán.

El ingreso de drogas y otros acuerdos comerciales no permitidos son algunos de los eventos que la Justicia de Mar del Plata investiga y que activaron alarmas al punto tal que ya, preventivamente, ha causado el traslado de algunos miembros del Servicio Penitenciario a otros destinos.

Aunque históricamente la cárcel, en su afán de atenuar de algún modo los rigores del encierro y para sostener el buen ánimo de los internos, ha tenido que hacer concesiones, en los últimos tiempos se habrían producido algunos excesos que derivaron en denuncias cruzadas y que parten de “dos veredas” que deberían ser una sola: del propio Servicio Penitenciario.



La fiscalía de Estupefacientes a cargo de Leandro Favaro y Daniela Ledesma inició una causa (con conocimiento del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires) en septiembre de 2021 para investigar una denuncia grave y anómala. La misma refiere que en el complejo penitenciario de Batán, más exactamente en la Unidad Penal N°15, se ha notado un incremento en el secuestro de drogas dentro del establecimiento y una baja considerable en el área de requisas.

El propósito de la investigación es detectar responsables y también advertir a las autoridades penitenciarias y políticas para que se dispongan medidas destinadas a endurecer los controles y, si es necesario, a reorganizar el plantel de agentes carcelarios encargados de dichas tareas.

La conclusión preliminar es que la droga que se secuestra ya dentro de los pabellones o en áreas de uso específico (cocinas, salones, etcétera) no llega allí por destreza de los presos sino por falta de controles en el personal de seguridad. Tan es así que desde el 10 de septiembre del año pasado avanza a paso lento el expediente que debe abrirse camino a golpe de machete entre una maraña de obstáculos pero que permitió descubrir otras situaciones cuasi-anárquicas. 

El caso Belis

No siempre se empieza por el inicio. El 10 de enero de 2022 un preso llamado Martín Belis García había salido del pabellón 16 donde cumplía su detención en una causa por robos calificados y se dirigía por el sector intramuros de la Unidad Penal N°15 de Batán hacia la zona del Depósito cuando un encargado de Requisa decidió interceptarlo. Por alguna razón que no parecía evidente, ya que Belis caminaba como de costumbre por allí, este agente del Servicio Penitenciario lo revisó y le pidió que le mostrara qué era lo que llevaba dentro del paquete de cigarrillos.

Eran las 8.50 de la mañana cuando Belis supo en un segundo que algo andaba mal. ¿No era que no debían revisarlo, que eso era algo que estaba sobreentendido? Adentro del paquete había todo lo que no podía llevar: 13,7 gramos de marihuana en cinco envoltorios, 30 pastillas redondas, otras 20 píldoras algo más alargadas enteras y 21 fragmentos más pequeños. También, en forma de piedra, 7,8 gramos de cocaína. Custodiado por los agentes penitenciarios Belis fue conducido hasta la Jefatura de Asistencia y Tratamiento, donde se entrevistó con el subjefe del área. Sin comprender demasiado qué sucedía, pero rápido de reflejos, Belis, se puso a disposición.

En ese encuentro supuestamente Belis dijo lo siguiente:

—Estas sustancias me las trae un oficial—dijo y entregó el nombre—. Una vez por mes yo voy a la requisa con la excusa de entregarle una audiencia y él me entrega la droga.

El acta fue refrendada con una firma con lapicera azul y una borrosa huella digital.

Por llevar la droga encima, Belis recibió el castigo que reciben muchos internos: el “buzón”. En realidad, para emprolijar la penitencia se le dice Pabellón de Separación, pero todo el mundo lo conoce como los “buzones”. Antes de iniciar ese encierro dentro del encierro, Belis pasó por Sanidad donde una enfermera de turno lo revisó y entregó al Servicio Penitenciario un certificado médico.

A Belis le quedaba poco más de un mes para cumplir su pena unificada a 8 años de prisión que en 2019 le habían aplicado tras ser detenido por el asalto violento a una vivienda del barrio Los Troncos. En ese hecho, el dueño de casa, había recibido una golpiza por la banda de tres asaltantes que integraba Belis. Pero cuando el hombre logró zafarse (estaba maniatado), tomó una escopeta y realizó un disparo. Algunos de los perdigones dieron en el rostro de Belis que, herido, obligó a sus cómplices a abortar el asalto. Poco después Belis fue detenido en el HIGA y desde entonces había permanecido en prisión en la cárcel de Batán.

Este verano mientras estaba en el buzón de la UPN°15 tras ser sorprendido con drogas en su paquete de cigarrillos, Belis debió haber pensado que sus planes de agotar la pena el 12 de febrero se iban a trastocar por este incidente. También habrá pensado en la sorpresiva interceptación en el pasillo y en la requisa de su paquete de cigarrillos. Alguien lo había delatado y olfateaba el origen de esa delación más por el lado del Servicio Penitenciario que por el de algún otro interno.

Contra todo pronóstico, Belis salió en libertad y en las semanas siguientes su rastro se perdió por Mar del Plata. Su paradero podía ser un misterio, pero su presencia y su apellido -con esa particular “s” en lugar de la más frecuente “z”- estaban muy a la vista en una investigación judicial que él desconocía plenamente. La que se había iniciado por una denuncia anónima en septiembre de 2021 y que se orientaba a explicar su “sorpresiva requisa”.

En esa denuncia se ponía de manifiesto cómo, cuándo y por medio de quiénes ingresaba la droga al penal de Batán, a la vez que desde la fiscalía de Estupefacientes se advertía una baja considerable en el secuestro durante la requisa. Por el contrario, llamaba la atención el incremento en el hallazgo de drogas en poder de algunos internos.

Belis era un buen testigo para que, ya en libertad, declarara, aunque por eso de los códigos “tumberos” no había mucha expectativa en que pudiera dar datos profundos. ¿Era cierto aquello que había contado sobre la audiencia mensual y la droga que le pasaba gente del Servicio Penitenciario? ¿Esa declaración hecha en la cárcel la había efectuado él o se la habían inventado como parte de una interna del SPB al trascender que se había iniciado una investigación en el mes de septiembre? ¿Eran su firma y su huella las que figuraban en el acta? A mediados de junio se lo intentó ubicar a Belis para citarlo. Lamentablemente no pudo ser posible porque antes se le cruzó la muerte por su camino.

El 26 de junio Belis falleció en uno de los siniestros viales más inexplicables y llamativos de los últimos tiempos. El automóvil Ford Fiesta que Belis manejaba por la avenida Luro a alta velocidad se descontroló para incrustarse contra una columna de luz y acabar destrozado sobre la vereda, a la altura de la calle España.

Belis, a quien se le había atribuido en un sumario interno haber dicho que la droga se la daban en una audiencia simulada dentro del penal, murió sin poder llevar esos dichos a la Justicia el mismo fin de semana que la Justicia había solicitado informes al Servicio Penitenciario sobre él.

La investigación en torno al ingreso de estupefacientes en la Unidad Penal N°15 de Batán sigue su curso y parece ramificarse hacia otros posibles delitos que podrían derivar en la intervención de la fiscalía de Delitos Económicos.