A horas de cumplirse un año del crimen más conmocionante del
2020, el juicio contra los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa (18)
está cada vez más cerca.
Familiares, amigos y quienes conocieron al estudiante de
derecho que había ido de vacaciones a Villa Gesell esperan con ansiedad que la
causa sea elevada a juicio oral. Hasta este sábado, todavía no se sabía si la
defensa de los ocho detenidos iba a optar por la opción de ir a un juicio por
jurados. Finalmente, se supo que serán juzgados por un tribunal criminal.
La defensa de los acusados considera que no puede
garantizarse la imparcialidad del jurado popular debido a la difusión que tuvo
el caso, así como algunos elementos del expediente, según informaron a Télam
este sábado fuentes de la causa.
El crimen de Fernando ocurrió el 18 de enero del año pasado
a la salida del boliche Le Brique, ubicado en Avenida 3 y Buenos Aires, en
Villa Gesell. Una patota de rugbiers de Zárate atacó al joven y le pegó hasta
matarlo, después de una discusión que habían mantenido dentro del local.
La causa se encuentra ahora en pleno trámite del pedido de
elevación a juicio presentado por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, y
debido a la feria judicial está pendiente la respuesta a este requerimiento por
parte del abogado de los imputados, Hugo Tomei.
Si bien durante la etapa de instrucción el defensor había
deslizado que pediría que los acusados fueran juzgados por un jurado ciudadano,
fuentes con acceso al expediente indicaron a Télam que Tomei optará finalmente
por un juicio tradicional ante un tribunal oral.
Este cambio de estrategia deberá ser notificado al juez de
Garantías de Gesell, David Mancinelli, cuando el abogado responda la
notificación del requerimiento de elevación a juicio, para lo que tiene plazo
hasta el 1 de febrero, cuando termine la feria judicial.
Según indicaron fuentes de la causa, la defensa entiende que
la divulgación reiterada de los elementos de la instrucción, así como las
manifestaciones dirigidas hacia los imputados por partes de los abogados de la
familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, impediría que los
eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o
preconceptos sobre los hechos.
En ese sentido, Tomei planteará que el Poder Judicial es
responsable de “condicionar” la renuncia al juicio por jurados, por no poner
límites a las manifestaciones de la acusación, y permitir “la proliferación de
opiniones” que “fundaron la condena social”.
Ante este escenario, la defensa de los rugbiers considera
que “solo una idea irracional” podría confiar en la imparcialidad del jurado
popular.
El pedido de elevación a juicio de la causa fue realizado
por la fiscal el 17 de noviembre cuando solicitó que sean juzgados los ocho
rugbiers que continúan detenidos por el hecho.
Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano
Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21),
Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en
la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como
coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el
concurso premeditado de dos o más personas”.
Zamboni pidió además el sobreseimiento de Alejo Milanesi
(19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes se encuentran en libertad, imputados
como partícipes necesarios.
Tras este requerimiento, los abogados que representan a los
padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, acordaron con el planteo de
la fiscal, aunque rechazaron el sobreseimiento de Milanesi, al que consideraron
prematuro, y presentaron una acusación particular para que sea sometido a
juicio junto a los otros ocho.
Burlando y Améndola consideraron que la eventual
responsabilidad de Milanesi en la “coautoría funcional” del crimen debe
definirse en el juicio oral.
Por otra parte, los abogados entendieron además que se debe
seguir investigando la posible intervención del denominado “sospechoso número
11”, identificado en el expediente como Tomás Colazzo.
Fuente: Clarín




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