MADARIAGA: La defensa de Popovich busca que la causa por malversación sea declarada prescripta y el municipio busca la asociación ilícita

La causa por la contratación de camiones para hacer fletes que terminaron siendo realizados por una unidad del municipio, que igualmente se pagaron y que el dinero fue depositado en la cuenta de Cristian Popovich cuando aún era intendente tiene diversas posturas y una lentitud de la justicia que beneficia al ex jefe comunal.

La pandemia parece ser en este caso la excusa perfecta para poner el proceso ante una eventual prescripción. Es que el abogado defensor de Popovich, Sebastián Tamagno, intenta frenar el llamado a indagatoria de su cliente para el 20 de octubre con este planteo.

Para explicarlo claro, el ex jefe de estado local está acusado de defraudación contra la administración pública que contempla una pena que va de los 2 a 6 años de prisión. A eso se le suma el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Teniendo en cuenta que han pasado 5 años desde la denuncia y el cálculo de pena eventual lleva a habilitar este tipo de solicitud; algo que ya fue descartado por el fiscal Mario Pérez que integra la fiscalía que investiga delitos que vinculan a funcionario públicos en el Departamento Judicial Dolores.

Por eso Tamagno apeló el llamado a indagatoria de su cliente. Eso no quiere decir que no haya cometido el ilícito, sino que juzgarlo ya no tiene validez por el plazo transcurrido.

En tanto, el municipio juega otra carta que hasta ahora ha quedado descartada por la justicia. Busca la figura de asociación ilícita. Para lograrlo precisa una estructura de 3 o más personas que hayan acordado todo el procedimiento reiterado para cometer el ilícito. En este sentido plantean a Popovich como cabecilla, los dueños de las transportistas, los miembros de gabinete o tesorería que confeccionaron los cheques y el personal municipal que los endosó y depositó en la cuenta de quién era intendente. En esta última pata hay dos empleados que ya declararon y explicaron el accionar; complicando a ex mandatario.

La pericia contable fue determinante, según dijeron fuentes de la investigación a CNM. Es casi inexplicable para el acusado justificar la emisión de un cheque para pagarle a un proveedor y que el mismo día y tras endosos aparezca cobrado y depositado en la cuenta del político.

Por eso, será trascendental seguir la indagatoria porque Popovich podría no presentarse, dilatar el proceso o ir y salir procesado y embargado.

La maniobra

Según la investigación administrativa efectuada, para trasladar el polvo de piedra adquirido, se hicieron 130 viajes a las canteras Yaraví, en Chapadmalal, y Cerro De Dominico, en Buenos Aires.

Todos debieron ser realizados por los contratistas conforme la contratación directa efectuada.

No obstante, en la facturación de cada salida a la ruta no se identifica la unidad, no se detallan los kilómetros, ni se especifica el costo por el recorrido de cada uno de ellos. Todo esto forma parte de una simple falla administrativa o irregularidad que puede ser advertida por el Tribunal de Cuentas pero que no resulta ser delito alguno.

Sin embargo, las guías mineras adjuntadas a cada una de las facturas, y que son necesarias para cumplir con lo que especifica la Ley 130312 en cuanto a los traslados, identifican como vehículo a la unidad municipal con la chapa patente LED 010. Es decir, se le abonaba presumiblemente al privado por algo que se hacía con un bien propio del cliente; representado en este caso por el municipio.

Los pagos se efectuaban con cheques que estaban a nombre de los contratistas, pero se les entregaban “en mano”, llamativamente ya endosados, a empleados para que los cobraran en el banco. Cumplido este paso, el siguiente era ir a llevar los billetes “al Intendente”.

Una de las firmas contratadas es “Transporte Kil SRL” de la localidad de Avellaneda y que, supuestamente, realizaba viajes desde Mar del Plata a Madariaga. Esta SRL aparece mencionada en otra causa judicial en donde existe un listado de proveedores acusados de desviar fondos de las cooperativas en Quilmes, por un total de 4.621.230 pesos.
La investigación motivó el pedido de informe a los diversos bancos a los efectos de acompañar copias de los cheques. En algunos casos se cotejaron firmas y se presumen que fueron falsificadas.

Las copias de los papeles y los endosos resultaron contundentes, no solo por la suma de dinero que se extraía sino por quienes eran los beneficiarios, existiendo una coincidencia con la irregularidad denunciada respecto a los transporte de minerales y todo esto es lo que fundamenta la presunta existencia de una asociación ilícita.